Amenazan con rematar dos fábricas recuperadas y reactivadas por sus trabajadores

Son obreros de Cerámica Neuquén que cerró sus puertas en 2014 dejando a sus más de cien trabajadores en la calle y sin indemnización. La experiencia de Zanón, Del Valle y Stefani, en la misma provincia, y la necesidad de velar por sus puestos de trabajo les dio el empuje para recuperar la fábrica y reactivarla bajo su propia gestión.

Ahora, se muestran preocupados porque un juzgado provincial habilitó a un martillero para dar lugar al remate.

Paradójicamente, la medida emana del juzgado laboral de Sergio Cosentino en virtud del reclamo que parte de sus excompañeros realizaron por sus indemnizaciones. «A los compañeros que decidieron irse les asiste el derecho a la indemnización pero no puede ser contra los derechos de los que nos quedamos», advierte Luis Kunz, presidente de la cooperativa, en una entrevista con Tiempo de la que participó con su compañero de trabajo Jorge Vázquez y con Andrés Blanco, secretario adjunto del sindicato ceramista y obrero de ex Zanón.

La celeridad del juicio laboral contrasta con el que se sustancia en el fuero comercial, que debería formalizar la quiebra de forma que la cooperativa obtenga un trato preferencial para capitalizar su continuidad.

Para los trabajadores se trata de una maniobra concertada entre el gobierno provincial y la Justicia con el propósito de producir el desalojo y dejar indemne a Edgardo Phillip, el anterior dueño. De hecho, el Estado provincial es acreedor y no ha avanzado en el pedido de quiebra. «La patronal, el gobierno y la Justicia están usando a los trabajadores para desencadenar el remate cuyos beneficiarios no son sólo ellos. Hay compañeros que se fueron pero sus hijos siguen adentro. Quieren cobrar, pero no que se remate la empresa», puntualiza Kunz.

Su compañero, Vázquez, explica que «el abogado Jorge Brillo es una persona maliciosa con intereses y posicionamientos políticos claros. Por eso apuntó directamente al embargo. Les prometió que cobrarían $ 3 millones cuando todo el mundo sabe que en todo remate se van repartiendo los recursos entre los acreedores y no se llega nunca ni a la mitad de las indemnizaciones».

Pero los problemas no se limitan al remate. «Queremos poner en discusión toda la política. Las tres fábricas que existen funcionan bajo gestión obrera, en Zanón somos 200 obreros, en Stefani, 78 y en Cerámica Neuquén, 80», asegura Blanco, del sindicato ceramista.

Es que, además, existe el visto bueno a un pedido de amparo de parte de la distribuidora de gas Camuzzi que exige el ingreso de la fuerza pública a las tres plantas para cortar el suministro. «Cuando se presentan amparos para que no haya tarifazos la Corte Suprema los rechaza, cuando el amparo lo presenta Camuzzi para cortarle el gas a los trabajadores, sale enseguida. Eso expresa toda una línea política», advierte Blanco.

Al enfrentar estas decisiones, los trabajadores obligaron al gobierno provincial y a la Justicia a abrir una negociación por Cerámica Neuquén. Mañana habrá una reunión a la que los anteriores dueños deberían llevar una propuesta. Kunz detalla que «Edgardo Phillip es el presidente de la cámara empresarial de Neuquén, ex rector de la universidad en la dictadura y se manifestó pidiendo el desalojo de la ruta cuando asesinaron a Carlos Fuentealba».

A la hora de explicar la doble vara de la Justicia, Kunz dice que «las fábricas autogestionadas somos un cuco para el sistema. Mientras las patronales las abandonaron, nosotros demostramos que estamos de pie hace 20 años en Zanón, diez en Stefani y casi seis en Cerámica Neuquén, donde incorporamos 40 compañeros».

Blanco agrega que el planteo excede el rechazo al remate: «No queremos un compre privilegiado, queremos que se reactive la obra pública. Estamos en la provincia de Vaca Muerta, es un contraste enorme, somos productores de luz y gas en una provincia donde la gente muere en incendios porque se calefaccionan a leña y nos quieren cortar el gas a los que producimos».

Una política nacional

En paralelo, en la provincia de Mendoza la Justicia busca efectivizar el remate de la deshidratadora de verduras La Terre, fábrica que funciona bajo control de sus trabajadores desde 2016.

Daniel Sauretti, presidente de la cooperativa, señaló a Tiempo que La Terre es «la fábrica de verduras deshidratadas más grande del país. Cuando la recibimos estaba sin gas y sin luz. Hoy producimos al 80% de nuestra capacidad».

En este caso la Justicia ya avanzó con el remate pero los trabajadores apuestan a que la jueza revea su decisión en los próximos 20 días: «Tenemos una ley de ocupación temporaria por seis años desde 2016. El gobierno ya pagó 11 millones de pesos de alquiler al juzgado, que debe ser tomado como parte de pago a lo que hay que sumarle 10 millones de pesos de nuestros créditos laborales y las inversiones que hemos hecho, que suman más de 31 millones de pesos mientras que la jueza quiere entregar la planta por 25 millones».

Sauretti explica que «la fábrica la hemos puesto en pie nosotros. La reactivamos, empezamos siendo 27, después caímos a 14 y ahora somos más de 80, y generamos un total de 120 puestos de trabajo indirectos en el campo». «

El 28 de junio, por iniciativa de la diputada Romina Del Plá (FIT-PO), se realizará una audiencia pública en el Congreso en la que los ceramistas de Neuquén denunciarán el intento de remate de la planta que gestionan hace ya casi seis años.