Todas fallecieron en condiciones violentas en Vitória, capital del estado Espíritu Santo, desde el sábado, cuando la policía militar inició una huelga en protesta por la falta de inversión en materia de seguridad.
«El gobierno (de Espírito Santo) viene tratando la seguridad con desdén, está precarizando los servicios, no invierte en seguridad y no da valor al personal», dijo hoy a EFE el presidente del Sindicato de Policías Civiles estatal, Jorge Emiliano Legal.
En los últimos tres días ha habido un aumento en los crímenes principalmente de «homicidios, robos y hurtos», que derivó hasta esta tarde en 75 muertes, récord histórico para Vitória en febrero, añadió Legal.
Según el dirigente sindical, la ciudad vive un «verdadero caos» en materia de seguridad y los habitantes están «nerviosos» ante los asaltos que se han producido desde que los agentes decidieron ir a la huelga.
Desde el sábado, familiares de los policías militares, que exigen una mayor inversión para garantizar el buen ejercicio de sus funciones así como un «reajuste salarial», se manifestaron e impidieron la salida de los agentes de sus cuarteles.
Los familiares de los policías militares encabezan la protesta porque los agentes tienen estatus de soldados y el Código Penal Militar brasileño castiga con una condena de hasta dos años de prisión su participación en huelgas o manifestaciones.
El Ministerio de Defensa autorizó el envío de las tropas militares «para garantizar la ley y el orden» en la ciudad respondiendo a una petición del gobernador.
«Quiero resaltar la determinación inflexible de restaurar y recuperar la normalidad (por parte del gobierno); estoy seguro de que con el apoyo de las fuerzas locales, estaremos en las calles para garantizar la integridad de las personas y las propiedades», dijo el ministro de Defensa, Raul Jungmann, en rueda de prensa.
Jungmann informó además que 200 soldados ya patrullaban las calles de Vitória y se esperaba que llegaran 1.000 agentes más entre miembros de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía de carácter federal, y del Ejército brasileño.
Para el sindicato, esta decisión constituye un «paliativo» que «no va a resolver el problema de la inseguridad» ya que el combate al crimen solo puede ser efectivo si se invierte en la «reestructuración del cuerpo y en recursos humanos».
«Va a ser un paliativo porque (el Ejército) tendrá que volver un día a los cuarteles y el crimen seguirá entonces libre para actuar», aseveró Legal.
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