Alquileres: la crisis no se solucionará con la derogación de la ley

La Ley de Alquileres fue sancionada a mediados de 2020 con bombos y platillos, en un contexto de pico de la pandemia de Covid-19 y de vigencia de decretos de necesidad y urgencia que congelaron los precios y prohibieron los despidos. Menos de dos años más tarde, sectores del propio gobierno empujan para lograr una modificación de aspectos centrales de la ley. La cuestión de fondo es si esos cambios serán para proteger al inquilino o para favorecer a los desarrolladores e inmobiliarias.

El principal impulsor de las modificaciones es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien hace tiempo asegura que la ley «fracasó» y que es necesaria su modificación. El presidente Alberto Fernández se expresó en los últimos días en el mismo sentido. La oposición ya dio su visto bueno a esa idea. La suerte parece estar echada.

Sin embargo, surgieron voces importantes que, si bien buscan modificaciones, sostienen e incluso profundizan el espíritu de contener al eslabón más débil: el inquilino. Dos proyectos de ley fueron introducidos en el Congreso en este sentido. Uno del diputado José Luis Gioja y otro de la legisladora Gisela Marziotta.

La ley no es la culpable

Las voces críticas –que por estos días incluyen a desarrolladores, inmobiliarias y legisladores de distintos colores– argumentan que la ley no funciona y que causó estragos en el mercado, al provocar en paralelo el retiro de la oferta y la suba de precios.

«Hay una paradoja al decir que la ley no funciona cuando no se aplica. Decir que no funciona es paradójico y preocupante. No la dejaron funcionar ni siquiera un tiempo de contrato, que son tres años. Nunca nos ocupamos de hacerla cumplir», expresó Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Buenos Aires y concejal de Tandil por el Frente de Todos.

«Pensar que desregular el mercado inmobiliario va a solucionar los problemas de vivienda es también preocupante. Como lo es también que el lobby inmobiliario permee tanto a la clase política y, sobre todo, al peronismo, que tiene tanta historia en materia de regulación de alquileres. Es feo escucharlo hablar el idioma del mercado. Para imponer el idioma del mercado, se necesita que el peronismo lo hable. Eso es volver a los años ’90», planteó Arrizabalaga.

Hay dos artículos que los sectores más concentrados del mercado de la vivienda quieren desterrar: el plazo de tres años de duración de los contratos y el método de ajuste anual. Se busca un plazo mínimo, de uno o dos años, y un ajuste semestral o hasta trimestral de los valores. Nada de esto es a favor del inquilino.

Leandro Vera Belli, investigador del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Cels, apuntó: «Vemos un avance frente a los derechos conquistados de los inquilinos y un discurso donde se le achacan a la ley un montón de cuestiones que no son ciertas».

Vera Belli agregó: «Desde el Cels, hace dos años hacemos un trabajo de investigación, con encuestas a inquilines del AMBA. El 50% no tiene contrato. Esto indica que el mercado de alquileres funciona en una total opacidad», planteó Vera Belli.

Según pudo saber Tiempo, en una de las reuniones de las partes que promovió la Secretaría de Comercio Interior, funcionarios de la Afip aseguró que hay 169 mil contratos registrados. Se estima que en Argentina hay 3 millones de hogares que son de inquilinos.

«El discurso es complejo porque se le dice al inquilino que por culpa de sus derechos los precios aumentaron. Es como decirle al trabajador que no hay trabajo por culpa del aguinaldo y que por eso hay que sacarlo. Es peligroso», alertó Vera Belli.

Otro punto importante en la ecuación es que el Estado no genera estadísticas sobre una situación tan delicada como el acceso a la vivienda y que afecta a 9 millones de personas inquilinas. «El Estado debería contar con herramientas de análisis serios. No tiene idea de cuánto vale un alquiler. Debería haber un observatorio», concluyó.

El proyecto de Gioja plantea regular el precio inicial del alquiler, ofrece beneficios a monotributistas, alquileres sociales, gravar inmuebles deshabitados, deducción de ingresos brutos y exención de bienes personales. En tanto, el de Marziotta congela el precio del alquiler hasta que se conforme una mesa donde el Estado nacional decida los aumentos anuales y crea la Cámara de Alquileres como organismo de control. «