Ahora, reglamentarán la ley que crea el Registro de violadores

El asesinato de Micaela García en Gualeguaychú activó finalmente la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos relacionados con Delitos contra la Integridad Sexual. La ley sancionada en julio de 2013 –que no está en vigencia porque no fue reglamentada en casi cuatro años- crea un “registro de violadores” por el cual los organismos públicos deberán tomar muestras genéticas de los condenados por delitos contra la integridad sexual. Esa información resultaría clave para investigar delitos de la misma índole en el futuro.

El 3 de julio de 2013, la Cámara Baja había convertido en ley un proyecto que buscaba crear un registro con información -desde nombre y domicilio hasta fotos y apodos- y material genético de todas las personas condenadas con sentencia firme por delitos sexuales. Dos años después de que el proyecto fue aprobado en el Senado, el debate se reactivaba en Diputados tras la muerte de Ángeles Rawson. Tuvo un sólo voto en contra.

«Después de siete años luchando para conseguir el registro, nos dejaron contentas con la ley pero nunca más se hizo nada», le dijo a Télam Silvia Irigaray, líder y fundadora de las Madres del Dolor. Irigaray contó que un año y medio atrás tuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y que fue entonces cuando descubrieron que el registro nunca se había implementado.

«Casi por casualidad le preguntamos cuántas personas había en el registro y ahí nos dijo que nunca se puso en práctica», agregó. «Con el registro, esto no pasaba. El 95 % de los violadores lo hicieron antes. Si nosotras que somos madres podemos verlo, cómo no lo ve un juez. Este hombre es un horrible omnipotente», se quejó Irigaray, en referencia al juez Carlos Rossi, quien ordenó liberar al principal sospechoso por la muerte de Micaela.

El proyecto, que había sido impulsado por las Madres del Dolor junto con la ex senadora justicialista Sonia Escudero, proponía almacenar y sistematizar información genética de condenados por casos de violación pero también de autores que no habían podido ser individualizados. Todos esos datos solo podían ser conocidos por fiscales y jueces que estuvieran investigando una causa por delitos sexuales.

«A nosotros Garavano nos dijo que estaba en marcha, pero pasó un año y medio y no se hizo nada. Yo creo que Micaela va a ayudar a que este registro empiece a funcionar», aseguró Irigaray, cuyo hijo, Maximiliano Tasca, fue una de las víctimas de la Masacre de Floresta. Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, no está de acuerdo en que ese registro sirva para evitar más ataques.

«El registro no podía evitar esta muerte. Acá el punto es que hay que cumplir las leyes. El derecho no resuelve ni previene problemas, pero existe y tiene herramientas que están para aplicarse. Es una herramienta imperfecta pero empecemos por cumplirla», opinó consultada por Télam.

Y señaló que la responsabilidad recae sobre el juez Rossi: «Este señor estaba condenado con una pena de cumplimiento efectivo y la libertad condicional es una potestad del juez, no una obligación. El juez eligió desoír las recomendaciones del servicio penitenciario».

Mendoza y Buenos Aires son algunas de las provincias que también crearon registros, mientras que en Entre Ríos, donde murió Micaela, la ley que fijó una base de datos genéticos fue creada en 2006 pero nunca implementada.

La base más grande de criminales se encuentra en Gran Bretaña y contiene 38 millones de datos de violadores y asesinos. En Estados Unidos, el registro de violadores existe desde 1996 y fue creado luego del asesinato de Megan Kanka, una nena de 6 años. Desde 2003, sus datos son públicos.