Alza de la inseguridad en Uruguay con un sistema carcelario destruido

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou empezará a recorrer, mañana, el último mes de la primera mitad de un gobierno al que llegó con la promesa de acabar con la inseguridad, meter mano dura contra el narcotráfico y humanizar el sistema carcelario (haciendo nuevas prisiones). No mucho más ofreció para ganar las elecciones. Gastó ya la mitad de su crédito y los resultados no dan. Nada por aquí, nada por allá. Es más, el país acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de 3,4 millones de almas. Lacalle puso a Uruguay en el puesto 12 de una lista mundial de la vergüenza en la que, además, los detenidos no tienen ni ropa ni comida para pasar el invierno.  

La nueva política de criminalización hizo que a mediados de este año el país superara sus propios récords para alcanzar un índice de prisionización de más de 400 presos por cada 100 mil. Un informe que el Ministerio del Interior elevó la semana pasada a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Congreso incluyó un dato que augura un explosivo fin de año, con cárceles atestadas: cada semana ingresa un promedio de 100 condenados al Centro de Diagnóstico y  Derivación, el órgano encargado de determinar el futuro sitio de reclusión. Son algo más de 14 por día, lo que preanuncia que 2022 cerrará con 5.200 nuevos reclusos, llevando el total de presos a casi 20 mil. Esto seguramente hará estallar a un sistema que ya padece un nivel de hacinamiento que en algunas cárceles supera el 120%.

Más allá de las cifras, que de alguna manera ya aparecían perdidas en informes oficiales y en los reportes de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, fueron los relatos orales de los funcionarios los que describieron al grupo legislativo un panorama siempre imaginado pero nunca explicitado. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, destacó que un alto porcentaje de los “delincuentes altamente peligrosos” que ingresan a las cárceles presenta claros signos de subalimentación que hacen que durante varios días no puedan coordinar lo que quieren decir. “Vienen de vivir en situación de calle, sin dormir, sin abrigos mínimos y sin haber tenido ni una sola persona con la cual hablar durante largos períodos”, dijo. 

“Los problemas se multiplican cuando a las carencias de todo tipo se les agrega alguna adicción. Hay un porcentaje altísimo de reclusos que es adicto a algo”, explicó Jaime Saavedra un reconocido experto que ha consagrado su labor investigativa al estudio de la vida en las cárceles de distintos países. Refiriéndose concretamente al caso uruguayo, Saavedra señaló que hay que estimar que al menos un 70% de la población carcelaria está en la lista de los “adictos a algo”. De esos miles, “sólo 254 reciben algún tipo de tratamiento de parte de equipos de trabajo altamente especializados pero que tienen carencias de todo tipo para abordar una tarea de semejante entidad”. 

Ante tal cuadro no sorprende que, desde el año pasado, el gobierno esté mostrando números que delatan la deficiencia de sus estrategias en materia de seguridad y política carcelaria. El número de asesinatos, hurtos y muertes violentas y suicidios dentro de las cárceles crece desde 2020, coincidiendo con la asunción de Lacalle. El índice saltó desde un 46% en ese año a un 59% en 2021 y un 71% en lo que va del actual. Morir en la cárcel pasó a ser una eventualidad cada vez mayor, y en eso tiene mucho que ver el hacinamiento –no hay ninguna cárcel del país que no presente escandalosos índices de ocupación–, producto de una estrategia de la represión fácil que ha llevado, según Saavedra, a que “Uruguay sea un alumno ejemplar a la hora de encarcelar a sus ciudadanos”.

A medida que aumenta la población carcelaria, las principales variables se deterioran de forma creciente. La nave insignia del gobierno –la Ley de Urgente Consideración exhibida como la clave del buen vivir– contempla al narcomenudeo como la llave de todos los males e impuso un grosero aumento de las penas por delitos menores, entre ellos los vinculados con el narcotráfico. Los analistas del tema adjudican un rol primordial a las mujeres, madres solteras generalmente, que con la venta de drogas al menudeo ayudan desde su rol de jefas de hogar a mantener el pobre vivir de sus hijos. Esto explicaría, por un lado, el bajo nivel de edad (menos de 29 años) de la desbordante población carcelaria uruguaya y, por otro, su participación dominante en la composición de los nuevos “delincuentes”: mientras el crecimiento masculino fue del 6,3% el femenino fue de 27,1%.

Un asesor de la Comisión legislativa relató que más de la mitad de los condenados que aguardan por su sitio de reclusión “llegan de la calle descalzos y semidesnudos, vestidos apenas con un short”. Con la ayuda de organizaciones como el Emaús se los viste antes de entrar a sus celdas, pero en pocos días ya no tienen nada: “todo, de los colchones a los cepillos de diente que se les entrega es canjeado con los ‘poderosos’ de la cárcel a cambio de una pizca de pasta base o una cebadura de yerba para el mate”, dijo el asesor. Así como el Emaús presta una asistencia invalorable, “se pensó en cierto momento que los pastores pentecostales podrían cumplir un rol similar. Se les abrió las puertas, pero ahora están bajo la lupa, sospechados de todo, incluso de traficar junto con quienes siguen en libertad”.