Aguad trató de explicar el acuerdo del Correo con poco éxito

Ante los diputados, la retórica del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, zigzagueó con escaso éxito, al menos a la hora de aclarar las circunstancias que lo llevaron a firmar un acuerdo con el Grupo Macri por la deuda que mantiene por la concesión del Correo Argentino. El ministro llegó a negar (mucho más que San Pedro) que el presidente Mauricio Macri estaba al tanto del cuestionado acuerdo, aunque también dijo que “es muy probable” que sí lo supiera.

Incluso se inmoló (cual kamikaze a favor de su emperador) al sostener que “es cierto que no es un juicio cualquiera pero la responsabilidad es mía”, para luego distribuir culpas al gobierno kirchnerista. La oposición, con matices, no le creyó.

Aguad buscó todo el tiempo mostrarse tranquilo y llegó a decir que era un honor regresar al Congreso. Fue un esfuerzo que duró casi cuatro horas donde escuchó y evitó responder las preguntas de los legisladores que integran la comisión de Comunicaciones.

Es probable que, fruto de esa impostada seguridad, se le haya escapado una frase que hizo recordar al de un militar genocida cuando respondía por los desaparecidos: “Me cuestionan por hechos abstractos, que pasaron pero que ya no existen, no existen”.

El funcionario recurrió una y mil veces al “hicimos lo que pudimos”, aunque admitió que hay perjuicio para el Estado. Insistió en considerar como falaz el cálculo de la fiscal Gabriela Boquin (los 70 mil millones de pesos) porque “las deudas no se pueden ni actualizar ni recargar intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que teníamos que cobrar desactualizado en un 90 por ciento”.

Entonces, muy suelto de cuerpo, aseguró que como ministro tenía tres opciones: “Seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir la omisión. La otra opción era pedirle la quiebra a la empresa pero la empresa no tiene bienes, desapoderada en 2003 de los bienes por el Estado. Y la tercera era intentar cobrar ese 10 por ciento”.

En todo momento buscó despegar al presidente Macri de cualquier participación en el arreglo del acuerdo con el grupo empresario de la familia presidencial. Pero a diferencia de lo que usualmente se espera, Aguad no fue contundente a la hora de derruir la tesis del conflicto de intereses: “En abstracto puede que sí pero en los hechos el único testigo fui yo y no hablé con el presidente”, dijo.

Aguad, como vino haciendo estos últimos días, insistió con que la quiebra no es un camino válido porque la empresa de los Macri es insolvente. Un argumento que fue destruido por el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá. El bonaerense le dijo a Aguad que “no es verdad que es una empresa sin bienes. Si se decreta la quiebra todos los directores y la familia Macri van a tener que responder solidariamente con sus bienes particulares y es por eso que mantuvieron el concurso porque si se decreta la quiebra tendrían que haber pagado”.

Aguad no retrucó la afirmación de Solá y se animó a sostener que no estaba al tanto de la demanda que el Grupo Macri había impuesto contra el Estado casi al mismo tiempo en que se firmaba el acuerdo fallido con el gobierno macrista. Lo dijo en referencia a lo que minutos antes Solá le había preguntado: “¿Acaso debemos pensar que un funcionario de su cartera firma un convenio de alta importancia política y no sabía que esa familia había iniciado una demanda? ¿Ninguno lo sabía? ¿Macri no sabía que se había iniciado un juicio por más de dos mil millones de pesos? Entonces hay que denunciarlos a todos”.

La totalidad de los diputados de la oposición aprovechó el uso de la palabra para hacer consideraciones políticas como una previa a las preguntas. El integrante del Bloque Justicialista Pablo Kosiner aseguró que “es imposible negar un conflicto de intereses” en el acuerdo del gobierno con el Correo Argentino y consideró como “insuficientes” las explicaciones que brindó Aguad cuando habló ante los diputados antes del comienzo de las preguntas.

“El usufructo es del padre del presidente (Franco Macri) y las acciones son de los hijos. Si eso no es conflicto de intereses, ¿entonces qué es?”, se preguntó Kosiner. En tanto, Claudio Doñate (FPV-Río Negro) prefirió no andar con vueltas y acusó aMacri de “robarle 70 mil millones a los argentinos” y advirtió que para volver a foja cero, la empresa debería “pagar tiki y taka lo que debe con los intereses correspondientes”.

Aguad escuchó sin expresiones en su rostro junto al director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Mocoroa. Este último respondió una pregunta del kirchnerista Rodolfo Tailhade y negó ser el mismo abogado que en 2002 se presentó ante el Ministerio de Desarrollo Social para cobrar una deuda en nombre del Correo que todavía estaba en manos del Grupo Macri: “No tengo familia en Buenos Aires”, dijo el funcionario de origen cordobés.

Varios de los diputados del oficialismo respaldaron los dichos de Aguad y como el ministro buscaron diluir responsabilidad del actual gobierno al sostener que era un problema que los gobiernos kirchneristas tampoco habían resuelto. Incluso llegaron a criticar las estatizaciones realizadas en los 12 años de gobierno del Frente para la Victoria. Al ministro eso de las malas estatizaciones les gustó y cuando tuvo que hablar lanzó una extraña frase. Primero dijo “no soy estatista” pero rápidamente aclarar que “tampoco soy privatista”. Una confusa definición que luego haría suyo el lilito Fernando Sánchez.

Al parecer la estrategia macrista en Diputados era confundir y hasta ahogar en sudor a los legisladores de la oposición porque sufrieron la ausencia de aire acondicionado y agua fresca durante las horas de máximo calor en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no impidió que el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Néstor Pitrola, sostuviera que “no vamos a aceptar la foja cero, no vamos a aceptar esto de un gobierno que no es un gobierno de la verdad. El Banco Nación se opuso a este acuerdo, hay que profundizar esta investigación, insistimos en la interpelación en el recinto del presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y de Aguad”.

Al final, el ministro se permitió dar un consejo al recomendar la redacción de un protocolo que permita resolver este tipo de casos. Fue casi un chiste que ni los propios oficialistas se animaron a festejar.