La irrupción de la pandemia del coronavirus sorprendió a algunas personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires sin un sitio donde refugiarse, ya que existen sólo unos 3.700 lugares para más de 7 mil personas, al tiempo que organizaciones del sector denuncian un caso positivo en un centro comunitario, que llevó a la Justicia a ordenar ayer una acción «urgente» para evitar un contagio masivo en ese espacio.
El caso de Covid-19 se registró en una persona en situación de calle alojada en el Centro de Integración Complementario Ernesto «Che» Guevara de la organización Proyecto 7, que acudió a la justicia y logró un amparo para que el gobierno porteño actúe «de manera urgente» en ese centro. La presentación fue realizada al constatarse que uno de los habitantes de ese lugar diera positivo al virus SARS CoV 2 y fuera derivado al hospital Penna.
«El hacinamiento en que viven sus residentes no permite el aislamiento de sus habitantes», dice la presentación que tomó la Defensoría N°1 del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad. También refiere que, en cumplimiento de los protocolos, personal del Gobierno de la Ciudad fue al lugar y al constatar que ninguna de las personas presentes tenía síntomas, informó «a los coordinadores del centro que, en caso de detectarse alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad en alguno de los sujetos que se encuentran en el dispositivo, deberían aislarlo, colocarle un barbijo y poner en conocimiento al 107».
Esta respuesta no fue suficiente para los responsables del centro, que pidieron que se brinde test PCR «a la totalidad de personas que residen en el Centro, así como también a las que allí trabajan». El juez Martín Furchi, a cargo del juzgado de 1era. Instancia en lo Contencioso N°16, ordenó ayer al Gobierno de la Ciudad que «arbitre -en forma urgente- los medios necesarios para prevenir, detectar y evitar el contagio y propagación del virus SARS CoV 2 (COVID 19) entre los asistentes y residentes» de ese centro, según un fallo al que accedió la agencia Télam.
Desde Proyecto 7 señalaron que en ese centro viven unas 35 personas, entre las que en este momento hay una menor de edad. «La situación de las personas en la calle es mala desde hace 25 o 30 años, ningún gobierno nos dio una solución, lo que hace esta pandemia es visibilizar esta problemática», dijo Horacio Avila, titular de Proyecto 7.
Las personas en situación de calle llegaban a 7251 en 2019, según el último censo popular realizado por organizaciones. De ellas, según informaron, 5.412 no tenían acceso a paradores, ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad. Pero ahora dado el impacto económico de la pandemia en los trabajos informales y el cierre de comedores, «se estima que ese número se incrementó en un 30 por ciento, con lo que resulta insuficiente la cantidad de paradores y dispositivos para albergarlos», dijo Avila.
El gobierno de la Ciudad anunció hace una semana la apertura de paradores durante 24 horas para que puedan refugiarse por una noche las personas en situación de calle, totalizando una plaza para 2800 personas. La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, explicó que esta apertura se realiza «para evitar que esta población estuviera entrando y saliendo».
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) piensan que esta medida «da una solución de emergencia» ya que «están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud». Rosario Fassina, coordinadora de ACIJ, dijo a Télam: «pedimos que se garantice una solución habitacional alternativa y que se tramite un subsidio habitacional ante la emergencia que plantea el coronavirus. Pese a que abrir los paradores las 24 horas es una medida positiva, decimos que es insuficiente, porque sólo garantiza una plaza para 2.800 personas cuando el último censo popular dio más de 7.200 el año pasado y estamos seguros de que se incrementó».
Fassina destacó que «históricamente las políticas hacia la gente en situación de calle estuvieron vinculadas con la inmediatez como las políticas de paradores y de viandas, no hubo una solución estructural. Mostrar un número menor de personas que viven en la calle es no sólo tratar de ocultar el problema sino destinar menos presupuesto hacia ellas».
Tras la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre del 2010, la Legislatura porteña sancionó la Ley 3706, de Protección Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Esta norma fue vetada en dos oportunidades y recién entró en vigencia a partir de agosto del 2013.
Respecto a la protección en esos centros, Avila destacó que el gobierno porteño sólo emitió un protocolo que indica que «en la medida de las posibilidades» se instrumente las disposiciones de seguridad ante el Covid-19, planteó. Y aseguró: «dice en las medidas de las posibilidades y esto es algo que hay que hacer si o si, porque hay riesgo de contagio. No podemos lograr que las personas alojadas cumplan el aislamiento ni evitar que se vayan del Centro con probables síntomas, necesitamos presencia de alguna autoridad de seguridad». Para el director de Proyecto 7 el gobierno de la Ciudad “debería haber puesto paradores las 24 horas desde el 2013″, cuando entró en vigencia la Ley 3706.
