Amenazas de caída de inversiones y de acciones legales contra el DNU

Las empresas de telefonía celular, Internet y TV paga salieron al cruce del gobierno nacional tras la publicación del DNU 690 que los declaró servicios públicos. La amenaza de bajar la calidad de las prestaciones y de detener las inversiones fueron los primeros golpes.

El principal jugador del sector es el tridente Clarín-Telecom-Cablevisión. Ni lerdo ni perezoso, Telecom emitió el lunes un comunicado interno para sus empleados en el cual advirtió que el DNU es una medida «arbitraria» que afecta a «la compañía» y a «la industria», al tiempo que advirtió que «puede afectar» la «calidad del servicio» y el «ritmo de desarrollo y transformación». En el sector se habla, además, de iniciar acciones administrativas y judiciales contra el DNU.

La Cámara Argentina de Internet (Cabase) aseguró que la medida «pone en riesgo de subsistencia a más de 1200 pequeños y medianos actores del ecosistema de Internet, que son pymes y cooperativas de capitales nacionales». En el mismo sentido, advirtió que «se necesita una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto».

La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) apuntó en un comunicado: «Internet no debe ser un servicio público (…) una mayor intervención del Estado no solo no asegura el objetivo último que se declama, que es la universalidad de la conectividad a Internet, sino que probablemente genere un menor desarrollo y penetración de los servicios de banda ancha».

La GSMA LatinAmerica (entidad que representa a proveedores de esa tecnología de telefonía móvil) se expresó en la misma sintonía: «Las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios para el consumidor y la ampliación de la conectividad, pudiendo redundar en un aumento de la brecha digital».

El Enacom aseguró el viernes, en una reunión con Cabase, que trabajará en una «agenda común» para llevar adelante la reglamentación del DNU «sin afectar a este sector».