El fiscal Pollicita ha remitido más de 130 oficios para reconstruir el patrimonio del jefe de Gabinete desde que fue nombrado funcionario. Esta semana declaran las jubiladas que aceptaron que pagara 200 mil dólares casi un año después de haber hecho la compra en Caballito. Hay más citaciones.
El jueves pasado, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario y de su pareja, la coaching ontológica Betina Angeletti. Con esa medida, Pollicita, a cargo de la causa, lanzó una batería de exhortos a diferentes entidades bancarias y billeteras virtuales para que remitan toda la información relativa a cajas de ahorro, cajas de seguridad, depósitos, ingresos y egresos de dinero.
El representante del Ministerio Público Fiscal quiere conocer al detalle los movimientos económicos del actual funcionario. La magnitud de la información requerida es tal que, según fuentes judiciales, en los últimos ocho días hábiles hubo más de 130 oficios remitidos a diferentes entidades y organismos.
Además de verificar cada movimiento, el fiscal busca tener la película completa, es decir, conocer cómo fue la evolución patrimonial de Adorni desde el 1° de enero del 2022 hasta la fecha. Quiere saber cómo eran sus gastos antes de ser funcionario y cómo influyó en su patrimonio la llegada al poder.
Hasta el momento, se sabe que hubo grandes movimientos económicos a partir de noviembre del 2024. En ese entonces, Adorni hipotecó su departamento de la avenida Asamblea a cambio de un préstamo de 100 mil dólares que le hicieron dos integrantes de la Policía Federal, llamadas Graciela Molina y Victoria Cancio, con una tasa de interés del 11% anual, a cancelar en noviembre de este año. Y que con esa plata, más 20 mil dólares que entregó, compró junto a Angeletti la casa del Country Indio Cuá Golf Club, de Exaltación de la Cruz.
Se sabe también que otro gran movimiento inmobiliario fue un año después, cuando compró el departamento de la calle Miró, en Caballito. Fue tras pagar 30 mil dólares de adelanto y obtener el extraño financiamiento de los 200 mil dólares restantes que salió la propiedad de parte de Claudia Sbabo y Beatriz Viega, las dos jubiladas que se lo vendieron. Acordaron que la devolución sería sin interés y a pagar en noviembre próximo.
Una pista de qué ocurrió antes de eso, cuando Adorni no era funcionario, la dio su histórica escribana, la extravagante Adriana Nechevenko. El jueves, en una entrevista en Infobae, le preguntaron cuántas operaciones inmobiliarias había hecho antes de ser funcionario y la mujer, entre risas, respondió: “Justo ninguna, nada. Se dio todo junto”.
En los Tribunales hablan de una desproporcionalidad entre ingresos y gastos que, por ahora, no encuentra explicación en lo declarado por el funcionario libertario.
Es que para las operaciones inmobiliarias detalladas antes entregó al menos 80 mil dólares, cuando su sueldo hasta diciembre del año pasado era de aproximadamente 3,5 millones de pesos y sus ahorros apenas rozaban los 50 mil dólares. Todo eso sin contar comisiones inmobiliarias, pago de expensas, servicios y refacciones, por ejemplo.
Por eso, parte de la expectativa está puesta en el mes de mayo, cuando vence el plazo para la presentación de su nueva Declaración Jurada Patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.
Otra fecha a tener en cuenta es noviembre próximo. Ese mes, Adorni tiene que pagar los 200 mil dólares del financiamiento que le dieron las jubiladas Viega y Sbabo, más 70 mil dólares que le debe a las prestamistas Molina y Cancio por la hipoteca del departamento de Asamblea.
Según Nechevenko, esas deudas serán afrontadas con el dinero que se obtenga de la venta del inmueble de 138 metros cuadrados ubicado en Asamblea al 1100. En Zonaprop está publicado a 289.990 dólares, pero en la Justicia dicen que hay que ver cuándo lo vende y a cuánto. Ordenaron tasarlo.
Pese a la aparente desproporcionalidad del patrimonio de Adorni, en Comodoro Py descartan, por ahora, que puedan imponerle una medida de restricción económica, como un embargo o congelamiento de sus bienes.
