Ajuste en el Progresar: casi medio millón de jóvenes perdió un beneficio clave

Trabas para el acceso, otras tantas dificultades para cobrar y la constante licuación de un aporte que resultaba clave para sostener los estudios por el efecto sostenido de la inflación. Las tres variables forman parte de la larga lista de quejas que acumulan los beneficiarios de becas del Programa de Respaldo para Estudiantes de Argentina –conocido como Progresar–en diferentes sectores de la comunidad educativa.

El diagnóstico que se multiplica en miles es el resultado del proceso de desmantelamiento durante los últimos tres años del plan ideado como un esquema de ayuda económica a jóvenes de entre 18 y 24 años de bajos recursos para que terminen la escuela primaria, secundaria e inicien o continúen sus estudios terciarios y universitarios. Los mismos que el gobierno hoy intenta seducir con un Servicio Cívico Voluntario en Valores administrado por la Gendarmería.

Implementado en 2014 y reformulado en marzo del año siguiente con la simplificación de requisitos de acceso que amplió su llegada a los sectores populares, el plan se deshilachó durante la gestión de Mauricio Macri. En tres años (2016-2018), casi medio millón de jóvenes perdió el beneficio; la inversión pública en el área cayó a menos de la mitad en términos reales; y el monto de la prestación pasó a representar un tercio de la cifra original para los estudiantes primarios y secundarios, al tiempo que señaló una baja del 40% en el poder adquisitivo de los universitarios que perciben el aporte básico del plan.

Los datos resultan de un exhaustivo mapeo del derrotero del Progresar en tres niveles –cantidad de titulares, inversión social y monto de la prestación– elaborado por el Centro de Estudios Ciudad (CEC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA al que tuvo acceso Tiempo. El trabajo releva las estadísticas oficiales desde la implementación del programa hasta fines de 2018 (los últimos datos oficiales consolidados corresponden al trimestre final del año pasado), pero también plantea la proyección para 2019 de acuerdo con las partidas asignadas en el Presupuesto.

Tras una serie de cambios dispuestos por decreto a principios de 2018 y que establecieron, entre otros puntos, categorías en el valor de la prestación, beneficiando al terciario/universitario, y ampliaron los requisitos académicos para mantener la ayuda, actualmente el programa apenas funciona como un plan de becas –de hecho pasó a llamarse «Becas Progresar»– especialmente destinado a estudiantes en el tercer nivel. La modificación significó un nuevo recorte del auxilio estatal a los sectores juveniles, que  según las estadísticas oficiales, son los más castigados por la crisis socioeconómica y el aumento del desempleo.

Los montos asignados a becas de carreras universitarias rankean entre los 1600 y 2300 pesos (están estratificadas según el año de cursada); en tanto que las terciarias van de los 1800 a 2600. Los estudiantes primarios, secundarios o que realizan cursos de formación perciben un monto de 1250 pesos.

«El plan original tenía una visión más universalista; quería llegar a los jóvenes de los sectores populares que no hubiesen terminado la primaria o la secundaria o que tuviesen dificultades para mantenerse en los niveles superiores de la educación. Con la diferenciación de valores en las becas se oficializa la voluntad de que sea un plan para universitarios o terciarios. Se refuerza el concepto del ‘pobre merecedor’, el pobre que se tiene que esforzar el doble para poder mantener la transferencia», explica la socióloga María Laura Lombardía, autora de la investigación.

Retroceso en cifras.

La evolución del promedio anual de titulares del Progresar dibuja un zigzag en descenso: se incrementa hasta 2016, empieza a caer levemente en 2017 (3%), y se reduce drásticamente en 2018 (17%) con el relanzamiento del programa en modo Cambiemos. Para 2019 se proyecta que un 22% menos de jóvenes quede cubierto por la política.

