Alertan que el Ministerio de Educación porteño no garantiza el derecho de niñas y niños a la Ley Nacional de Convivencia

Ni titulares ni interinos: en un híbrido. Sin estabilidad laboral ni antigüedad en el área, sin concursos ni suplentes, y con la incertidumbre latente, cada año, a que no le renueven el contrato. Así, se encuentran decenas de profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y sociólogos, que trabajan para la cartera educativa porteña. Pero no son solo profesionales que cumplen con su tarea y se van. Su trabajo es constante y tiene un rol protagónico dentro de la formación de las escuelas y la comunidad educativa.

En la Ciudad de Buenos Aires, hay alrededor de 1000 establecimientos educativos de gestión estatal que contiene a todos los niveles y modalidades: jardines de infantes, primarios, secundarios, escuelas artísticas e institutos de formación. Cada comunidad educativa tiene el derecho y la obligación de implementar los principios básicos de convivencia, con el objetivo de evitar la conflictividad social en las instituciones educativas y garantizar la participación democrática dentro de cada escuela. Estos principios están regidos en la Ley Nacional 26.892 y todo el peso de esta responsabilidad descansa en los hombros de apenas 36 trabajadores precarizados, para las mil escuelas mencionadas.

Los profesionales se encuentran dentro del Equipo de Promoción de Vínculos Saludables (EPVS), perteneciente a la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo del ministerio de Educación porteño, un organismo conformado en 2012 y que, desde entonces, el gobierno de la Ciudad lo mantiene en la ilegalidad. «Durante la pandemia y con la presencialidad en las aulas porteñas, tuvimos un estallido de demanda en las escuelas de cerca del 1000%, debido a todo lo que sufrió la comunidad educativa en este contexto», cuenta a Tiempo el Licenciado y profesor en sociología, Matías Súcari, trabajador y delegado del EPVS. «Nuestra precarización laboral y la negativa del ministerio porteño de contratar mayor cantidad de profesionales porque somos muy poquitos, deja en evidencia que la Ciudad no garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a la ley Nacional de convivencia», agrega Súcari.

La formación de los estudiantes como ciudadanos democráticos, que deben conocer sus derechos  de participación dentro de las escuelas: votar y elegir a sus representantes, delegados, y todo lo vinculados su formación como sujetos de derecho, promoviendo la formación crítica ciudadana y sus capacidades de vincularse solidaria y democráticamente; se encuentran entre las tareas que lleva adelante este grupo de profesionales. Ellos trabajan acompañando a las escuelas, donde todas las voces (niños, docentes, familias, auxiliares y directivos) sean escuchadas y tenidas en cuenta.

«Nos demandan de todas las escuelas y hay que dar respuestas, pero la verdad que ya no damos abasto», agrega Matías. Todo indica que mantener en la precarización absoluta durante 9 años a este sector, y la negativa a incrementar la cantidad de profesionales, es toda una decisión política que va en contra de la formación y participación democrática de los estudiantes. Este es el único equipo dentro del ministerio de Educación porteño, que está precarizado a este nivel en una planta transitoria docente. La Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo, dentro de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, está a cargo de Sofía Torres Zavaleta que, por orden de Soledad Acuña, se niega a regularizar la situación de las y los profesionales.

Cabe señalar que desde la presencialidad total en las escuelas porteñas, comenzaron a multiplicarse las demandas de las comunidades educativas a este sector, ante la aparición de distintos tipos de situaciones luego de que los estudiantes estuvieron encerrados mucho tiempo en sus hogares, entre las que se encuentran: la pérdida de habilidades y la falta de relaciones sociales, los problemas familiares ocasionados por la falta de empleo y la violencia intrafamiliar; problemáticas que no pueden ser tratadas como corresponde por la falta de profesionales en el EPVS y como consecuencia de la precarización laboral.  

Desde el 25 de septiembre de 2012 cuando se conformó este equipo de trabajo, «hemos promovido la participación de alumnas y alumnos en los Consejos de Aula, como dispositivo fundamental donde todos puedan expresarse y llegar a Acuerdos de Convivencia; promovimos y promovemos la participación de las familias en los Consejos Escolares, en esta tan necesaria comunión entre familia y escuela, y un sinfín de situaciones. Somos profesionales que nos hemos capacitado y nos hemos formado con la experiencia de los años», remata Súcari.

¿Qué dice la Ley Nacional de convivencia?

La Ley 26.892 tiene entre tantos objetivos «orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico» en la escuela e «impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y sus equipos docentes, para la prevención y abordaje de situaciones de violencia en las mismas».

Sin embargo, la precarización del sector y la falta de profesionales en el mismo, también vulnera varias leyes más en las cuales se basa la de Convivencia. La 23.849, respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño/a; ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; y ley 26.206, de Educación Nacional.