Alivio para los gobernadores, jaqueados por una deuda conjunta de $ 1,2 billones

Las provincias recuperarán potestades para recaudar unos $ 60 mil millones adicionales en 2020, como consecuencia de la suspensión del cronograma de rebaja en los impuestos locales. La medida abarca principalmente a Ingresos Brutos, que representa el 72% de la recaudación de las provincias, y en menor medida al Inmobiliario (9,5%) y Sellos (8,3%). Es el dinero que el gobierno central, durante la gestión de Mauricio Macri, les había pedido que resignaran básicamente en favor de las empresas privadas. Ante el fracaso de esa receta como fórmula para la reactivación y por la agudización de la crisis en cada jurisdicción, la adenda celebrada entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores pondrá una pausa de un año en el cronograma descendente de las alícuotas.

La herramienta les permitirá enfrentar una situación fiscal compleja, con muchos puntos de contacto con las del gobierno federal. En conjunto, las 24 provincias vieron crecer su deuda en tres puntos del PBI, del 4,5% del producto que representaba en 2015 a 7,6% a fines del año pasado. Los datos oficiales muestran que, a tono con la política de la gestión anterior de tomar deuda de los mercados para tapar el agujero fiscal, algunos gobiernos provinciales abusaron de ese recurso y multiplicaron sus pasivos varias veces. Por caso, La Pampa lo elevó en 1591% en tres años, Santa Fe lo hizo en 1090% y La Rioja en 989 por ciento.

Según las cifras elaboradas por la Secretaría de Hacienda, a través de su Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, el stock de los pasivos de las provincias al 30 de junio de este año (excluyendo la deuda flotante) es de $ 1,2 billones de pesos. Muchas de ellas salieron a tomar deuda al mercado y ahora se encuentran con la encerrona de que buena parte de sus pasivos están en dólares y sus ingresos, debilitados por la crisis y la devaluación, son en pesos.

El caso emblemático es el de Buenos Aires, cuyos bonos (que suman $ 427 mil millones) representan el 85% del total de la deuda. No es casual que, apenas asumido, el gobernador Axel Kicillof haya pedido a la Legislatura la declaración de emergencia económica. Chubut (77%), Santa Fe (76%) y Córdoba (72%) también están perjudicadas por los títulos emitidos en los años anteriores.

El elevado endeudamiento se suma a la debilidad de las recaudaciones de cada jurisdicción. Estas fueron sometidas a un efecto tenaza: por un lado las sacudió la recesión económica, que redujo en términos reales la base imponible y también las partidas de coparticipación que envía la Nación. Por otro, el compromiso que ya habían asumido para reducir las alícuotas de sus propios tributos.

Según un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el ejemplo extremo fue el de Córdoba, Santa Fe y San Luis, donde medidos en términos reales los ingresos cayeron 6,2%. En muchos casos, el recurso para equilibrar las cuentas fue licuar los salarios de los empleados públicos. Así ocurrió en Chubut, donde desde julio se intensificaron las protestas sociales ante las demoras del gobierno local de Mariano Arcioni en hacer frente al pago de sueldos. El pasivo de esa provincias, a junio de este año, era de $ 41.600 millones.

El cruce de los datos de Hacienda entre deuda a fines de 2018 y la recaudación de tributos entre enero y octubre de este año es revelador. En La Rioja, por ejemplo, los $ 18.395 millones de deuda equivalen a 6,4 veces sus propios ingresos tributarios; en Jujuy, el pasivo de $ 38.070 millones es 6,1 veces su recaudación. En Chaco, en tanto, esa relación llega a 3,7 veces.

La magnitud del deterioro es tal que la media sanción del Senado para aprobar la addenda al pacto fiscal salió por abrumadora mayoría: 63 votos a favor. «El país va a crecer si la sprovincias pueden tener viabilidad y razonabilidad», señaló el puntano Adolfo Rodríguez Sáa al defender el proyecto. Sólo hubo una abstención, de la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, y uno por la negativa, del representante del PRO de Entre Ríos, Alfredo De Angeli. «Los entrerrianos no queremos más impuestos», justificó el exdirigente agropecuario, a pesar de que su provincia debe $ 39.445 millones.  «