Según las fuentes consultadas por Tiempo, hasta el momento no hay motivos ni condiciones para hacerlo. Según las fuentes tendría que existir peligro en la demora y verosimilitud del derecho, pero como sus propiedades están hipotecadas, Adorni no se puede deshacer de ellas.
Además de la recopilación de la información que se mandará a peritar, la causa seguirá con el desfile de declaraciones testimoniales, algo que se extenderá al menos hasta fines de abril. Este lunes 13 declararán las prestamistas Molina y Cancio, el miércoles 15 las jubiladas Viega y Sbabo.
Una semana después-el miércoles 22- será el turno de Pablo Feijóo, un empresario inmobiliario, hijo de Viega, que intervino en la compra del departamento de Caballito y es a quién Adorni dejó encargado de la venta del inmueble de la avenida Asamblea, según el sitio Zonaprop. La tanda de citados incluye también a un contratista que habría hecho refacciones en la vivienda del Country Indio Cuá y al encargado del edificio ubicado en Miró. No se descarta que haya más convocatorias.
En paralelo a la causa por enriquecimiento ilícito, Lijo y Pollicita avanzan en la investigación del vuelo a Punta del Este que hizo Adorni junto con su familia y su amigo Marcelo Grandío, a mediados de febrero. Los registros migratorios del actual funcionario están bajo la lupa judicial al igual que los pormenores de su viaje de regreso de Nueva York, a mediados de marzo pasado, tras participar del evento Argentina Week.
De ese viaje, al que fue en el avión presidencial junto a su pareja, ambos volvieron al país fuera de la comitiva. En los últimos días trascendió que el pasaje en primera clase del funcionario salió 4910 dólares, mientras que el de su mujer 5154 dólares, que los investigadores buscan determinar quién pagó.
Mientras tanto, Adorni sigue en el gobierno. El funcionario que tantas veces habló del fin de los privilegios de la política, pasa sus días en silencio y con un defensor abocado a una estrategia para probar que no se enriqueció ilícitamente. «
La Justicia Federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py definirá en los próximos días si se investigan las denuncias por los préstamos millonarios que recibieron funcionarios económicos del gobierno de Javier Milei y referentes libertarios. Según dijeron fuentes judiciales a Tiempo, con el inicio de semana se terminarían de agrupar una serie de denuncias que se hicieron días atrás para remitirlas a Fiscalía.
Las diferentes denuncias recayeron en tres Juzgados, pero se decidió su acumulación en el que recibió la primera presentación. De ese modo, el juez federal Ariel Lijo quedó a cargo. Se espera que este lunes el magistrado le envíe las presentaciones al fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá decidir si impulsa la investigación, la desestima o pide medidas antes de tomar una decisión, supo este medio.
Las presentaciones tienen como apuntados al ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard y a Juan Curutchet, funcionario del Banco Central. Pero en otra de las presentaciones también están denunciados los beneficiarios de los créditos bajo sospecha.
En una de las denuncias a la que accedió este diario aparece el caso de Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, quien habría recibido un préstamo de al menos 300 millones de pesos. El periodista Alejandro Bercovich reveló días atrás que con esos fondos se compró una casa de 200 metros cuadrados en un barrio privado. Otro de los que aparece denunciado es Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, quien tiene una deuda de 373 millones de pesos.
“No hicimos nada ilegal ni inmoral”, dijeron ambos días atrás en el streaming Carajo, donde ensayaron una explicación que incluyó una defensa de la competitividad de los productos crediticios del banco público que el gobierno que integran quiso privatizar.
Entre las personas denunciadas también está el director nacional de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, con un crédito de $112 millones; Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con $510 millones; además de otros casos como el de los diputados libertarios Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.
Si las denuncias se impulsan y arranca formalmente una causa judicial, Lijo y Pollicita quedarán una vez más al frente de una investigación con funcionarios del gobierno y dirigentes libertarios bajo la lupa. Ambos están a cargo de las dos causas que tienen implicado al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
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