El jefe de Gabinete aseguró que el cierre de la sala de prensa responde a un nuevo protocolo de seguridad. Además, evitó responder sobre su procesamiento por corrupción mientras se limitaba el trabajo de los acreditados.
“No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo”, sostuvo Adorni en conferencia, al tiempo que el oficialismo se declaró “plenamente a favor de la libertad de prensa” y se autodenominó la administración que “más ha impulsado” ese derecho. Sin embargo, su defensa de la libertad quedó teñida de contradicción al agregar que “no vamos a permitir” actos que pongan en riesgo la “seguridad nacional”, una cláusula tan abierta como arbitraria que justificaría nuevos cercos.
El ministro coordinador insistió en que los periodistas “bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran”, aunque la decisión de bloquear el acceso a los acreditados deja bien clara cual es la diferencia entre control y protocolo. Lejos de garantizar transparencia, la medida terminó por obstaculizar la labor de quienes buscan informar desde la sede del poder ejecutivo.
Por otra parte y de manera previsible, Adorni evitó responder las preguntas de los periodistas sobre la causa judicial que investiga sus viajes al exterior y compras de inmuebles no declarados, en trámite ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Así, el funcionario que niega toda responsabilidad en el cerco informativo aplica, en los hechos, el mismo silencio que dice combatir.
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