Advierten contra la campaña para derogar la Ley de Alquileres

La Ley de Alquileres se sancionó por unanimidad en junio del año pasado. Sin embargo, poco más de un año más tarde, está en peligro de extinción. El mercado inmobiliario, apoyado por los grandes medios de comunicación, logró imponer su lógica y la norma aparece hoy como la culpable de una escalada de precios que, en realidad, es difícil de medir.

El habitual relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz apuntó que en los últimos doce meses los alquileres en CABA aumentaron en el orden del 48%, nivel que está por debajo de la inflación general que mide el Indec.

Un funcionario que prefirió preservar su nombre, plantea: «Se ha perdido la batalla comunicacional en defensa de la ley. No hubo nadie que la defienda. Los inquilinos putean porque les hicieron creer que los aumentos son por culpa de la ley y los propietarios putean porque los perjudica. Vamos camino a una modificación grande en la ley. El gobierno también se equivocó en largarla en plena pandemia, con un DNU de congelamiento de precios y prohibición de desalojos en vigencia. Se hizo todo mal».

Esta caracterización no es unánime. «Nosotros le decimos que sí a los que vienen a acompañarnos para cambiar una Ley de Alquileres que fracasó», enfatizó Sergio Massa en un reciente acto de campaña. Pero para Roberto Feletti es al revés: diez días antes de su nombramiento como secretario de Comercio escribió un artículo en El Destape para esgrimir una férrea defensa de la ley y advertir que su incumplimiento va «en perjuicio de los inquilinos, precarizando su relación contractual con el propietario, tanto en el plazo de duración del acuerdo de arrendamiento como en la incertidumbre sobre la fórmula de ajuste del valor locativo en el transcurso del tiempo».

No es solo el alquiler

La posibilidad de que la ley sea abrogada moviliza a las organizaciones de inquilinos. Luna Miguens, coordinadora del Área de Derechos Sociales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), considera que «el mínimo de contrato a tres años es una mejora sustancial de la situación de les inquilines, tanto en cuanto a la estabilidad como en términos económicos porque sabemos lo caro que es renovar».

La coordinadora asegura que «es falso que la suba de los alquileres esté por encima de la inflación y tampoco es cierto que la oferta se haya retraído ya que en los últimos doce meses no varió la cantidad de viviendas ofertadas».

Para Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y uno de los principales impulsores de la ley observa que «cuando se anunció, el mercado amenazó con quita de oferta y suba de precios, como ahora con el congelamiento de alimentos, donde amenazan con desabastecimiento».  Asegura que «el tema es el Estado y su intervención en la economía del hogar, que hoy se basa en los alimentos y los alquileres, ya que las tarifas están congeladas».

Para Muñoz, el precio del alquiler «se debe tratar en la Secretaría de Comercio, donde se convoque al mercado, a las organizaciones de inquilinos y desde ahí se defina el precio del acceso a la vivienda» y aseguró que quienes buscan derogar la ley lo hacen porque «eleva el piso de discusión. No quieren que se profundice la discusión de precios», advirtió.

Daniel Lipovetzky fue quien, como diputado de Cambiemos, presentó el proyecto de ley que finalmente fue aprobado en el Congreso. Opina que «está bien que el Congreso la debata. La ley tiene cosas muy buenas como los tres años de duración para los contratos, pero nunca buscó bajar los precios. Se buscó equilibrar una relación desigual, a partir de injusticias que sufrían los inquilinos. Los precios aumentan porque todo aumenta. Por eso, en contexto inflacionario, quizás hay que revisar la fórmula de actualización».

Los vulnerables, peor

Los hogares sostenidos por mujeres, jóvenes, personas trans o inmigrantes son los más vulnerables a la hora de afrontar un alquiler, ya que deben destinar «una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler». La conclusión se desprende de un relevamiento realizado por el CELS y el Idaes, un centro de estudios de la Universidad Nacional de San Martín.

Según el trabajo, estos grupos suelen alquilar sin contrato escrito y se alojan en viviendas más precarias. «La Ley de Alquileres, a través del programa de alquiler social, ofrece un herramientas y establece que el Estado debe implementar instrumentos para proteger a estas poblaciones», apunta Luna Miguens, del CELS.

«El 35% de los hogares inquilinos con niños u otras personas que requieren cuidados tienen alta vulnerabilidad, pero si el hogar está sostenido por una mujer llega al 40%», alerta el informe, al tiempo que remarca el contraste con hogares sin niños u otras personas de cuidado, ya que en esos casos «la alta vulnerabilidad se reduce al 15%».