Varias sociedades médicas argentinas están en alerta ante la posibilidad de legalizar los dispositivos.
La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA), la Asociación Argentina de Tabacología (ASAT), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones (AEA), expresan su profunda preocupación ante los intentos de legalizar los dispositivos electrónicos para fumar en el país.
Según el informe Productos emergentes y daño a la salud: situación en Argentina y recomendaciones (2025), elaborado por múltiples sociedades médicas y organizaciones de salud, no existe evidencia científica independiente que respalde que los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado sean seguros o de “riesgo reducido”.
Por el contrario, un metaanálisis reciente muestra que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y trastornos metabólicos es similar al de los cigarrillos tradicionales, y que el uso dual (vapeo más tabaco convencional) aumenta el riesgo de daño.
Asimismo, una revisión de 2025 publicada en Tobacco Control halló vínculos entre el vapeo y neumonías, bronquitis, cefaleas, daños orales y reducción del recuento de espermatozoides, entre otros efectos adversos.
La evidencia disponible indica que estos productos actúan como puerta de entrada al consumo de tabaco: muchos adolescentes que nunca habían fumado comienzan a hacerlo tras iniciarse con cigarrillos electrónicos. Además, podría ser el incentivo para otras adicciones.
Los datos son alarmantes:
“Legalizar los cigarrillos electrónicos es abrir una puerta directa a una nueva generación de consumidores. La industria tabacalera busca recuperar mercado entre los jóvenes con productos atractivos, sabores dulces y una fuerte presencia en redes sociales”, advierten las entidades firmantes.
En el país la comercialización, importación, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado están prohibidas por la Disposición ANMAT 3226/2011 y la Resolución 565/2023 del Ministerio de Salud.
Estas medidas fueron adoptadas bajo el principio precautorio, considerando la evidencia disponible y la obligación del Estado de proteger a la población frente a riesgos sanitarios comprobados.
Las sociedades y organizaciones firmantes llaman a las autoridades nacionales y provinciales a mantener y reforzar las políticas de control de tabaco y nicotina, y a fortalecer la fiscalización sobre la venta ilegal y la publicidad encubierta de estos productos.
“Hablar de reducción de daños es una estrategia discursiva de la industria. La verdadera reducción de daños es una política pública guiada por la evidencia y la salud, no por intereses comerciales”, sostienen las instituciones en un comunicado conjunto.
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