Acusan al fiscal general marplatense de crímenes de lesa humanidad

El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, sumó dos nuevas denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos contra militantes exiliados de Chile y Paraguay durante la dictadura. En ese momento  Fernández Garello era espía policial de la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense de Ramón Camps (DIPPBA). La Comisión Provincial por la Memoria, junto otros gremios y organismos de Derechos Humanos, piden su destitución.

Sobre el fiscal ya pesaban otras dos denuncias que investiga la justicia federal de San Martín, pero logró zafar de un juicio político. El funcionario judicial creció bajo el ala del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo Julio Pettigiani, y los denunciantes creen que allí puede encontrarse la explicación de por qué Garello aún conserva su puesto.

El nuevo pedido de juicio político fue anunciado recientemente por los denunciantes en la causa penal, el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, y el secretario Roberto Cipriano García, junto a la abogada Margarita Jarque. El pedido de jury está acompañado por Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, APDH, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y otros gremios. Este martes con organismos marplatenses anunciarán en esa ciudad el pedido de enjuiciamiento y destitución.

Sobre Fernández Garello pesa una denuncia penal porque antes de ingresar a la Justicia fue policía. Entre 1978 y 1982 integró la delegación San Martín de la DIPPBA, en la dictadura. En 2016 la CPM halló documentación en el archivo DIPPBA –que tiene bajo su custodia– que lo vincula en un caso de torturas a un militante del Partido Comunista en 1982 y en la detención ilegal de otros tres militantes en julio de 1981. Ahora se sumaron a esa causa penal que investiga la titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Alicia Vence, una nueva acusación por la desaparición del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, secuestrado por  la Policía Bonaerense el 7 de febrero de 1979 en su casa de Villa Pineral, en Tres de Febrero; y la infiltración y persecución a un grupo de exiliados chilenos.

Su participación quedó registrada en los documentos de la Mesa «DS» (por Delincuente Subversivo) de la DIPPBA que él mismo firmó. Para los organismos la evidencia es contundente para demostrar que no cumple las condiciones para ocupar el cargo. Sin embargo, Fernández Garello zafó en diciembre de 2017 del primer jury, cuando con los votos de los legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador el pedido fue archivado. Para los organismos se trató de «protección política».

Los denunciantes sospechan que la suerte del fiscal está atada a su amistad con el actual presidente del máximo tribunal. Sus caminos se cruzaron en 1991, pero los lazos se siguen ratificando. Hace dos años Fernández Garello incorporó a su hijo, Javier Pettigiani, a la Fiscalía General de Mar del Plata. Eso le valió un encontronazo con el gremio de judiciales, recordó el secretario de Derechos Humanos de la AJB, Mariano Fernández. El sindicato vio allí un acomodo. El hijo del juez era empleado del Tribunal Oral Federal y Fernández Garello lo nombró secretario con función de ayudante fiscal y lo puso a cargo del CATI que se dedica a las escuchas telefónicas.

A tono con la política de Seguridad de la Nación, el fiscal alegó que el hijo de su amigo traía la experiencia de la justicia federal con el tema de drogas, algo que buscaba reforzar. Para el gremio, el hombre llegó de fuera y se interpuso en la carrera judicial. Y recordaron que Fernández Garello también incorporó a la Fiscalía Federal como administrativo a Fernando Pettigiani, hijo menor del Presidente de la Corte.

La amistad entre el fiscal y el juez tiene tres décadas. Cuando Pettigiani fue secretario de Seguridad de Eduardo Duhalde, Fernández Garello fue su director de Administración. En 1994 fue su asesor en la Convención Constituyente y al año siguiente fue candidato a primer concejal en la lista del PJ con que Pettigiani intentó ser intendente de La Feliz. Tras la derrota, Duhalde nombró al juez en la Corte, pero el actual fiscal asumió y se mantuvo en su banca hasta 1998, cuando renunció para ingresar a la Justicia provincial como juez de primera instancia y seis meses después como fiscal general de Mar del Plata.

Una de las funciones del presidente de la Suprema Corte es encabezar el Jurado de Enjuiciamiento en la Provincia. El mandato de Pettigiani vence este mes. Pero tan evidente es su amistad con el fiscal que debió admitirla. En septiembre se excusó de participar en el jury. Si prospera el pedido de los organismos, el fiscal general no tendrá a su amigo entre quienes decidan si sigue en su silla.  «