Al Fondo por un decreto

En el discurso de Apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei describió a la deuda pública como “esa inmoralidad que castiga a las generaciones futuras”. No obstante, sigue adelante buscando un mayor endeudamiento con el FMI. El mandatario también expresó: “Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”.

Al día siguiente, en una entrevista televisiva le preguntaron al presidente por la necesidad de que el nuevo acuerdo con el FMI fuera aprobado por el Congreso de la Nación, tal cual exige la ley vigente, y contestó: “No importa si estoy de acuerdo. Cuando vos vas a jugar un partido de fútbol, ¿cuántos son? Once. ¿Podés poner quince? ¿Cuántos arqueros podés tener? Uno. Las reglas del juego son las reglas del juego. Yo juego en la cancha que existe”. No duró mucho esta afirmación futbolera: el jueves por la noche hizo saber en un comunicado oficial, de la Oficina del Presidente, que enviaría un DNU (que no se emitió el viernes).

Horas antes, la vocera del FMI, Julie Kozack, había dedicado, en su habitual rueda de prensa, unas definiciones sobre el aspecto normativo que le daría al Congreso argentino. El verdadero significado de aquel mensaje se logró comprender recién esa noche, cuando salió a la luz el comunicado del gobierno anunciando el DNU.

Las declaraciones de la vocera pueden ser el resultado de las conversaciones que hace menos de una semana, mantuvieron de manera virtual Gita Gopinath, número dos del organismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Las palabras elegidas por Kozack fueron: “Con respecto a algunas de las cuestiones relativas a la aprobación del Congreso, tomamos nota del compromiso del presidente Milei de buscar el apoyo del Congreso para un nuevo programa respaldado por el FMI. Como hemos dicho a menudo en el pasado, una fuerte apropiación y un amplio apoyo son clave para el éxito del programa”.

Hasta ahí el FMI se mostraba a favor de las vías republicanas, democráticas. Pero Kozack agregó: “Aquí, quiero destacar, sin embargo, que asegurar el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina”. Es decir, se empezó a desentender. Es parte de la estrategia del organismo, que se manifieste a favor de un mayor apoyo político y social, para tratar de que los programas acordados, o diseñados directamente por el organismo, aparezcan bajo la forma de una propuesta hecha por el país en cuestión.

Una violación a la ley y una degradación institucional

Para comprender la gravedad institucional que tensiona la vigencia de la República, debemos remontarnos al año 2021. En aquella ocasión fue el propio Congreso que sancionó la Ley 27.612 de “fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública”, en cuyo artículo 2, dice: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Ahora, el gobierno busca esquivar al Congreso porque sabe que el acuerdo que se está negociando generará un fuerte rechazo. Por eso se pergeñó este vericueto contable de pretender que no se viola la Ley, porque no se trataría de “nuevo endeudamiento”, sino de una “refinanciación” de la deuda existente. Incluso, sería un mero cambio de manos, es decir de acreedores.

Sustituir deuda que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central, una deuda intraestatal, y decir que es de igual naturaleza que el endeudamiento con el FMI no resiste mucho análisis. El cambio de acreedor no es menor, por varias razones. Por un lado, los títulos intransferibles del Tesoro que se canjearían, tienen una tasa idéntica a la que devengan las Reservas Internacionales, y que osciló por debajo del 3% anual en dólares durante el año pasado. El préstamo con el FMI tendría un costo del 6,5% anual (la tasa más los sobrecargos a los cuales se pagaron los intereses en febrero pasado). Es mucho más caro. Además, en el caso de la deuda intraestatal, el Tesoro puede colocar un nuevo título para pagar los intereses. En el caso del FMI, los intereses se pagan sí o sí, porque si no comienzan los plazos para entrar en default. En resumen, pasar a deberle dólares al Fondo implica una significativa mayor vulnerabilidad para la Argentina.

La historia de la deuda externa demuestra que el país cae en una encerrona con este tipo de acuerdos que terminan en una crisis. Tras la perjudicial deuda contraída por Mauricio Macri con el FMI –originalmente sería por un monto de U$S 57.000 millones, a todas luces injustificado e imposible de pagar–, el Parlamento sancionó la ley de sostenibilidad de la deuda pública.

Volviendo al mecanismo del DNU, aquí juegan las matemáticas parlamentarias. Cabe recordar que para que un DNU deje de tener vigencia, se requiere el rechazo explícito de ambas Cámaras, es decir, debe perder la votación tanto en Diputados como en Senadores. Si una cámara lo aprueba, es suficiente. En cambio, una ley que se debata en el Congreso y trate el acuerdo con el Fondo, si es rechazado en una de ellas, se cae. Viene a la memoria la Ley 27.668, de marzo de 2022, que aprobó el Programa de Facilidades Extendidas, gestionado por el gobierno anterior y que verdaderamente no generó más deuda, sino que renegoció la que dejó Macri. Un acuerdo del cual conviene recordar que el primer pago se realizará en septiembre de 2026 por unos U$S 780 millones, unos U$S 333 millones en diciembre, y luego hay pagos que se distribuyen hasta el año 2033.

Las avanzadas sobre las instituciones de la República van siendo una constante de este gobierno, como el no tratamiento del Presupuesto nacional; el nombramiento por decreto de miembros de la Corte Suprema; y ahora pretender sortear la legislación para volver a endeudar a los argentinos con el FMI. Todas cuestiones que ratifican la propensión del presidente Milei de avanzar más allá de lo que la Constitución establece respecto de la división de poderes. Y cuando este equilibrio se rompe, se pone en peligro la democracia.

De una vez por todas es preciso que la oposición, en sus distintas versiones, unifique los dichos con los actos. No se pueden seguir haciendo discursos criticando un proyecto del Ejecutivo y después decir “pero lo eligió la mayoría de la ciudadanía, entonces hay que darle la herramienta” y votarlo afirmativamente. El Congreso no es una entelequia, responde a las transformaciones y expresiones de la sociedad. Por eso, tiene que haber una respuesta ciudadana que genere una composición del Congreso para habilitar una alternativa política que ponga un límite al agravio a las instituciones de la democracia, y permita recuperar un rumbo de crecimiento económico con inclusión social y solidaria para el país. «