Alpargatas paraliza su producción y suspende a 3600 trabajadores

La firma que fabrica los productos de las marcas Mizuno y Topper dejará de producir hasta el final de enero.

Alpargatas comunicó a que a partir del 12 de diciembre suspenderá a los 3600 trabajadores de las ocho fábricas que la empresa tiene a lo largo de todo el país. La suspensión será por dos semanas y luego la firma le dará vacaciones a su personal hasta el 26 de enero.

El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, José Listo, denunció que es una consecuencia directa de la caída del consumo y la apertura de las importaciones implementada del gobierno macrista. “La industria textil se está cayendo a pedazos”, advirtió.

Si bien, según explicaron desde el sindicato que agrupa a los trabajadores textiles, las plantas de la empresa en el país tienen problemas desde hace meses, la medida fue sorpresiva ya que luego de sufrir una serie de suspensiones en las plantas se había vuelto a producir en los niveles habituales.

“Veníamos negociando por los salarios caídos, y en esa situación empezaron a hablar de las suspensiones. Hasta hace unos días decían que iban a concretarlas desde el 19 de diciembre, pero esta semana nos comunicaron que lo adelantaban al 12 porque así lo había dispuesto la casa matriz en Brasil”, explicó Listo a los medios.

Los trabajadores cobrarán una parte de sus sueldos mientras estén suspendidos –en general, el 70 por ciento–, pero “las perspectivas son muy oscuras”, resumió el dirigente. La preocupación de fondo es que la empresa cierre, aunque hasta ahora sus directivos aseguran que en enero retomarán la actividad “normalmente”.

Las textiles son uno de los sectores de la industria más afectados por la política económica y con mayor número de suspensiones, en lo que el rubro sólo es superado por las metalúrgicas. Debido a la crisis provocada por la caída de las ventas en el mercado interno y la apertura de las importaciones, la actividad textil acumulaba, hasta septiembre, 9 mil trabajadores con problemas de empleo (1876 despedidos y 7020 suspendidos), según el último informe del Centro de Economía Política (CEPA).

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