Alarma por la pérdida de derechos en el traspaso de cajas previsionales a Nación

La «armonización» de las cajas previsionales de las provincias con el ANSES genera alarma y preocupación entre los docentes y estatales bonaerenses, y también de las otras jurisdicciones cuyos gobernadores aún no adhirieron a la ley de Reparación Histórica. La transferencia significaría un retroceso en los derechos adquiridos de jubilados y futuros jubilados por implicar un cambio en la edad jubilatoria, la movilidad y el cálculo de haberes y la cantidad de años de servicio, entre otros puntos.

La Ley 27.260, aprobada en 2016, estableció que la Nación debe arribar a un acuerdo con las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la órbita nacional. El objetivo es llegar a un sistema único en todo el país y dejar de financiar las cajas jubilatorias que son deficitarias. Aunque el plazo final para concluir con la «armonización» es de cuatro años, el Ministerio del Interior y la ANSES comenzaron a intimar a las 13 provincias que aún no lo hicieron. El miércoles pasado estaba prevista una reunión clave con los ministros de Economía de cada una de esas jurisdicciones, pero fue suspendida hasta después de las elecciones.

El caso de Buenos Aires es paradigmático, ya que el Instituto de Previsión Social (IPS), del que dependen alrededor de 310 mil jubilados y pensionados, es superavitario. La sustentabilidad está basada en la relación entre activos y pasivos: por cada jubilado hay 3,25 trabajadores en actividad que aportan. Según datos oficiales, el organismo tiene hoy 262.800 jubilados: 132.470 docentes; 64.285 jubilados estatales provinciales; 59.773 municipales y 6272 jubilados del Servicio Penitenciario. El resto corresponde a pensiones. 

En 2016, el IPS terminó el año con un saldo a favor de 2552 millones de pesos, de los cuales 1900 se colocaron en Letras del Tesoro, un recurso al que echó mano también la gestión de Daniel Scioli para cubrir el rojo de las cuentas provinciales. El organismo ya lleva acumulados 12.474 millones en bonos que vencerán en diciembre.  

La ley de jubilaciones provincial incluye mejores condiciones que el régimen nacional. Con el actual régimen provincial, por ejemplo, un docente accede a la jubilación ordinaria a los 50 años, mientras que en ANSES la edad es de 60 para mujeres y 65 para hombres (y hay intenciones de subirla más). El mínimo de aportes en la Provincia es 25 años y en ANSES de 30; para el IPS se establece como mejor cargo los tres mejores años consecutivos o cinco alternados de la carrera docente, para ANSES los últimos diez años trabajados. Además, la jubilación puede ir del 70 al 85% del sueldo en actividad, mientras que en ANSES no más del 52,5% con 35 años de aportes. 

Los perjuicios alcanzarían también a los que ya están jubilados: hoy, cada vez que el gobierno y los gremios acuerdan una suba en paritarias, se traslada automáticamente a los pasivos. En ANSES, la suba es fijada por el Ejecutivo dos veces al año.

Aunque fuentes oficiales negaron que haya intención de adherir a la armonización, los gremios docentes y estatales están en alerta porque entienden que ya hay políticas del gobierno de María Eugenia Vidal que tienden a desfinanciar el IPS y porque aún no hubo un pronunciamiento público de la mandataria. La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (FEGEPPBA) pidió una audiencia con el ministro de Economía, Hernán Lacunza. «Los gremios estatales estamos sumamente preocupados por lo que puede pasar con nuestro IPS porque no es deficitario, da superávit, y porque estamos en contra del sistema nacional», dijo a Tiempo Jorge Baldovino, secretario gremial de la Federación, y apuntó que el congelamiento de la planta estatal y la celebración de contratos autónomos que aportan a ANSES y no al IPS conspiran contra la caja provincial. «En un año la proporción de activos y pasivos podría ser 3 a 1», advirtió. 

El Frente Gremial Docente también expresó su rechazo. El director gremial del IPS por el gremio SUTEBA, Marcelo Tolosa, consideró que «es una de las pocas cajas superavitarias y no debería haber ningún principio de armonización», y agregó que «si hay una modificación debería ser por ley y, como el IPS no tiene déficit, sería bastante complicado poder justificar el cambio». 

Críticas en Santa Fe y Neuquén

Santa Fe y Neuquén también están en la lista de las provincias que aún no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. En ambas hay resistencia de los trabajadores y el tema se metió también en la campaña electoral. 

Los gremios estatales santafesinos agrupados en la Comisión Intersindical del Sector Público de la Provincia (CISeP) se declararon en estado de alerta y pidieron una audiencia al gobernador Miguel Lifschitz, quien de todos modos defendió la Caja de Jubilaciones de la provincia y dijo que la armonización «es absolutamente inviable en Santa Fe». 

En Neuquén, en tanto, la CTA Neuquén realizó un paro con movilización el último miércoles para rechazar el traspaso del Instituto de Seguridad Social de Neuquén y marcarle la cancha al gobernador, Omar Gutiérrez. “Hay una diferencia entre armonización y privatización. Acá estamos quienes vamos a defender la caja de las jubilaciones antes y después de las elecciones”, dijo el titular de esa central, Carlos Quintriqueo. Y agregó: «No vamos a permitir que Cambiemos se lleve nuestro sistema previsional, con la excusa del déficit». «