Ambientalistas contra la aprobación del RIGI cordobés: «El agua es más importante que el vil metal»

Ambientalistas alertan sobre las consecuencias que traerá el Régimen de Ingresos para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases, que fue aprobado por la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba el pasado 16 de octubre. Esto permitirá a empresarios extranjeros hacer desmontes, destrucción de acuíferos y matanza de animales para llevar adelante grandes proyectos inmobiliarios.

Además, también aprobaron dos proyectos de ley para ampliar los radios urbanos de las localidades cordobesas de La Quinta y San José. Este miércoles, el presidente Javier Milei, visitará esa provincia, se reunirá con el gobernador Martín Llaryora y hablarán de negocios, en un contexto extractivista. Su viaje está enmarcado en el 47° aniversario de la Fundación Mediterránea, formada por grandes grupos empresariales.

Sobre la sesión legislativa   

El abogado ambientalista Juan Smith, que presenció la sesión -en diálogo con Tiempo– describió a los legisladores: “Pulcros, muy bien vestidos, peinados, con las uñas trabajadas por manicuras y con una frialdad que solo se entibiaba cuando hablaban de dinero, de millones de dólares y de los negocios que realizarán en esta provincia”.

Hubo solo dos muestras de sensibilidad: “Fueron dos mujeres, que mencionaron que afuera de la Legislatura había ‘gente´ que se estaba manifestando. Seres humanos, que estuvieron horas tratando de hacer llegar un poco de cordura. Con carteles que evocaban la protección de árboles, de cuencas hídricas, que expresaban que el agua es más importante que el vil metal”, reconstruyó Smith.

Siguieron la sesión, “de principio a fin y otra vez, luego de muchos años que no lo hacía, volví a sentir la sensación de desamparo, de que ahí no estaba circulando por ningún lado el ‘bien común’, sino el interés individual de un pequeño sector de la economía de Córdoba y extranjero. Esto último no es una novedad y hay que prestarle mucha atención”, señaló el abogado.

Finalmente, “un legislador que habló, por lo menos eso intentó, un rato muy largo y con una pelea frontal y personal con el idioma español, se arrojó en defensa de la adhesión de Córdoba al RIGI nacional”, observó el ambientalista.

Legitimar la devastación del suelo

Dos cosas lo detuvieron durante la sesión, “los costos requeridos para el viaje en transporte público -Córdoba está entre los pasajes interurbanos más caros por metro de recorrido del país- y la casación que presentó el gobernador Martín Llaryora en contra de la sentencia que resolvió ordenar la caducidad de la Resolución 1200/10”, apuntó el letrado.

«Dicha resolución, le había otorgado la Licencia Ambiental a la Empresa Ticupil S.A. para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en la cuenca media alta de la zona de Candonga, en el corazón de nuestra devastada Provincia. Sí, Llaryora!, que tras los incendios pidió que no lo tomen por boludo ‘que por los incendios no se puede producir el cambio de uso de suelo’, cuando un juez admite precisamente eso, el Procurador de la Provincia, que lo representa judicialmente, recurre la sentencia dejándonos a todos y todas en ascuas. Pero también entretenidos, ocupados, sin tiempo y sin guita», remarcó Smith.

Complicidad mediática

“El portal Cadena 3, tituló que las personas que estaban en la puerta de la Legislatura eran ‘muy pocas’ y de sectores de ‘la izquierda’. Informó a la sociedad que afuera de la sesión había agrupaciones de izquierda protestaron contra el RIGI”, explicó el abogado.

“Que los manifestantes cortaron el bulevar Perón y avenida Olmos, lo que afectó la circulación hacia el Puente 24 de Septiembre. También dijo que se trató de un grupo minoritario, de alrededor de 60 personas, que generaron grandes complicaciones en el tránsito”, agregó.

Sin embargo, la realidad fue otra: “La presencia de la gente fue multitudinaria, autoorganizada, valiente, personas que saben lo que es importante, que vence sus propias limitaciones, vecinos y vecinas autoconvocados que vieron con dolor como semanas atrás se quemaba su monte”, dijo.

“No pueden creer que el gobernador haya sido el que envió un proyecto como este a la Legislatura. Esto resulta una total falta de empatía con la trágica situación que vivieron los pobladores, que muchos de ellos, perdieron sus casas y sus animales”, subrayó Smith.

“La reciente aprobación del RIGI es totalmente inconstitucional, por muchas razones que seguramente el pueblo esgrimirá en su momento y en el lugar que corresponda. Lo que llama la atención es que estos Legisladores juran proteger y cuidar esa Constitución que están violando”, cerró el abogado ambientalista.

Desde la biología

“Los negocios, la voracidad humana, no pueden seguir estando por encima de la vida. Haber aprobado el RIGI cordobés, es continuar condenando a muerte otro futuro posible”, consideró Daniel Emmerich, doctor en biología, docente y miembro del Foro Ambiental Traslasierra (FAT).

“La clase dirigencial cordobesista y sus falsos ‘opositores’ de la UCR y el PRO, junto al Poder Judicial, son genuflexos cómplices de los poderes económicos que vienen devastando los territorios. Ahora, con el RIGI, definen profundizar sin pudicia el ecocidio que están cometiendo, yo lo llamo el ecogenocidio”, denunció el biólogo.

Gran parte de la sociedad cordobesa, “tiene una severa responsabilidad para que esto suceda y continúe sucediendo. Ya empezamos a sentir en nuestros propios cuerpos las consecuencias de poner por encima de todo a la codicia y los negocios”, ahondó Emmerich.

“La Madre Tierra nos lo irá mostrando cada día con mayor dramatismo; no será gratis para tanta soberbia y estupidez humana condenar a los seres vivos a semejante avasallamiento. Seguir indiferentes, individualistas y timoratos, es profundizar en el propio sufrimiento y suicidio. A no lamentarse luego, pues será tarde”, advirtió el docente.

Sobre el RIGI

Es uno de los capítulos más polémicos de la Ley Bases. La creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional, tuvo su aprobación por 38 votos a favor y 32 en contra, el pasado mes de junio en el Parlamento. En ese momento el oficialismo contó con el apoyo de los peronistas Guillermo Andrada, de Catamarca; Sandra Mendoza, de Tucumán y Carolina Moisés de Jujuy.

Se trata de un componente de la Ley Bases pensado para atraer grandes capitales de inversores extranjeros. Ello, con flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria con la intención de incentivar que las grandes empresas del exterior inviertan más de 200 millones de dólares en la Argentina; con una estabilidad fiscal a vencer en 3 décadas.

Además, todos los proyectos vinculados al RIGI pueden recibir extensiones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de distintos emprendimientos empresariales. Esto se traduce en la mayor expresión del extractivismo de la historia argentina.