Ajuste, y también endeudamiento; por Carlos Heller

La frase sorprendió hasta a los más desprevenidos: “No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla.” Surgió del presidente Mauricio Macri y pareció una afirmación de principios. Pero todos se preguntan: ¿Es el mismo Macri que dirige el gobierno que se ubicó en el primer lugar entre los países emergentes que más se endeudaron? ¿Es el mismo que hace nueve meses endeudó al país con un bono en dólares a cien años a una tasa altísima del 7,125% anual? (Aunque esta colocación no vulnera la frase: esta deuda no la pagarán nuestros hijos o nietos, sino nuestros tataranietos y sus descendientes).

Es la misma persona. Entonces, ¿cambió su discurso, su forma de pensar? Creo que no. Creo que con esta frase intenta convencer a los ciudadanos de la necesidad de una importante reducción del gasto público, para que el gobierno no tenga que endeudarse tanto. Tal como lo pide el FMI y los economistas ortodoxos. Por las dudas, los funcionarios macristas se cuidan de explicar que parte de ese déficit fiscal se produce por los menores ingresos provenientes de las reducciones de tasas o la eliminación de impuestos a los sectores más concentrados de la economía.

Mientras tanto, se propone endeudar al país por más de U$S 30 mil millones durante este año. Eso sí, lo dijeron sus funcionarios, la mayor parte de este endeudamiento será en moneda local. Pero el jueves pasado se autorizó al Ministerio de Finanzas a endeudarse por U$S 15 mil millones.

Más aún, Finanzas colocó ese mismo jueves (ya estaba previsto) unos U$S 9000 millones, la mayor parte a 10 años (al 6%) y a 30 años (al 6,95%). Tasas elevadas para el actual contexto internacional y por plazos prolongados. El ministerio recalca que la propuesta de los inversores ascendió a U$S 21.400 millones: no era para menos, no se consiguen estos rendimientos en otro país del mundo. Una reflexión: ¿Pagarles a los buitres todo lo que exigieron no tenía por objeto poder financiarnos a tasas bajas? Como dijimos en su momento, sólo una excusa para justificar el proceso de endeudamiento. Más deuda que por otra parte aumenta el déficit fiscal por el pago de intereses y da excusas para intentar achicar aún más los otros gastos del Estado.

Tarifas que arrastran inflación 

Las tarifas del transporte (tren y colectivo) subirán en total un 67% durante tres momentos: febrero (la mitad de la suba), abril y julio. No obstante estos fuertes aumentos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reflexionó: “a medida que avance el año veremos si hay que hacer alguna corrección o no”. Tal comentario no debería extrañar, y la respuesta puede encontrarse en los dichos del mismo funcionario al anunciar las subas: “la actualización tarifaria es para compensar la inflación que tuvimos estos dos años”. Con lo cual, puede esperarse que las subas continúen.

Se suma además el incremento en el precio de las naftas, de entre el 5 al 7%, debido a la suba del dólar y del precio del petróleo. Sin duda, la liberalización de los precios protege a los empresarios energéticos, pero carga el costo a toda la sociedad, comenzando por la actividad productiva que ve sus costos incrementados y que luego traslada a los consumidores vía los aumentos de precios.

Todas estas actualizaciones, de tarifas y precios, recaen sobre los bolsillos de los consumidores, reduciendo su poder de compra y debilitando la demanda.

Se acentúa la liberalización

Mientras que las ventas de automotores crecieron un 22,5% en 2017, la producción automotriz, medida en unidades, bajó un 0,1 por ciento. Esta dispar evolución se explica por el aumento del 42% en la cantidad de autos importados. Es un resultado más de las políticas de liberalización comercial. Con el fin de limitar las asimetrías en el comercio automotriz entre Argentina y Brasil, en años pasados existía un acuerdo por el cual no se podía importar de Brasil más de 1,5 dólares por cada dólar exportado a dicho país. En la renegociación de 2016 se mantuvo el coeficiente, pero el plazo de cumplimiento se extendió a cinco años. De hecho, en la actualidad se están importando 3 dólares por cada dólar exportado. Con este camino, se va acumulando cada vez más para compensar en el futuro (las exportaciones argentinas de autos a Brasil podrían hipotéticamente llegar superar a las importaciones de dicho país); y el acuerdo parece de difícil cumplimiento. No sería extraño que en un futuro cercano se vuelva a modificar el acuerdo, y se termine liberando el comercio entre ambos países, en beneficio de las automotrices.

El gobierno también avanzó con la liberalización en el mercado energético. El Ministerio de Energía permitió a las petroleras importar el crudo sin autorización previa. De esta forma, la caída de la producción nacional de crudo se compensaría casi automáticamente con las importaciones. Esta conducta seguramente generará la ampliación de un déficit energético ya preocupante, pues en los primeros once meses de 2017 arrojó un saldo negativo de U$S 3100 millones.

Se continúa negociando el acuerdo Mercosur – Unión Europea (UE) que el gobierno argentino quiere cerrar cuanto antes, aunque ello implique hacer importantes concesiones. Una arista poco conocida son las implicancias del capítulo político de este acuerdo. El mismo prevé que ambas regiones establecerán “mecanismos de consulta” para impulsar iniciativas conjuntas en “organismos, foros y agencias”, con “instancias de coordinación de posiciones”. (El Cronista, 03/1/18) ¿Qué significan estas definiciones? Nuestro país diseñará su política exterior en consulta con varias instancias representativas de los países que conforman el acuerdo. De esa forma, se terminarían alineando en alguna medida las políticas externas de nuestro país con las de la UE.

Esta es una consecuencia más de un acuerdo que impactará negativamente sobre los intereses del país, incrementará los déficits comerciales con la UE, la dependencia tecnológica, y otorgará beneficios excepcionales a los grupos económicos de capitales europeos.

Los supuestos beneficios de la globalización y de la adopción de las políticas de liberalización y consolidación fiscal son cada vez más cuestionados, incluso desde los organismos internacionales que las proponen. Un estudio de tres economistas del FMI (Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri) sostiene que “los episodios de consolidación fiscal han sido seguidos, en promedio, por caídas más que por expansiones en el producto (PIB). En promedio, una consolidación (reducción del déficit fiscal) del 1% del PBI incrementa la tasa de desempleo de largo plazo en 0,6 puntos porcentuales”. Los economistas también sostienen que “el incremento en la desigualdad engendrada por la apertura financiera y la austeridad podría en sí mismo socavar el crecimiento, el objetivo que la agenda neoliberal intenta estimular”.

Este trabajo es uno más de los tantos que indican que la austeridad fiscal, más comúnmente llamada ajuste, junto con las políticas de liberalización, frenan el crecimiento económico y aumentan la desocupación y la inequidad social, tanto en el corto plazo como en el largo. Una parte de la biblioteca económica que se saltean los funcionarios macristas. «