Uspallata se convirtió este fin de semana en el epicentro de una movilización histórica en rechazo de la megaminería, pese a la cacería de ambientalistas que ejecuta el poder político en connivencia con la Justicia.
“La alianza de Cornejo con el gobierno de Javier Milei favorece la criminalización de la protesta y permite la violencia que venimos recibiendo cada vez que salimos a las calles”, explica Elsa Díaz, referente de la Asamblea por el Agua de Mendoza.
“Nos llaman zurdos, mugrientos, ecoterrorristas –continúa–. La vicegobernadora (en referencia a Hebe Casado) dijo públicamente que se quiere afiliar a La Libertad Avanza. Ella y Cornejo son los famosos ‘radicales con peluca’ que acuerdan con Milei la entrega de todos nuestros recursos naturales. Ellos están entregando nuestra agua y nuestra cordillera”.
Los mendocinos recrearon este sábado la campaña libertadora de San Martín de aquel célebre 17 de enero de 1817. “Trepamos la cordillera para defender el agua pura y la libertad de nuestros pueblos, las dos fuentes de vida que nutren nuestra tierra y nuestro ser”, reza uno de los tantos flyer compartidos en redes sociales para invitar a “una nueva gesta histórica”.
“Serán jornadas intensas de debate alrededor de cómo se sigue este proceso de resistencia. El aspecto legal, entre comillas, ya está perdido. Lo único que nos queda es la fuerza de la organización por abajo”, avisa Silvia “Chaco” Iñiguez, maestra jubilada, militante sindical, social y política e integrante de la Asamblea por el Valle de Uspallata.
“Tuvimos que redoblar nuestra inventiva para organizar por abajo –insiste– y que se siga resistiendo. Estamos a días de que se comience a trabajar en la mina; la situación es gravísima. Este pueblo de 15 mil habitantes va a desaparecer del mapa y los que nos quedemos vamos a morir de cáncer. Esta es zona de alta montaña y viento, no hay manera de que no aspiremos el arsénico que queda en el aire después de cada voladura. Para nosotros es importantísimo que el resto del país entienda la magnitud de la tragedia. Es como lo que está pasando en Chubut con los incendios, solo el que sabe que va a ser sacrificado puede expresar la tragedia en primera persona”.
En el caluroso mediodía del martes 9 de diciembre, durante la última sesión del año pasado en la Legislatura de Mendoza, el oficialismo logró la sanción de cuatro proyectos alineados sobre la actividad minera: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata; la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) —son 27 propuestas mineras en total—; la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación del Régimen de Regalías Mineras. En detalle, el proyecto San Jorge contó con 29 votos afirmativos, seis negativos y una abstención.
“El Gobierno avanzó, pero no sin sentir la persistencia de la resistencia. Está claro que no hay grieta entre las fuerzas mayoritarias. La UCR, el PRO, La Libertad Avanza y el PJ son parte del mismo proyecto político. Cornejo y su títere Rodolfo Suárez, gobiernan Mendoza desde hace diez años con mayoría propia en la Corte y en las dos Cámaras. Tienen la suma del poder político”, apunta Iñiguez.
El 2 de enero pasado, al finalizar una de las marchas en defensa del agua en el centro de Mendoza, el pino de Navidad ubicado sobre la Peatonal Sarmiento comenzó a arder. La policía, con una prontitud inusual, detuvo a Gonzalo Videla, un músico de 33 años que participaba de la protesta, luego de que la fiscal Mónica Fernández Poblet lo acusara del delito de incendio doloso, una figura que tiene una pena mínima de tres años.
Un video realizado por un comunicador que sigue los conflictos sociales en la provincia –Difusión Mendoza– logró reconstruir que Gonzalo, lejos de querer avivar el fuego, buscó apagarlo al retirar una botella con líquido inflamable que estaba en la base del pino, presuntamente colocada con la intención de culpar al movimiento ambiental, aún con el riesgo de quemarse. Todo ante la conveniente parálisis policial.
“Lo de Gonzalo ha sido utilizado por el Gobierno de Cornejo para instalar que los manifestantes son terroristas”, denuncia Maximiliano Villarreal, abogado de varios ambientalistas perseguidos en Mendoza.