El análisis desglosado permite acercar el foco. En el primer trimestre de 2018 se produce la caída más fuerte desde la implementación del beneficio que se derrumba en un 66 % en ese período y pierde 639 mil prestaciones  (las dos terceras partes de sus titulares). 

En el segundo trimestre del mismo año, el programa repunta y alcanza a 930.257 estudiantes. Sin embargo, cae con fuerza (38 %) en el último trimestre y registra una sangría de cerca de 350 mil estudiantes. Se trata de las cifras más bajas en la historia del programa.

«El deterioro es fuerte en las tres variables analizadas: beneficiarios, monto e inversión. La cantidad de titulares crece hasta 2016 y empieza a caer fuertemente en 2017; en el camino se pierde a casi medio millón de jóvenes», sintetiza Lombardía.

El análisis del CEC establece una línea divisoria númerica y conceptual marcada por los cambios dispuestos en 2018 por Cambiemos. Además de la ayuda económica, el Progresar también contemplaba hasta entonces una red de tutores, un sistema para ayudar a los jóvenes con hijos en el cuidado de sus niños y niñas, y un enganche con el Plan Sumar para estudios y control de salud. «Con diferentes niveles de dificultad en la implementación, había una mirada de integración social. Ahora se privilegia la cuestión académica exclusivamente. Hay una interpretación individualista de los fenómenos de exclusión social», puntualiza Lombardía.

Para la investigadora, el gobierno «entiende que con una transferencia monetaria el Estado puede desligarse de su responsabilidad en las causas de las trayectorias educativas». Y subraya: «Se pretende una igualdad de oportunidades ficticia que traslada la responsabilidad en el joven de sectores populares del fracaso de su desempeño educativo; el Estado se corre porque ya dio esa beca y es el joven el que no supo aprovechar la oportunidad habiéndola tenido».

Aunque todavía no hay números oficiales consolidados de 2019, el Presupuesto de este año apuesta a continuar el ajuste: propone una meta de cobertura para 506.181 jóvenes, proporción aún menor a la alcanzada en el año de la implementación.

La inversión dibuja un desarrollo similar: en 2016 las partidas del plan disminuyeron 6% con respecto a 2015; en 2017 se acentuó la caída con una reducción del 28%; mientras que en 2018 el programa vuelve a ser víctima del recorte con un 15% menos de gasto.

Esto significa una reducción acumulada de poco menos del 50% desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri hasta el final de 2018. Para 2019 se espera que la inversión disminuya un 22%, lo que implicaría una reducción acumulada de más del 70% en términos reales desde 2016.

Hoy, concluye el trabajo del CEC, se invierte en el Progresar menos de la mitad de lo que se invertía en 2015.

Un manual para la licuación.

La falta de actualización del monto de la prestación fue una de las claves del proceso de desmantelamiento, agudizado por el progresivo aumento de la inflación que termina por «diluir» el aporte económico. Desde su lanzamiento, la prestación se incrementó dos veces: en los primeros trimestres de 2015 y 2018, respectivamente.

En 2018, el gobierno establece por primera vez incrementos diferenciales según el nivel educativo: se duplican los montos para las becas de estudiantes del nivel universitario y terciario; mientras que las destinadas a las y los jóvenes que cursan la primaria, la secundaria o asisten a talleres de formación crecen sólo un 16 por ciento.

En lo que va de 2019, los aportes no registraron ningún aumento y perdieron rápidamente el valor adquisitivo.

Al primer trimestre de 2019, las becas de niveles superiores representan el 63% de lo que constituían en 2015; mientras que las becas para primaria, secundaria y talleres representan el 34 por ciento.

«Ya a fines de 2017, el monto de la prestación equivalía a menos de la mitad de lo que representaba en 2015; los jóvenes podían comprar menos de la mitad de materiales y pagar menos de la mitad de los boletos para viajar a la escuela. En términos políticos, una de las maneras menos costosas de desactivar un programa de transferencia monetaria es no actualizarlo», concluye Lombardía. «