Pagarlo ya representa más del 35% del salario promedio. Jubilados vuelven a lo de sus hijos. Jóvenes retornan a la casa materna. Desde la Federación Inquilina alertan que la situación empeoró "por la cantidad de casos y por su gravedad". El factor de la desregulación.
La situación de Noemí, relatada por Claudio, refleja una de las postales más crueles del siempre complicado mercado de los alquileres en la Argentina en general y en CABA en particular. “La nueva problemática, o la que empeoró por la cantidad de casos y por su gravedad, es la que atraviesan las personas jubiladas que deben elegir entre vivienda, comida o salud. Son expulsadas de los alquileres y quedan en la calle, o viviendo en condiciones de hacinamiento cuando tienen vínculos que lo permitan”, advierte Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.
Los últimos reportes del mercado inmobiliario indican que en septiembre no hubo aumentos en los alquileres porteños. Pero en esos mismos reportes la medición interanual muestra otra cosa: las subas superan a la inflación. De acuerdo a datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), los aumentos acumulados desde septiembre de 2024 fueron del 38,9% para monoambientes y 39,5% para departamentos de dos ambientes. La inflación, hasta agosto, era del 33,9 por ciento.
El universo de población inquilina es cada vez más grande. Según un relevamiento publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a comienzos de este año, el 18% de las personas de todo el país vive en casas que alquilan. En quienes tienen de 30 a 45 años, el porcentaje sube al 25%. En CABA, en ese grupo etario, un 52% alquila para vivir.
El panorama nunca fue sencillo pero empeoró tras la derogación de la Ley de Alquileres, gracias al Decreto DNU 70/2023 con el que Javier Milei estrenó su gobierno. La desregulación se tradujo en contratos más cortos, aumentos más frecuentes y mayor imposición de requisitos del sector propietario.
Los resultados de una encuesta realizada por Inquilinos Agrupados al año de la derogación de la ley mostraron que el 63,7% de los hogares inquilinos tenía deudas y el 91% debía relegar gastos para pagar el alquiler. En el 44,9% de los casos redujeron gastos en alimentos y en el 48,4%, en salud. Cada mes, la agrupación releva los valores de alquiler de cada región. Agosto arrojó una inflación oficial de 1,9, mientras que los alquileres fueron: 3,3% para GBA, 8,3% para el Noroeste, 5% para Cuyo y 6,2% para la Patagonia.
“Si no es para obtener una mejor renta, ¿cuál es el sentido de haber derogado la ley?”, se pregunta Fernando Muñoz, referente de esa organización, para señalar que lo que está pasando es lo obvio. “La única perspectiva de que esto cambie es si derogaran el DNU, pero en Diputados no hay voluntad”, cuestiona.
En Inquilinos Agrupados las consultas de familias inquilinas en situación de riesgo son constantes: un promedio de 35 por día. “En general es por problemas para pagar. Las preguntas giran alrededor de cómo zafar, cómo salir de un contrato que tiene aumentos trimestrales”, cuenta Muñoz.
“Al estar desregulado totalmente el mercado, quien tiene una propiedad pide todo: tres recibos de sueldo, más de un mes de depósito. Se habilita el negocio, es la ley de la selva –describe el referente–. Ahora firmás que te hacés cargo de todo aunque el Código Civil diga que son temas de propietarios. Liberaron el derecho a obtener una renta infinita”.
Hace tiempo que casi no se ven carteles de alquiler en la vía pública. Sí de venta. No es que las viviendas en alquiler no estén. Hay oferta, pero el sector propietario es cada vez más selectivo. “Buscan trabajadores en blanco, con buen respaldo, exprimen a ese sector. No han podido avanzar todavía -a pesar del deseo de muchos diputados- con el desalojo exprés. No se logró en Argentina aún, como en Uruguay, desalojar en diez días por atraso en el pago. Entonces, buscan inquilinos seguros. Ahí es donde muchos quedan afuera. Pero también los dueños encuentran cada vez menos inquilinos así. Viviendas hay por todos lados. ¿Y dónde están los que van a alquilar en esas condiciones? No existen”, subraya Muñoz.
