Advierten que el nuevo sistema de control de padrones es vulnerable

Hace tres semanas, en una reunión plenaria del Consejo de la Magistratura, se aprobó por mayoría, con algunas abstenciones, la implementación de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Córdoba para poner en marcha un nuevo software de gestión electoral. La convalidación por parte de los consejeros del acuerdo con la UTN cordobesa no tuvo, inicialmente, demasiada repercusión. Ese convenio, a cuyo contenido tuvo acceso Tiempo, y en el que tiene una incidencia clave la Cámara Nacional Electoral, implica una erogación por parte del Estado de 9.108.000 pesos, a pagar en 12 cuotas mensuales consecutivas de 759 mil pesos. Se trata de una cifra significativa para una contratación directa. No se evaluaron otras propuestas más que la de la UTN mediterránea, pero no es justamente la cuestión económica la que está haciendo crecer una dura polémica en torno al Sistema de Gestión Electoral (SGE) elaborado por los ingenieros cordobeses. El corazón del problema, reconocido en confianza por abogados, jueces y camaristas, es que el software de administración y actualización centralizada de los padrones electorales no garantiza que los datos personales de los electores –todos los ciudadanos en condiciones de votar– no sean manipulados, ni adulterados, ni modificados sus domicilios, para incidir en el resultado.

El primer reflejo público de que se estaba gestando un clima de sospechas alrededor del nuevo software electoral, con acusaciones veladas, lo aportó la periodista Natalia Aguiar, autora de un libro biográfico sobre Ricardo Lorenzetti, El Señor de la Corte. «Lorenzetti logró firmar con la Universidad de Córdoba un millonario contrato para poder cambiar el software del Poder Judicial electoral, y esto le permitiría manipular los datos, subir o bajar votantes y dar vuelta una elección», señaló la periodista, en diálogo con Gustavo Sylvestre. Aguiar fue la protagonista inesperada de un episodio extraño. Denunció que su libro, al salir de la imprenta, había sido retirado de las librerías sin explicación convincente. A los dos días volvió a ser distribuido, sin que se profundizara demasiado sobre lo ocurrido.

Todo podía haber quedado allí. Pero los jueces federales de primera instancia con competencia electoral, sobre todo María Romilda Servini de Cubría –titular del juzgado federal 1º de Capital Federal–, comenzaron a reclamar precisiones, a hacer requerimientos y, finalmente, a convocar a los apoderados nacionales de todos los partidos políticos para advertirles sobre los riesgos del nuevo software. Uno de los aspectos sensibles del SGE elaborado por la UTN es que prevé la migración de todo el padrón nacional a una única base de datos cuya operación pasaría a depender directa y exclusivamente de la Cámara Nacional Electoral, integrada por los camaristas Santiago Corcuera (titular) y Alberto Dalla Via. Así, Servini y el resto de los jueces electorales del país –uno por cada distrito– se quedarían así sin una de las potestades que tenían hasta ahora: la de ordenar ellos, y no el tribunal de Alzada, el proceso de actualización, por ejemplo de fallecidos o cambios de domicilio, del padrón de cada provincia.

Más allá de la pelea por competencias que en definitiva son espacios de poder, la polémica por el SGE desnuda las desconfianzas que reinan en el ambiente judicial en torno a la confiabilidad e imparcialidad de la red informática que se emplea en el funcionamiento cotidiano. El incidente de la manipulación en el sorteo de la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman –el sistema se la había asignado al juez Sebastián Casanello pero tras una intervención manual se la adjudicaron a Julián Ercolini– refleja la opacidad que reina en el ‘data center’ del Poder Judicial (Lavalle 1240), donde funcionan los servidores de Tribunales y la base de datos con todos los expedientes de la Justicia nacional. Otro antecedente que indica riesgos de vulnerabilidad está dado en la cantidad de claves de acceso remoto a la red que fueron repartidas entre empleados del área. No se conocen registros con los nombres de quienes poseen esos accesos.

En diálogo con Tiempo, la propia Servini de Cubría ratificó su inquietud por la implementación del software desarrollado en Córdoba. «Le están entregando la elección a un sistema que es inseguro. Además no está ni terminado ni probado. Elija el distrito electoral que quiera, si le quieren bajar electores, con este sistema se los bajan. Con un sistema así, ¿cómo sé yo quién tiene una clave (de acceso al sistema)? Los especialistas a quienes consulté me dicen que no tiene ninguna seguridad», advirtió la jueza. El convenio con la UTN tampoco genera confianaza entre algunos miembros del Consejo de la Magistratura. El diputado Rodolfo Tailhade (FpV) e integrante del Consejo acuerda en que «el software va a ser un peligro», sobre todo por la posible intervención de la Dirección General de Tecnología del órgano que analiza la conducta de los jueces. «(Gabriel) Mehlman ya no es más director, pero las cosas siguen exactamente igual ahí», agregó. Se refería a Gabriel Mehlman, un allegado a Lorenzetti, a quien se le abrió un sumario tras el episodio del sorteo de la causa Nisman. Exdirector de tecnología, Mehlman hoy está a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Informatización del PJN. «