Agenda de Cúneo Libarona: el sistema acusatorio, el Código Penal, la Corte y el procurador

Jueces de Comodoro Py ya mostraron los dientes por algunas de las primeras expresiones del designado ministro de Justicia del próximo gobierno, Mariano Cúneo Libarona. Antes del triunfo de Javier Milei en el balotaje, Cúneo Libarona había enunciado: no más operadores, ni intermediarios, ni «valijeros». Tres elementos constitutivos del fuero federal porteño.

Comodoro Py no es el ámbito en el que Cúneo Libarona se mueve con mayor soltura. Y el término «valijero» causó irritación. Es cierto que el mote le cabe a más de un personaje que ronda por los tribunales de Retiro pero hubo uno que se sintió especialmente aludido. Y lo tomó como un desafío, una afrenta, casi una provocación del nuevo ministro.

El presidente electo resistió la embestida de Mauricio Macri por colocar a Germán Garavano en el Ministerio de Justicia. ¿Está cerrado ese capítulo? La foto de Cúneo Libarona con los jueces de la Corte parece confirmar que sí. No obstante, persisten las insistencias para sumar a Garavano al «equipo» del ministro designado. En el revoleo de funcionarios que a la mañana están confirmados y por la tarde dejaron de serlo todo es posible.

Un hombre de Garavano durante el gobierno de Macri, Martín Casares, aparece como uno de los que acompañará a Cúneo Libarona. Casares es hoy un una suerte de CEO del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuyo presidente, Ricardo Gil Lavedra, compartió con su partido (la UCR) la resistencia a Milei previo al balotaje. La alianza que llevó a Gil Lavedra a la presidencia del Colegio la armó otro radical con tirria a Milei, Daniel Angelici.

Cúneo Libarona llevará pocos abogados de su estudio –uno de los más versátiles, con clientes de todos los ámbitos, tendencias e ideologías– a la función pública. Uno de ellos podría ser Diego Guerendián, un penalista de prestigio, perfil bajo y extrema confianza con el nuevo ministro.

Hay otro dato que generó una temprana preocupación: Cúneo Libarona parece decidido a empujar la aplicación plena del sistema acusatorio, que les quita manejo y poder a los jueces y se los traslada a los fiscales. Ese Código fue aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se comenzó a aplicar con un esquema gradual que la llegada de Mauricio Macri al poder en 2019 sumió en el letargo. Rige hoy sólo en un puñadito de provincias y casi que en modo experimental.

Prevé que los que investigarán serán los fiscales y los jueces actuarán como garantes del debido proceso. Algunos jueces ya aplican de hecho esa modalidad: suelen delegar la investigación en los fiscales, pero siempre tienen la posibilidad de volver a tomar las riendas de un expediente. La puesta en marcha plena del código acusatorio les restará poder a sus lapiceras.

Para ese esquema será necesario un jefe de los fiscales fuerte y empoderado, al estilo Julio Conte Grand en la provincia de Buenos Aires, pero irreprochable desde lo técnico y descontaminado en lo político. El elegido es el camarista Marcelo Lucini. Se trata del juez que llevó adelante el grueso de la investigación de la Causa Cromañón. Lucini se abroqueló en su juzgado, el de instrucción número ocho (hoy a cargo de quien era su secretaria letrada, Yamile Bernán), que funcionó en equipo  como una máquina de relojería: resistieron presiones políticas, contuvieron a los familiares arrasados por el dolor, agotaron todas las líneas de investigación y dictaron un procesamiento de primera instancia que anticipó el resultado final que muchos años después confirmó la Corte Suprema. En resumen: resolvieron en poco tiempo uno de los casos más complejos.

Ya ungido como juez de la Cámara del Crimen, Lucini fue uno de los que consideró que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman debía tramitarse en la Justicia federal. La Cámara de Casación porteña lo desautorizó, pero la Corte Suprema le volvió a dar la razón. El resultado final –es cierto– fue la politización definitiva y la parálisis de esa investigación. Pero eso no le es reprochable a él sino a Comodoro Py.

Lucini es mal mirado por varios jueces de primera instancia de su propio fuero. Le reprochan algunas severidades en sus fallos (que consideran innecesarias) y ciertos modos que califican como rayanos en la soberbia.

Nadie podría enrolarlo entre los jueces «garantistas» pero tampoco dentro de la línea de los punitivistas extremos. Conoce a Cúneo Libarona por tribunales, por empatías generacionales, por relaciones sociales y también académicas, en la Universidad del Museo Social (UMSA).

Podría incluso ser un excelente candidato para la Corte Suprema, que no tiene especialistas en derecho penal.  Pero es hombre. ¿Es un obstáculo? Sí. ¿Insalvable? No. Las cuestiones de género no aparecen entre las listas de prioridades del futuro gobierno. Más bien todo lo contrario.

La otra decisión significativa del ministro Cúneo Libarona será el impulso a la aprobación de la reforma integral del Código Penal, cuya elaboración estuvo a cargo de un grupo de juristas liderado por el camarista de Casación Mariano Borinsky. Fue presentado ante el Congreso en 2018, con el aval del entonces presidente Mauricio Macri. Borinsky explicó que en sus reuniones con Macri en Olivos, en las que figura compartiendo partidos de paddle, se discutía el contenido del nuevo código.

El «Código Borinsky» (entre sus redactores está el juez Carlos Mahiques, uno de los viajeros al Lago Escondido del grupo Los Huemules) tiene algunas facetas que no condicen con lo que piensa Milei. Por ejemplo, hay un capítulo entero de sus 540 artículos dedicado al tema de la portación, propiedad y uso de armas de fuego, con penas de hasta diez años de cárcel e incluso mayores en casos con derivaciones hacia otros delitos. 

Tipifica específicamente la compra-venta de niños y el mercado de órganos. Según el Código Borinsky, la venta de órganos, aun por propia voluntad, es un delito y tiene penas de hasta 20 años de cárcel.

Si durante una manifestación pública alguien arrojara una piedra la pena será de un mes a dos años. Si el proyectil apuntara a un policía, de seis meses a tres años. En ambos casos, no se trata de cárcel efectiva. Difícilmente al presidente electo le guste eso.

Otros aspectos son más afines al pensamiento de Milei. Por ejemplo el límite a la libertad condicional, un viejo anhelo de quienes creen que el hecho de que un condenado pase hasta el último de los días de su pena en la cárcel reducirá la posibilidad de volver a delinquir cuando salga. «