El informe del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (FCE–UBA) revela un deterioro generalizado en la rentabilidad, la caída de los precios internacionales, el ajuste presupuestario y las reformas laborales que marcan el primer año de política agropecuaria del actual gobierno.
La asunción presidencial estuvo marcada por un salto devaluatorio del 118% en el tipo de cambio oficial, que pasó de $367 a $800 el 13 de diciembre de 2023. Este movimiento tuvo un efecto inmediato sobre las 35,9 millones de toneladas de granos que se encontraban sin precio fijado, generando una ganancia de casi 3,5 billones de pesos.
En diálogo con Tiempo Rural, Diego Fernández explicó que “cuando desde el Ministerio de Economía se duplicó de un día para otro el valor del dólar oficial, se generó un crecimiento del valor de los granos que estaban almacenados. Ahora bien, ¿quién retuvo y aprovechó esa diferencia cambiaria? Los grandes productores, que son quienes tienen capacidad de financiarse y esperar. Los pequeños, en cambio, ya habían vendido prácticamente todo para sostener su vida cotidiana”.
El investigador remarcó que la inflación posterior erosionó esa ganancia inicial y que hacia fines de 2024 los márgenes se estrecharon drásticamente: “Conjugando el peso apreciado con la baja que hubo a lo largo del año del precio de los granos, los márgenes se angostaron y, en el caso de los productores familiares y PyME, comenzaban 2025 en una situación muy estrecha, proclive a su salida de la producción”.
El informe muestra que en 2024 las exportaciones del complejo oleaginoso-cerealero alcanzaron USD 34.034 millones según INDEC, pero la liquidación en el mercado oficial fue de USD 24.457 millones, una diferencia de USD 9.577 millones. Incluso considerando el 20% autorizado al CCL, persistió una brecha de USD 3.085 millones frente a lo exportado. A esto se sumó la caída de los precios internacionales: soja (-26%), maíz (-17%) y trigo (-15%), un descenso promedio ponderado del 20,4% que impactó de lleno en la rentabilidad de los productores.
En paralelo, el ajuste fiscal golpeó con especial dureza a los organismos vinculados al agro. Mientras el gasto público total real cayó 26% en 2024, la reducción en la Secretaría de Agricultura, el INTA, el SENASA y el INASE fue del 51%. “Desde organismos como el INTA o la Secretaría de Agricultura históricamente se desarrollaron políticas que podían apuntalar a los productores familiares. La línea de ‘en vez de mejorar, destruyamos’ contribuye a un escenario de mayor retroceso.
La baja presupuestaria en SENASA tiene además un componente temerario: el resto del planeta regula su comercio exterior y los mercados agroalimentarios son muy analizados por temas sanitarios, en especial el de la carne”, señaló Fernández.
La situación de los pequeños productores es crítica: para fines de 2024, las explotaciones familiares y de pequeña escala registraban márgenes negativos en cultivos como soja, maíz y trigo. Fernández advierte que se trata de un incentivo directo a la concentración productiva: “Lo que especialmente aparece en terreno negativo es el margen del pequeño productor como arrendatario. Si alquila su propiedad, esa renta es mayor a lo que pueda ganar produciendo. Es un claro incentivo a la salida de la producción.
Entre 1988 y 2018 fueron eliminados el 50% de los productores pampeanos, y estamos en un escenario que lo profundiza”. Consultado sobre posibles medidas para revertir esta tendencia, propone “la segmentación de retenciones según escala y una reforma de la ley de arrendamientos, hoy obsoleta, porque el proceso concentrador pasa en gran medida por los alquileres rurales”.
El panorama se completa con los trabajadores rurales, quienes enfrentaron una pérdida acumulada de 2.526 dólares en su salario real durante 2024, sumada a la flexibilización de la ley laboral agraria. “Se trata de un trabajo duro, de jornadas largas y con alta siniestralidad. El salario promedio es bajo y, cuando uno toma en cuenta las horas trabajadas, comparable al promedio de la economía, nada brillante pese a estar produciendo una de las mayores riquezas del país. Lo primero sería el control efectivo de las normas que existen, especialmente en el manejo de químicos y la extensión de la jornada”, apuntó Fernández.
El informe del CIEA concluye que 2024 fue un año de retroceso para el agro argentino. Los precios en baja, los márgenes en rojo, la concentración productiva y el desmantelamiento de organismos de apoyo conforman un escenario donde las grandes empresas logran sostenerse y expandirse, mientras la mayoría de los productores y trabajadores rurales ven deterioradas sus condiciones. La voz de Fernández refuerza esa advertencia: “El país debería reformatear su sector rural, una inmensidad poseída por muy pocos Estados en el mundo que podría generar múltiples oportunidades de vida y trabajo y que hoy, al revés, se vacía cada vez más”.
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