Ahorcados en armas

Miércoles de noche cerrada en José C. Paz. En la intersección de las calles Laprida y Naciones Unidas, cuatro jóvenes se suben al Peugeot 308 que les asignó Uber a través de su app. Es una una trampa. Apenas se suben al vehículo, los ocupantes advierten al chofer que se trata de un asalto con palabras y un gesto contundente: le apoyan un arma en la cabeza.

Según el parte policial, el chofer forcejeó con el asaltante y logró salir del auto. Instantes después sacó una pistola Beretta calibre 9 milímetros y efectuó tres disparos hacia el vehículo. Uno de los ocupantes cayó muerto en el asfalto. Otro se desplomó a una cuadra del lugar, mientras intentaba huir a pie junto a sus cómplices, que lograron darse a la fuga.

El tirador fue identificado como el cabo Blas Alfredo Bareiro (31), un gendarme en actividad que hacía changas como chofer. Disparó con su arma reglamentaria.

El episodio fue informado como un hecho de “inseguridad”, pero esconde una trama de extrema gravedad política e institucional que puede resumirse en una pregunta: ¿Qué hacía el gendarme manejando un Uber? 

La respuesta simple: como a la mayoría de los argentinos, su sueldo no le alcanza. Pero hay algo más. Según un informe del propio ministerio de Seguridad de la nación, la situación financiera de los agentes que integran las fuerzas federales es desesperante. Están ahogados en deudas.

Según el relevamiento oficial, el 53% de los policías, prefectos y gendarmes poseen algún tipo de deuda con entidades no bancarias, ya sea asociaciones mutuales, de crédito rápido, o prestamistas individuales. Pero el informe aporta un dato más inquietante aún: el relevamiento sobre la situación de morosidad y endeudamiento registró un promedio de dos deudas por agente.

El sobreendeudamiento de los efectivos tiene efecto directo sobre sus ingresos. Del informe 

se desprende que el 79% tiene descuentos por deudas en sus haberes. «La probabilidad de sobre endeudarse y estar en mora se incrementa fuertemente cuando la deuda es con entidades no bancarias, se tienen más de tres deudas, hay embargos y existe un porcentaje alto de descuento de haberes», dice el informe. Es decir: la mitad de los agentes están económicamente ahorcados y expuestos a un sistema financiero usurero y -cuanto menos- opaco.

El relevamiento del ministerio de Seguridad fue presentado por la propia ministra, Patricia Bullrich, en el marco del lanzamiento de un plan de créditos bancarios destinado a refinanciar las deudas que los agentes tomaron en el mercado irregular. En otra muestra de desapego entre campaña y realidad, la ministra sostuvo que el acceso de los agentes a los mercados financieros formales va en línea con su lema de «Cuidar a quienes nos cuidan».

¿Qué parte del desastre no entendió Bullrich? ¿La radiografía que muestra a un ejército de personas armadas bajo estrés financiero extremo? ¿O los efectos de la pauperización que expresa el caso del cabo Bareiro, que para sumar unos pesos hace changas en una red de transporte declarada ilegal?

De las múltiples calamidades que legará el macrismo, el empoderamiento de una legión de agentes mal formados, mal pagos y desesperados está entre las cosas más urgentes y delicadas que deberá abordar el gobierno que viene. A muchas personas le va la vida en eso.