Advierten que se impone frenar la regresividad de los derechos de jubilados y pensionados

A un año de la reforma previsional, y cuando la Corte Suprema se apresta a resolver -el martes próximo- el caso «Blanco», donde se analizará la constitucionalidad de las reformas del gobierno que podaron los ingresos a los jubilados, un grupo de abogados y referentes sociales representativos de distintas áreas del derecho y  la administración de justicia analizó la situación por la que atraviesa la Seguridad Social en la Argentina.

El fiscal Gabriel de Vedia expuso sobre los principios elementales que regulan la seguridad social y cómo el Estado debe garantizarlos. “El liberalismo esta haciendo estragos en los derechos sociales, por eso tenemos que decirle al mundo que no queremos más este liberalismo salvaje. Tenemos que tratar de abrirle la cabeza a la Corte Suprema y que dicte un fallo Blanco de acuerdo a la legislación y los principios de la seguridad social. Necesitamos ponerle un límite al Poder Económico”, advirtió.

El integrante del ministerio público fiscal llamó la atención sobre los potenciales efectos del fallo de la Corte: «El fallo Blanco se va expedir sobre 150 mil casos de jubilados. ¿No les parece que es poquito al lado del 7 millones de jubilados que hay en el Sistema previsional argentino?”, interpeló, y propuso «pedirle al Congreso que de respuestas por el sistema previsional”.

Gabriela Carpineti, abogada de la CTEP y referente de la agrupación Tres Banderas del Frente Patria Grande advirtió que este 14 de diciembre se cumple un año del «intento fallido de aprobar bajo un cuasi estado de sitio esa reforma previsional que finalmente salió el lunes siguiente». 

Luego recordó que en aquel momento, la CTEP presentó un amparo en el fuero de la seguridad social y solicitó que se suspenda la sesión. «Ese amparo tuvo un efecto político interesante porque por primera vez una organización popular de trabajadores de la economía popular logró meterse en un fuero donde suelen litigar 3 o 4 apellidos jurídicos de renombre o ongs con peso internacional. El equipo jurídico de los trabajadores de la economía popular permitió que este sector fuera el primero en manifestarse en contra de la aberración política que se estaba discutiendo el Congreso en ese momento”.

María Cecilia Fernández, abogada previsionalista, se refirió a los graves retrocesos en los derechos de quienes están amparados por el sistema de seguridad social. “Los obstáculos que tenemos los que nos dedicamos a la seguridad social son las normas que dicta a Anses que no pasan por el Congreso, que no son nada, pero se terminan aplicando como si lo fueran y uno tiene que estar realizando acciones declarativas, amparos, juicios”. La abogada luego se explayó sobre los antecedentes jurisprudenciales y sostuvo que la Corte,más allá de lo que diga en el caso Blanco (que sólo abarca a unos cientos de miles de ciudadanos) debe garantizar que no habrá regresividad en los derechos de los millones de jubilados y pensionados.

Hugo A. Moyano, abogado laboralista, asesor letrado del sindicato de Camioneros, sostuvo que la “la reforma previsional se aprobó en el Congreso con un costo social muy alto”. Agregó que “con la reforma previsional empieza el declive del Gobierno en relación al Capital político que había ganado en las elecciones del 2017.” Luego se refirió al intento del gobierno por recortar derechos de los trabajadores, “no por ser autorreferencial, pero la figura de Pablo Moyano tuvo un rol decisivo para frenar la reforma laboral cuando declaró públicamente que no se tenia que producir otra Ley Banelco, como la que se aprobó en la época de De la Rúa”.

Finalmente Juan Grabois, abogado y dirigente del Frente Patria Grande sostuvo que “ni el peor Gobierno puede avanzar del todo si el pueblo está organizado. Y un buen Gobierno tampoco puede implementar políticas profundas de transformación sin movilización popular”. “A los sectores populares organizados nos fue mal en estos años macristas pero nos podría haber ido mucho peor. Es decir, la reforma laboral no pasó. Y no pasó porque hubo resistencia por parte de sectores populares capaces de enfrentar el Poder Real”. Grabois afirmó que más allá del caso Blanco que llegó a la Corte, es necesario pensar reformas que garanticen realmente los derechos sociales a los trabajadores no registrados.