En la Comunidad Federal Inquilina también reciben numerosas consultas por dificultades en el acceso a la vivienda mediante alquiler. «Mayormente por condiciones abusivas, como exigencias sobre reparaciones o abandono de las responsabilidades propias de la parte propietaria –coincide Zirulnikoff–. Hay mayor rescisión anticipada de contratos por los aumentos cuatrimestrales (en general por IPC) que superan ampliamente la evolución salarial. Esta situación se agrava en las condiciones de vida de personas jubiladas que alquilan”. Lo mismo ocurre con los hogares monomarentales: «La madre que cría sola además del trabajo remunerado realiza largas jornadas de trabajo no remunerado (principalmente de cuidados) y no puede sostener el alquiler”, añade la especialista y candidata a diputada por Unidad Popular.
La falta de opciones accesibles lleva muchas veces a que compartir vivienda sea la única alternativa. “El alquiler me representa el 35%, a mi pareja también. Si yo estuviera solo no lo haría, me volvería a lo de mi vieja”, dice Martín, de 27 años, en Liniers. “La última experiencia antes de conseguir este departamento fue algo colectivo, donde todos pusimos plata. Éramos 11 personas y el resultado fue horrible, la convivencia fue muy difícil”, aporta Lucía, de 29 años, en Constitución.
Sus testimonios forman parte del informe “El limbo de los inquilinos jóvenes”, publicado en agosto por el Instituto Desafíos Urbanos. El estudio señala, entre otras cosas, que alquilar un monoambiente en solitario demanda el 52% del salario de un joven con empleo formal. Sin redes afectivas que ayuden el panorama es mucho más difícil. Los relatos recuerdan que antes la emancipación era un camino más fácil. Ante la pregunta de qué harían si les regalaran 100 mil dólares, todas y todos los jóvenes consultados respondieron que lo usarían para resolver su situación habitacional.
Gigo Lawsky tiene 42 años y dos hijas, de 9 y 13. Trabaja como productora televisiva de forma estable desde hace años, pero no está en relación de dependencia. En agosto los dueños del departamento que alquila, en el barrio porteño del Abasto, decidieron ponerlo en venta. Le pidieron que deje el inmueble antes de noviembre. Con la búsqueda comenzó la odisea.
“Vi más o menos 15 departamentos. O están en mal estado y los quieren alquilar como si fueran una joya o están en buen estado y piden cosas como que ganes más de tres millones de pesos. Por un departamento en Once o Congreso… No quieren monotributistas, piden recibos de sueldo, depósitos en dólares, es un delirio”, lamenta.
“Ya la garantía propietaria tampoco les interesa. Quieren seguro de caución por Finaer, que es un montón de plata. O piden dos meses de depósito. Es un dolor de cabeza. Y los alquileres están carísimos. Un tres ambientes, 700 mil pesos. Más 200 mil de expensas. Y todos los gastos de luz, gas”, enumera.
La situación obligó a un cambio de planes: “Me quería mudar sola, pero tuve que decidir compartir con alguien porque si no me quedo en la calle. Tuve que decirle a un amigo con una hija: ‘che, ¿nos mudamos juntos?’ Porque decís que tenés monotributo y te miran mal. Mostrás todos tus comprobantes de ingresos y no les alcanza. Aunque muestres contratos anuales. A una mujer sola con dos hijas y el sueldo que tengo no le alquilan. Todo es ‘no’. Rechazada”.
La crisis de los alquileres alcanza también a los locales comerciales. En el primer semestre de 2025, el 7,8% de los locales ubicados sobre los principales corredores de negocios de la Ciudad de Buenos Aires estaban vacíos. Un año antes, en el mismo período, era el 3,6%. Los datos se desprenden de un relevamiento de la consultora Newmark y muestra que la mayor cantidad de espacios comerciales sin alquilar se encuentra en los corredores de Florida y Alvear. La caída del consumo y la baja del turismo, entre los factores que lo explican.
En las próximas semanas se conocerá el resultado del informe que realizan anualmente desde 2020 organizaciones sociales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a la encuesta a hogares inquilinos.
En octubre del año pasado, los datos del informe 2024 mostraron no sólo el agravamiento del panorama inquilino tras la derogación de la Ley de Alquileres (vendida como la solución al sistema) sino también la situación cada vez más precaria de ese sector de la población: el 62% de los hogares inquilinos declaró ingresos por debajo de la línea de pobreza. Además, según ese relevamiento, el 60% estaba atrasado con el pago de los servicios básicos de los hogares, impactados por el aumento de un 374% en el costo de los servicios desde diciembre de 2023.
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