Alberto Fernández tras el fallo de la Corte: «Los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes»

En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios.

No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de “feudos” a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas.

La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna.

En síntesis, la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicados en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición.

Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes,  avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía de las provincias y va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado.

El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la Patria preservando los intereses de sus amigos políticos o empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su Constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo.

Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes.

Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos.

La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de que razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura. Por qué dictaron el beneficio del 2×1 a los genocidas. Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación.

Se trata del mismo Poder Judicial que persigue de forma sistemática a la Vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático.

Además de desconocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes. Ayer mismo, unas horas antes de esta decisión, el presidente de la Corte suprema hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria.

Quiero decirle dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, ni facultades, ni conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso de la Nación y que denunciamos ante el Poder Judicial que sigue sin investigarlo.

La democracia cruje cuando no hay justicia.

La reforma del poder judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia y por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la Justicia Federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos. Tenemos que conseguir las mayorías necesarias para poder llevarlo adelante. Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la república.

Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando en el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas, y se  abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos.

Quiero anunciales que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo.

He hecho de la defensa del federalismo uno de los pilares de mi gobierno. Este es un país profundamente federal por su historia y su constitución pero el poder central, económico, político y judicial sigue tratando de imponerse sobre los pueblos que en cada provincia quieren definir su vida y su destino.

Esta decisión de la Corte Suprema vuelve a hacerlo. En el mismo marco del respeto al federalismo y la autonomía, desde el gobierno nacional vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos.

Un sector de la política y el poder económico apañado por esta justicia está creando grietas en nuestra democracia, que cumple cuarenta años.

Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los ochenta para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso.

Quiero ser muy claro. Para nosotros y para todo el pueblo argentino la justicia es un valor fundamental, es un pilar de la sociedad libre e igualitaria que deseamos, la justicia es un acto reparador. Creemos en la justicia.

Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y hasta suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años de una vez y para siempre.

Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca, de alzar nuestras voces en todo el país para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia.