Es por presunta manipulación de testigos en un caso que investiga su vínculo con grupos paramilitares. Se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en bumerán judicial.
«A partir de la evidencia (…) un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal», indicó la Fiscalía este martes en un comunicado sin precisar cuándo se iniciará el juicio, el primero que tiene que enfrentar un exmandatario.
Uribe, de 71 años, se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en bumerán judicial.
Todo empezó en 2012, cuando el entonces senador presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo a él y su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas.
Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos y no su opositor.
Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación.
Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra y reinició todo el proceso.
Cepeda recibió el llamado a juicio con «satisfacción», según dijo a la televisora estatal RTVC. «Es más de una década, prácticamente 12 años, de estar luchando frente a los tribunales (…) luego de tantos intentos por cerrar este caso, pues al final aparece la voz de la justicia», declaró el senador izquierdista.
Uribe, muy popular por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas, no ha reaccionado a su llamado a juicio, una decisión que había anticipado desde octubre de 2023. En ese entonces acusó «vicios» en el proceso en su contra.
“Instrucciones precisas”
Basado en testimonios de exparamilitares, Cepeda ha denunciado durante más de una década los supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo de autodefensa ilegal. El expresidente lo demandó y ahí arrancó uno de los procesos más sonados en la historia del país.
Según el escrito de acusación de la fiscalía filtrado este martes por medios, Uribe «impartió instrucciones precisas» para que su abogado Diego Cadena y allegados «contactaran a exparamilitares» con el fin de que cambiaran su versión «a cambio de dinero en efectivo» y otros «beneficios».
Cadena enfrenta también un juicio por presuntamente haber ofrecido dinero a un exparamilitar para que se retractara de testificar contra Uribe.
El llamado a juicio es la primera bomba mediática del ente investigador desde la llegada de la nueva fiscal general Luz Camargo, hace un par de semanas. La jurista fue elegida por la Corte Suprema de una terna propuesta por el presidente de izquierda Gustavo Petro, adversario histórico de Uribe.
Bajo la dirección anterior de Francisco Barbosa, el Ministerio Público había solicitado a la justicia archivar este caso en varias ocasiones, pedido que jueces rechazaron por considerar que hay evidencia suficiente para llevar a Uribe a juicio.
Congresistas del Centro Democrático, el partido que lidera Uribe, sostuvo que Petro está detrás de la decisión. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, tomó distancia y declaró que «el gobierno respeta y obedece todas las decisiones judiciales».
Varias acusaciones
La derecha cerró filas a favor de Uribe, quien tiene varias causas abiertas ante la justicia.
«Ha sido tal vez el político mas esculcado en la historia de nuestro país y siempre ha salido a relucir (…) su honestidad y su transparencia», dijo en un video el expresidente Iván Duque (2018-2022).
En noviembre del año pasado Uribe testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, bajo su gobierno, un caso conocido como «falsos positivos». La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.
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