Se realizaron en las localidades santafecinas de Avellaneda y Reconquista en el marco de la causa penal iniciada por los acreedores de la cerealera.

El fiscal, que lleva adelante una denuncia de acreedores de la cerealera por estafa y defraudación en la declaración del default que realizó hace un año atrás al asegurar que no podía afrontar los pagos.
“Estamos buscando información que nos permita determinar las responsabilidades en los hechos que nosotros tenemos cuasi acreditados sobre la existencia de ilícitos”, dijo Moreno al portal Punto Biz.
La causa se inició a mediados de julio con la denuncia de la empresa Cuatro Hojas, una de las acreedoras que Vicentín dejó sin cobrar al declarar la cesación de pagos por “stress financiero”. Luego se sumaron también los bancos internacionales con los que la cerealera tenía deuda.
Días atrás, la empresa fue finalmente intervenida por el juez del concurso Fabián Lorenzini, quien señaló la «la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones» para justificar la medida. Citó como primer ejemplo las «inconsistencias» en torno a la presentación de los estados contables del ejercicio previo a la cesación de pagos. También mencionó el «silencio» respecto a la elaboración del balance 2020 y el «ocultamiento» de las razones por las que rompió su vínculo con KPMG, la consultora que le auditó sus cuentas hasta abril.
El juez mencionó en su fallo que aún no se sabe «cuál fue el destino del stock de materias primas y productos elaborados» (el rubro Bienes de Cambio bajó drásticamente de $ 35.000 millones a $ 7262 millones entre octubre de 2018 y octubre de 2019) y que resulta imposible entender «si el descalce cambiario se produjo por cuestiones exógenas o endógenas».
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