“Los 23 detenidos en el marco de las marchas por el agua en el último año y lo que va de este es plantear que movilizarte y protestar es un delito. Hay una connivencia entre el Ministerio Público fiscal y el Gobierno provincial; se nota mucho en los discursos de la ministra de Seguridad (en referencia a Mercedes Rus), de la vicegobernadora, de los intendentes. El propio gobernador llamó a aislar a los manifestantes. En ese contexto, la utilización política se ve hasta en cómo se caratulan las causas. En vez de defender el interés de la sociedad, los fiscales defienden los intereses de las mineras”.
El abogado también destaca que la figura de “referente” se ha vuelto la presa favorita del Gobierno provincial. “Hubo movilizaciones con más diez o veinte detenidos, pero solo se imputó a dos o tres personas que, casualmente, son conocidas por su actividad política. Avanzan contra la oposición que molesta”.
Un ejemplo claro de las imputaciones digitadas desde la Casa de Gobierno son las que pesan contra Mauricio Cornejo y Federico Soria, ambos referentes ambientales de Uspallata acusados de pertenecer a una agrupación dedicada a la coerción ideológica mediante el miedo y el terror, basándose en un artículo del Código Penal que no se aplicaba desde la última dictadura cívico-militar (ver recuadro).
“El próximo 24 de enero se va a cumplir un año de que estamos procesados por protestar contra la megaminería y defender nuestro territorio. Esa vez fuimos como 30 los denunciados, pero solo nos imputaron a nosotros dos de un delito asimilable al terrorismo y en una causa armada por el fiscal. Hay una discrecionalidad evidente”, se lamenta Soria, y concluye:
“Fui cesanteado de mi trabajo en un Parque Nacional y en este momento estoy sin patrocinio legal. Igual seguimos firmes en la lucha, vamos a seguir resistiendo el ingreso de la minera. Este fin de semana vamos a revivir la lucha en defensa del agua». «
En sintonía con el reclamo de los integrantes de las diferentes asambleas de Mendoza que defienden el agua y, en consecuencia, se oponen a la megaminería, Conicet Mendoza emitió a fines de noviembre pasado un duro informe en el que señalaba importantes deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada por las empresas dispuestas a llevar adelante el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ Cobre Mendocino). Pocas horas después, el documento fue retirado de circulación por presión del Gobierno provincial.
Según aquel documento, los estudios presentados por la empresa son «obsoletos», dado que los aforos del arroyo El Tigre son anteriores a la megasequía de 2010, no reflejando las condiciones actuales de escasez.
Respecto a la biodiversidad, puntualizaron que la información brindada es insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta, imposibilitando una evaluación de impacto real; y concluyeron que existía “potencial riesgo de afectar el arroyo Uspallata y toda la cuenca del río Mendoza”.
El 24 de enero pasado, en medio de una nueva avanzada minera del Gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza, barras de fútbol y patoteros de la UOCRA que habían llegado en micros a Uspallata para el acto de inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros, golpearon a los vecinos y asambleístas que desde el año 2007 se organizan para rechazar la instalación del proyecto San Jorge para la explotación de cobre.
Por defender a un compañero que estaba recibiendo una paliza por parte de la patota, Mauricio Cornejo y Federico Soria terminaron detenidos y acusados de “pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por el terror” (Artículo 213 del Código Penal).
Cornejo estuvo 23 días preso en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA), en el Polo Judicial Penal de Mendoza. En esa celda, realizó la rehabilitación de una operación de clavícula con dos botellas de Coca Cola llenas de agua.
“Fue una pesadilla –le contó Mauricio a Tiempo desde su casa en Uspallata, una localidad de 15 mil habitantes enmarcada por montañas–porque estaba incomunicado, sin derecho a visitas, esa sensación de que había una mano negra detrás de lo que me estaba pasando. Hasta que me di cuenta de que me había convertido en un preso político. Encima hacía dos semanas que me habían operado por un accidente en la moto y estaba sin asistencia médica, no me llevaban al hospital para los controles. Era raro poder dormir tres horas seguidas. Había días que me la pasaba llorando. Tuve que empoderarme, hacerme fuerte. Era supervivencia humana”.
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