Al servicio del extractivismo

Por: Daiana Melón

Al ocupar la presidencia anual del Foro del G20, Argentina debió fijar las prioridades a abordar en el marco del encuentro y una de ellas la de «infraestructura para el desarrollo». En el comunicado sobre la «Visión de la Presidencia Argentina G20» se plantea la necesidad de invertir en obras de infraestructura para impulsar el crecimiento y la productividad y para ello, sostienen que el principal desafío es atraer la inversión privada «para cerrar la brecha global».

Este interés en avanzar en grandes obras «de conectividad» no es novedoso. Desde la década de los ochenta, con el desarrollo de las cadenas globales, la infraestructura comenzó a ocupar un lugar clave en las discusiones vinculadas al desarrollo. A comienzos del nuevo siglo, el por entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias García, presentó en la Cumbre de Presidentes de América del Sur el documento base de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que tenía por objeto conectar los grandes centros productores de commodities de la región con los mercados internacionales. Así, comenzaron a impulsarse carreteras, puertos e hidrovías, con el fin de facilitar y agilizar el tránsito de mercancías hacia las economías centrales.

Con la creciente presencia china en la región, la infraestructura se colocó en el centro de las discusiones económicas. Conectar los centros productivos, sobre todo los brasileños y argentinos, con los mercados chinos se convirtió en una prioridad. Tal es así, que para los próximos años se estima que las Inversiones Directas Extranjeras (IDE) del gigante asiático en la región, que se destinarían a infraestructura, alcancen los 250 mil millones de dólares.

Sin embargo, lo que se oculta tras las visiones de desarrollo que se impulsan desde estas iniciativas es que este tipo de obras de infraestructura no están diseñadas para beneficio de las comunidades y los pueblos que habitan estos territorios, sino que ayudarían a profundizar la reprimarización de las economías sudamericanas y su dependencia de los mercados mundiales.

Frente a ello y al grito de «No pasarán», «El agua vale más que el oro» y «Paren de fumigarnos», entre muchas otras consignas, las asambleas, movimientos sociales y ecologistas de esta región del continente vienen enfrentando y resistiendo los embates del modelo extractivo que saquea y envenena territorios. Son ellos y ellas quienes han logrado frenar el ingreso de megamineras, el desarrollo de carreteras, represas hidroeléctricas y centrales nucleares; y son quienes luchan porque Latinoamérica no se convierta en una zona de sacrificio. «

*Investigadora becaria de la
UNLP – Licenciada en
Comunicación Social (UNLP). Integrante del Colectivo Tinta Verde