Advierten que crecerá la desigualdad con la política de Cambiemos

El llamado «sinceramiento de las estadísticas» reveló esta semana que más de la mitad de la población argentina percibe ingresos inferiores al salario mínimo y que, a la par, creció la brecha entre los argentinos más ricos y los más pobres.

La noticia reavivó un debate social que cambió de forma con el ascenso del macrismo y plantea un futuro todavía más sombrío, mientras el gobierno avanza en sus objetivos de reformar el sistema tributario y el marco que regula las condiciones laborales.

Según la última versión de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que registra datos del tercer trimestre de 2016, la mitad de la población con ingresos percibe menos de $ 8000, un número inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que en la última negociación colectiva se fijó en los $ 8060.

En sintonía, el trabajo que elabora el Indec informó que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre alcanzó en el mismo período el 2,456% y se profundizó respecto al trimestre anterior (2,216%). Así, mientras el 10% de la población más favorecida representó un 31,5% del ingreso total en el tercer trimestre (y el decil siguiente se quedó con el 16,6% de los ingresos consolidando un total del 48,4% de los ingresos), el 10% más pobre obtuvo apenas el 1,2% del total.
Los especialistas del mundo del trabajo coincidieron en destacar la importancia de la información oficial pero subrayaron que la realidad de la distribución en la actualidad es todavía más profunda.

Opiniones

Para Oscar Martínez, integrante del equipo de trabajo del Taller de Estudios Laborales, los números del Indec «no son tramposos pero dan cuenta de una parte menor de la película. Esta dispersión, que es enorme, es un pálido reflejo de la transferencia brutal que tiene que ver con la eliminación de las retenciones más el impacto de la inflación y de los despidos.»

El rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trotta, asoció el retroceso de los sectores menos favorecidos a la caída salarial. En promedio, el año pasado ese descenso «fue del 6,1% entre los asalariados registrados» en un contexto inflacionario que superó largamente las expectativas de principios de 2016.

La situación, agregó Trotta, «plantea una problemática que se va a extender en 2017».La UMET prevé que los aumentos de precios rondarán el 25%, unos siete puntos por encima del techo que espera el gobierno nacional.

Pero lo que ensombrece más el panorama es que a pesar de la dureza de los datos, la decisión gubernamental es apuntar los cañones políticos en una dirección que promete una brecha todavía mayor. «La reforma fiscal y la reforma laboral van a seguir ampliando las distancias. El índice Gini (que representa la desigualdad de ingresos entre los sectores sociales) muestra que hay una caída de salario pero la decisión del gobierno es profundizar la economía liberal que para nosotros potencia las inequidades», planteó el rector del UMET. «Argentina necesita que el estado deje de jugar a favor del capital y recupere equilibrio; para eso, la única manera es fortalecer la demanda del mercado interno», sumó.

Una solución similar recomendó el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco: «Hay que generar un mercado interno para bajar la desocupación. Cuando crecíamos al 6% nadie hablaba de desigualdad social», lanzó.
Pero el análisis es diferente. Para Sacco, alto dirigente del empresariado, el resultado de la EPH es consecuencia de «una economía que no crece desde hace cinco años y no genera fuentes de trabajo», entre otras cosas, porque en el mercado local «los costos laborales en dólares son más altos» que en otros países de la región.

«Los que están por debajo del salario mínimo están con empleo precarizado o sin empleo y esto no puede pasar», señaló Sacco, a la par que destacó las iniciativas oficiales para modificar los impuestos y el empleo. «Si las iniciativas prosperan será positivo porque son pro productivas; ayudarían a generar trabajo y bajaría la inflación», vaticinó. «

Pescarmona no está preñado pero cobró subsidio

El grupo Pescarmona recibió ayuda oficial para pagar las facturas de luz. La empresa ICSA (Ingeniería y Computación SA), integrante del holding, es una de las 165 beneficiadas por el gobierno de Mendoza, que repartió $ 10,7 millones entre las más afectadas por el tarifazo eléctrico. Danone y Cartellone también gozaron de esa ayuda. Enrique Pescarmona, dueño del grupo, había despotricado hace unas semanas contra los planes de asistencialismo, al afirmar que «las chicas de 14 años se preñan y tienen un bebé para que les den unos mangos». Esta vez, sin certificado de obstetra, el empresario cobró su subsidio.

La luz de alerta que emitió la UCA

El informe de la Encuesta Permanente de Hogares encendió una luz de alarma sobre las consecuencias de la dirección económica y sobre las perspectivas a futuro, en un marco de franco avance gubernamental sobre los derechos laborales. Pero la información tuvo un antecedente de dureza similar en los últimos días de 2016.

El primer alerta partió del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que el 15 de diciembre denunció que las medidas que lanzó el gobierno de Mauricio Macri dieron como resultado que «sólo el 41,4% de la población económicamente activa posee un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales», mientras que el 9,9% se encuentra abiertamente desocupado.

Para el Centro de Economía Política para la Argentina (CEPA), en 2016 se alteró la tendencia a la baja de la brecha entre los altos y bajos ingresos. «La brecha aumenta nuevamente en el tercer trimestre respecto del segundo (de 2016), pasando de 13,57 a 15,32 veces, representando un 12,85% de incremento en la comparación de los dos trimestres», indicó.