Alejandro Slokar: «La batalla cultural es una guerra declarada a la vigencia de los Derechos Humanos»

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar es un magistrado que desde hace más de 40 años trabaja en el Poder Judicial y posee además una valorada carrera como académico del derecho penal en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata. Es un magistrado comprometido con la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por el acceso de los sectores populares al servicio de los tribunales. Desde ese lugar afirma que, en la actualidad, desde el poder político se ensaya como batalla cultural lo que es en realidad “una guerra declarada contra la vigencia de los Derechos Humanos”, y define al negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado como “un afirmacionismo” de la doctrina de seguridad nacional que va más allá de “un mero historicionismo”.

En una entrevista con Tiempo Argentino, el magistrado afirmó que en la actualidad, con decretos y resoluciones ministeriales, “se están violando las tres leyes en base a las cueles se construyó el consenso democrático, que son la Ley de Seguridad Nacional, la de Defensa y la de Inteligencia”, con el propósito de favorecer “un patrón de acumulación y reestructurar un todo socioeconómico” como se hizo en los tiempos de la última dictadura cívico militar.

Slokar mantiene además un buen vínculo con el Papa Francisco, quien afirmó que la misión de los juristas es “contrarrestar la irracionalidad punitiva”. Desde esa concepción se manifestó en contra de bajar la edad de imputabilidad como “un ensayo de perversión jurídica” y alertó además que si el Gobierno nacional decide abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU correrá a Argentina “del mapa civilizatorio”.

–Días atrás dijo que había que activar “un sistema inmunológico para salvar a la democracia”. ¿Es algo que le compete también a las instituciones y al Poder Judicial?           

–No es sencillo sintetizarlo a un análisis frente a los dispositivos de la época que se ensayan como una «batalla cultural» pero que en realidad son como una guerra declarada a la vigencia estricta de los Derechos Humanos. Ese es el punto de partida. Existe una suerte de reestructuración de las condiciones predemocráticas. Vivimos una burda remake de la doctrina de seguridad nacional. Algo que va más allá de la última dictadura cívico militar y repone las condiciones similares al onganiato, al amparo de cierto ropaje que encubre una idea de futurismo. Lo que se ensaya es una vuelta de tuerca a la violencia política ejercida desde el estado.

–¿En qué se basa esta concepción?

–Tomemos sólo por empezar los decretos del diciembre del año pasado, el 1107 y el 1112. Son normas que habilitan la fusión de la defensa nacional y de la seguridad interior. Es la militarización de la sociedad por la vía de la construcción de un enemigo interno, que puede ser la población indígena o algún grupo político. Es una reposición de lo que originó en la última dictadura cívico militar.      

–¿Estamos claramente ante un cambio de paradigma?

–Parece que los conflictos internos van a ser abordados al amparo de una definición vaga, imprecisa que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas. Es algo ineficaz e ilegítimo. Estamos ante la violación de las tres leyes en base a las cuales se construyó el consenso democrático: la Ley de Seguridad Interior, la de Defensa y la de Inteligencia. Por la vía de estos dispositivos, que incluyen resoluciones ministeriales y protocolos antipiquetes, se habilita la negación del derecho a la protesta social pacífica.

–¿Esto responde a un patrón económico?

–Lo que se intenta poner nuevamente en vigencia es un patrón de acumulación que es la reestructuración de un todo socioeconómico. Es lo que se modificó con la última dictadura militar. Como entonces, se intenta modificar un modelo inclusivo de sustitución de importaciones y su reemplazo por un modelo exportador que tiene por referencia la financiarización, la dolarización y la toma de deuda.

–¿Es una reversión del pasado?

–Sí. Pero ni siquiera es un negacionismo, se trata de un  afirmacionismo; la reivindicación y exaltación de lo que se califica como “excesos de guerra”.

–¿El negacionismo es en definitiva una reversión del pasado que apunta hacia el futuro?   

–No es un mera forma de contar la historia. Hay una reposición de un cuadro que remite al genocidio que se ejecutó entre 1976 y 1983. Por eso, y volviendo a la primera pregunta, es que bajo esas condiciones, debemos encender las luces de alarma. Si no aprendimos de aquella experiencia (la de los años ’70) estamos ante la vía de una reposición de la violencia del Estado terrorista.    

–¿Esa batalla cultural se da hoy en día en los tribunales?

–Nada de lo que hubiera pasado en Argentina en los tiempos de genocidio hubiera sido posible sin jueces que hubieran abjurado de la Constitución. Hubo una segunda generación de magistrados que surge tras el juicio a las juntas y los fallos que habilitaron la realización de los juicios de lesa humanidad. ¿Alcanza con eso? Creo que hay desafíos que esta judicatura debe emprender si no quiere claudicar. El Poder Judicial tiene que tener un rol más activo en defensa de los derechos y las garantías porque está en juego la vigencia de la democracia. 

-¿El Gobierno está desactivando organismos de investigación sobre los delitos de lesa humanidad. ¿Cree que esto puede poner en riesgo la continuidad de los juicios de lesa humanidad? 

-Puede ser que haya una fragmentación en virtud de la ausencia de una política que nos diga cómo se debe continuar y puede que se dé un cuello de botella. Pero en términos jurisprudenciales no hay ningún retroceso. Es cierto que la comisión interpoderes no se reúne hace algún tiempo y se perdió el impulso inicial que tuvieron los juicios. Pero el deber imperativo de juzgar los delitos de lesa humanidad se mantiene.

–¿Qué implicaría que Argentina se retire del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

–Ante todo es correrse del mapa civilizatorio. Es descolgarse del mundo civilizado. Por ahora no se insinúa un corrimiento del sistema interamericano. El Gobierno concurre a las audiencias de la CIDH. Pero la amenaza de irse del Consejo de DD HH de la ONU es algo grave.

–Voceros del Ejecutivo deslizan que al menos uno de los pliegos de los candidatos a la Corte podrían designarse por Decreto si no resultan aprobados por el Senado. ¿Qué implicaría la concreción de una medida como esa?

-Estaríamos asistiendo a un funeral democrático. No se pueden designar jueces por decreto. Son globos de ensayo que obligan a encender alarmas. Eso se debe en parte a la crisis generada por la composición mínima de una Corte con tres nombres. Además, es el único