Acusados de planificar el asesinato de Marielle Franco en el banquillo

El Tribunal Supremo de Brasil comenzó este martes a juzgar a los cinco acusados de participar en 2018 en el asesinato de la concejal Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes, como parte de una trama de explotación y especulación urbanística orquestada por las milicias armadas de Río de Janeiro.

Los cinco son los supuestos responsables intelectuales de un crimen cuyos autores materiales ya fueron condenados en 2024. Se trata de los hermanos Domingos y João Francisco Brazão -más conocido como «Chiquinho»-, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y diputado hasta hace un año, respectivamente.

Junto a ellos, están acusados de planear la muerte de Franco, el antiguo jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald de Alves Pereira y Robson Calixto Fonseca, antiguo asesor de Domingos Brazão.

Todos fueron acusados de homicidio por las muertes de Franco y Gomes y por intento de asesinato de la asesora de la concejal Fernanda Chaves. Los hermanos Brazão suman ambos una imputación por organización criminal.

El caso está siendo juzgado en el Supremo debido a que «Chiquinho» Brazão había estado gozando de inmunidad parlamentaria por su estatus como diputado, cuya acta le fue retirada por el Congreso hace ahora menos de un año.

Durante su lectura del veredicto, el juez del Supremo Alexandre de Moraes dijo que el asesinato de Franco tenía como objetivo «eliminar la oposición política y disuadir a otros de imitarla». Ella fue el «mayor símbolo» de resistencia a los intereses económicos particulares de los Brazão, destacó.

Todos ellos fueron delatados por el autor material de los disparos que acabaron con la vida de Franco y Gomes, el expolicía Ronnie Lessa, condenado a más de 78 años de cárcel. El conductor del vehículo desde donde se efectuaron los tiros, Élcio Queiroz, fue condenados a cerca de 60 años de prisión.

Las familias de las víctimas reclaman una pena ejemplar para los acusados. Para la hermana de la concejal, la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, la posible condena es también una «respuesta» a la democracia, en la que «queda como ejemplo que ningún crimen puede quedar impune», informa el portal de noticias G1.

Anielle Franco también puso de relieve que el caso logró salir adelante tras el «regreso de la democracia en 2022«, en alusión al triunfo electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y después de que su antecesor, Jair Bolsonaro, minimizara lo ocurrido en más de una ocasión.

BB con Europa Press