Este martes se movilizaron desde la Mesa Nacional para dar cuenta de la grave situación que atraviesan. Lo definieron como “un crimen contra 5 millones de personas”.
En el marco de esta jornada de protesta, denunciaron el incumplimiento de la Ley de Barrios Populares 27.453 sancionada por el Congreso en el 2018. Como consecuencia, indicaron que 628 obras están frenadas por el gobierno nacional, más de 11 mil mujeres mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, y 150 juicios de desalojos activos. Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, aseguraron que esta decisión implica “perder inversión pública, abandonar obras iniciadas y romper capacidades técnicas”. También profundiza “la desigualdad territorial de más de 1 millón de familias”.
Álvaro Llambi, militante del MTE en Villa Fiorito y ex Director de Fortalecimiento de Organizaciones Productivas de la Comunidad, afirmó que la SISSU “no es sólo un área del Estado” sino “una política pública viva, construida durante más de diez años por miles de referentes barriales, la Iglesia, organizaciones sociales, ONG y movimientos populares”. Además, alertó que frente al cierre de la Secretaría, los vecinos no tienen dónde canalizar sus reclamos. “Es una actitud criminal de abandono de estas familias”, afirmó el ex funcionario.
El gobierno de Javier Milei disolvió el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) a través del decreto 312/25. En el marco del programa, se habían logrado realizar 1000 obras vinculadas a mejorar los accesos a agua potable, cloacas, electricidad. Este fondo a su vez, brindó trabajo a más de 25 mil personas, que en gran parte eran cooperativistas y trabajadores de la economía popular, habitantes en su mayoría de esos barrios.
Además de la movilización de este martes, la Mesa Nacional realizó ayer una conferencia de prensa para visibilizar las consecuencias de la retirada del Estado en materia habitacional.
En Argentina existen 6.467 barrios populares según el último Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En noviembre del año pasado, la organización Fundar presentó un informe sobre la situación habitacional en estos barrios: el 92% carece de conexión formal de agua, el 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97 por ciento no tiene acceso a la red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas informales.
Hasta noviembre del año pasado, la gestión libertaria había invertido el 0,2 por ciento del monto anual requerido para la integración habitacional.
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