Al fin llegó el momento: los chilenos empiezan a cambiar la Constitución pinochetista

“No son 30 pesos, son 30 años” repetían las pancartas que levantaba el pueblo chileno en el estallido de 2019. Las movilizaciones, que comenzaron por el aumento en la tarifa del transporte, rápidamente escalaron hacia una deslegitimación del sistema político institucional. El rechazo más profundo era hacia la herencia pinochetista que marcó las reglas del juego, no sólo durante la dictadura sino en la continuidad democrática, a través de una Constitución dictada en 1980 y que, con algunas modificaciones en 1989, sigue vigente.

La dictadura en Chile fue el escenario de desembarco de las ideas neoliberales en la región. El “milagro económico”, según analistas de la derecha, tuvo un impacto excluyente para las grandes mayorías. Según datos de la CEPAL de 2017, el 1% más rico concentraba el 26,5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares con menores ingresos, un 2,1%. No sólo se trata de uno de los países con mayores índices de desigualdad, sino que la Constitución de 1980 consagró un Estado subsidiario, dejando en manos privadas, derechos humanos elementales.

Dos antecedentes más importantes previos al estallido de 2019 fueron la “revolución pingüina” de 2006 y las movilizaciones de 2011, donde los estudiantes protagonizaron reclamos masivos contra el carácter privado de derechos básicos, como la educación. El levantamiento permeó rápidamente en otros sectores vulnerados, y se extendió el reclamo.

La respuesta del ejecutivo a las protestas de 2019 fue la persecución y criminalización. Se decretó un estado de excepción y toque de queda, y se desató una violenta represión. A las desapariciones y abusos sexuales se le sumaron más de 3.600 heridos y 29 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Coordinadora 18 de octubre nació para acompañar y defender a los más de 11 mil detenidos, de los cuales dos mil siguen con prisión preventiva.

En ese contexto, y frente a la resistencia de miles de chilenxs en las calles, se consensuó el llamado a un plebiscito para consultar si el pueblo aprobaba o rechazaba la promulgación de un nuevo texto constitucional. El Plebiscito Nacional previsto para abril de 2020, finalmente se realizó en octubre de ese año. La postergación, sin embargo, no pudo con el ánimo popular, que aprobó el proceso constituyente con un contundente 78 %, y se definió que la Convención estaría compuesta íntegramente por miembros electos por el voto popular.

Los desafíos de la Convención

Lxs delegadxs que formarán la Convención tendrán 9 meses para redactar una nueva Carta Magna. Se debe garantizar consenso, ya que para incluir un artículo se debe contar con la aprobación de dos tercios del total de miembros. Esta situación es compleja, teniendo en cuenta que la derecha va en bloque, y el resto se dispersa entre las 69 listas restantes. La desconfianza a partidos tradicionales llevó a una larga lista de candidatxs independientes. Esta situación plantea un escenario confuso y fragmentado.

Lo más interesante es la sostenida participación ciudadana en cabildos y asambleas regionales, que mantiene “por abajo” una sociedad politizada e informada sobre los debates y reivindicaciones que se quieren transmitir en la Convención. Será la primera del mundo con paridad de género, y 17 de lxs constituyentes pertenecerán a pueblos originarios.

“Nunca más un Chile sin nosotrxs”, sostienen los pueblos originarios, que representarán el 11% de lxs convencionalistas. Algunos de los principales debates que ponen sobre la mesa es el carácter Plurinacional del Estado y los derechos de la naturaleza.La Ley 21.200, que se sancionó en diciembre de 2019, estipula en el artículo 135 que, frente a una reforma constitucional, se deberán respetar los tratados internacionales que haya ratificado Chile. La carátula de suma urgencia que planteó el ejecutivo para discutir el Tratado de Libre Comercio Transpacífico (TTP-11) pone en evidencia las maniobras a las que se enfrenta el pueblo chileno en esta Convención. El engranaje perfecto que triangula el Poder Judicial asegura que, sin avanzar en la democratización de este poder, las reformas profundas serán difíciles de garantizar.