El impacto de la política económica en el bolsillo de los argentinos. El poder de compra de trabajadores y jubilados se derrumbó tras la suba en servicios y alquileres, y aumentó el consumo de alimentos de menor calidad nutricional.

El sector que ha soportado la mayor erosión es el de los empleados públicos nacionales, quienes culminaron 2025 con una pérdida real del 33% de su poder de compra respecto a fines de 2023. Una situación similar, aunque menos extrema, afectó a los trabajadores del sector público provincial, que cerraron el mismo período con una merma del 6.5%.
En el ámbito privado formal, la situación no fue mucho más alentadora. Los asalariados registrados terminaron 2025 con un ingreso real prácticamente estancado en los niveles de noviembre de 2023, lo que se traduce en una pérdida anual del 1.5% al comparar los promedios de 2025 y 2023. El congelamiento efectivo de sus salarios contrasta con la dinámica alcista de los precios clave de la economía.
Uno de los factores que más ha presionado a la clase media y a los sectores populares es la explosión en los costos de vivienda y servicios. La derogación de la Ley de Alquileres provocó un salto inmediato, llegando a consumir hasta el 73% de un salario promedio a mediados de 2024, estabilizándose luego en un nivel aún alto, un 45%, muy por encima de los promedios históricos.
Paralelamente, las tarifas de gas y electricidad en el AMBA alcanzaron, tras las correcciones implementadas, niveles récord en relación a los ingresos, equiparables a los registrados durante la Convertibilidad. Este aumento masivo en los servicios públicos constituye una de las mayores transferencias de ingresos desde los hogares hacia las empresas prestadoras.
El transporte es otra categoría que ganó un peso sin precedentes en el bolsillo de los argentinos. La combinación de boletos y combustible, denominada «canasta de movilidad», alcanzó una participación récord respecto del salario, limitando aún más la libertad de gasto de las familias y encareciendo la vida en las ciudades.
Este cambio estructural en la composición del gasto familiar ha alterado profundamente los patrones de consumo. Mientras artículos como la indumentaria o los equipamientos del hogar quedaron rezagados, los recursos se destinaron forzosamente a cubrir necesidades básicas y reguladas, cuyo precio se disparó.
El impacto es palpable en la mesa de los argentinos. La capacidad de compra de alimentos esenciales como carne, lácteos y café se redujo drásticamente. Con un salario promedio, hoy se puede adquirir casi un 30% menos de café y un 13.7% menos de carne que antes del cambio de gobierno.
En contrapartida, el acceso a harina, fideos, arroz y azúcar aumentó significativamente, en algunos casos superando el 120%. Este fenómeno señala una sustitución regresiva hacia una canasta más accesible pero de menor calidad nutricional, con consecuencias sociales y sanitarias a mediano plazo.
Entre los adultos mayores, los resultados son dispares. Los jubilados que perciben solo el haber básico experimentaron una mejora real del 9.3% hacia fines de 2025. No obstante, aquellos que cobran el haber mínimo con un bono complementario sufrieron una pérdida del 7.5%, evidenciando la inconsistencia de las políticas de asistencia.
El panorama se completa con la única mejora sostenida y deliberada de la gestión: la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este programa se constituyó en la excepción dentro de un escenario generalizado de pérdidas, siendo el único de los seis grupos analizados que mejoró su poder de compra al comparar los ingresos reales anuales de 2023 y 2025.
El conjunto de datos revela así una economía donde la moderación inflacionaria no se tradujo en bienestar. Por el contrario, se consolidó un modelo donde los salarios perdieron terreno frente a tarifas, alquileres y servicios, empobreciendo la dieta y comprometiendo el futuro de la mayoría de los trabajadores, mientras se profundizaban las desigualdades en el acceso a bienes esenciales.
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