La causa es por un soborno de u$s 35 millones de la empresa brasileña Odebrecht para construir la Carretera Interoceánica.

La decisión fue tomada por el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Suprema Nacional de Justicia Penal Especializada, convirtiéndolo en el primero de los cuatro exmandatarios peruanos investigados por este caso en ir a la cárcel para cumplir una sentencia.
En el veredicto se señala que el expresidente se «coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado».
La magistrada Inés Rojas Contreras, del Segundo Juzgado, resolvió que Toledo fue parte de una concertación que favoreció a Odebrecht con la adjudicación irregular de la licitación, y aceptó el reclamo de la fiscalía.
Toledo se convierte en el segundo ex presidente del país andino condenado por corrupción, ya que el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) fue el primero en recibir sentencia por corrupción en el año 2009.
La medida judicial contra Toledo, de 78 años, fue tomada a pesar de que durante una audiencia el miércoles pasado alegó que es «inocente». El ex mandatario aseguró: «Nunca hice ningún arreglo con el señor (Jorge) Barata», exjefe de Odebrecht en Perú, para otorgar una licitación a la empresa brasileña de manera irregular.
En la audiencia, el exjefe de Estado había pedido además a los magistrados tener en consideración que tiene «un cuadro de salud muy complicado», ya que padece de cáncer y de problemas en el corazón.
Toledo llegó a territorio peruano en abril de 2023, luego de que las autoridades de los Estados Unidos aprobaran su extradición.
El Poder Judicial peruano tiene una semana muy activa y este martes retomará, en otra sala penal, el juicio contra Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija de Alberto Fujimori, acusada de los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica en el llamado Caso Cócteles, que también involucra a pagos irregulares de Odebrecht y por el que la Fiscalía solicitó 30 años de prisión.
alg con Xinhua y Sputnik
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