Amia y el eterno retorno de la endeble pista iraní

Atardecía el 18 de diciembre de 2018 cuando asumió la conducción de la DAIA, encabezada por Jorge Knoblovits. Fue en el Hotel Intercontinental, ante más de 1000 invitados que incluían altos dignatarios del gobierno macrista; entre ellos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no se privó de una palabra para soltar: “Sería muy importante para nosotros un juicio en ausencia”.

Así expresó su anhelo por sentar simbólicamente en el banquillo de los acusados a diez sospechosos del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Tal lote estaba compuesto por antiguos funcionarios iraníes e integrantes de la milicia libanesa Hezbollah.

Los juicios en ausencia –que, entre otras disfunciones, afectan el derecho a la defensa– no formaban parte de la legislación local, hasta ser aprobados en marzo pasado por impulso del régimen libertario.

Es que el presidente Javier Milei, junto a su ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y la señora Bullrich (ahora, su garrote de cabecera), sueña con clausurar así la causa por la voladura de la mutual judía.

Pues bien, el juez federal Daniel Rafecas, quien hasta hace poco presumía de intachable, acaba de darles el gusto, al habilitar tal modalidad para este caso, con el argumento de que “es un medio idóneo para reconstruir la verdad”.

En rigor, la firma que estampó anticipa la reactivación de otro expediente, el del “Memorándum de Entendimiento con Irán”, una construcción acusatoria debidamente horneada con el fuego del lawfare, cuya principal acusada es nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Todo muy oportuno, ¿no?

De manera que una vez más, la pesquisa sobre aquel acto terrorista –que provocó 85 muertos– se pone al servicio de un objetivo espurio. Una recurrencia que merece ser puesta en foco.

En los días inmediatamente posteriores al atentado, emergió de la nada la figura del juez federal Juan José Galeano. Sobre él y los fiscales Eamon Müllen y Jorge Barbaccia estaban puestos los ojos del país. Y no perdieron el tiempo.

En resumidas cuentas, ese trío “trabajó” la pista de la “Conexión Local”, una tramoya signada por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín (señalado como el aportante del coche-bomba que estalló en el edificio de la calle Pasteur) para que acusara al comisario de La Bonaerense, Juan José Ribelli, y a otros 12 efectivos de esa fuerza, quienes estuvieron injustamente presos durante nueve años. El asunto contó con el apoyo del presidente Carlos Menem (a cambio de que no se investigara una posible pista siria, entre otras condiciones).

Ya se sabe que esa impostura terminó por derrumbarse como un castillo de naipes, derivando en condenas penales para todos sus hacedores.

Aquí irrumpe una no muy conocida trama conexa.

Entre los cómplices de Galeano había dos agentes de la SIDE: Alejandro Brousson (ya fallecido) y Patricio Finnen (actualmente preso por delitos de lesa humanidad), quienes integraban un grupo interno de ese organismo, bautizado “Sala Patria”. La confianza que les tenía el magistrado era notable.

Pero con su caída en desgracia, olfatearon, con justa razón, que la noche se les venía encima. Entonces se les ocurrió un desesperado salvataje, tendiente a ganarse la estima de la CIA a través de lo que se podría considerar “un falso atentado contra Bill Clinton”.

El expresidente de Estados Unidos, a poco de dejar la Casa Blanca, viajó a Buenos Aires por un coloquio internacional. Eso le dio pie a Brousson y Finnen para contratar en la Triple Frontera a un soplón paraguayo, quien –endulzado con un suculento fajo de billetes– fue a la Embajada de EE UU en Asunción para informar un complot contra Clinton. Al mismo tiempo, desde Buenos Aires, Sala Patria irradiaba un informe idéntico.

Los autores del plan creían que ambas advertencias, llegadas en paralelo por vías supuestamente distintas, encenderían todas las alarmas de Washington, logrando así el reconocimiento del servicio de espionaje más poderoso del mundo, cosa que desalentaría cualquier medida disciplinaria contra ellos. 

Pero algo falló: los agentes criollos no habían previsto que el paraguayo sería sometido en la Embajada al detector de mentiras. Y que no demoraría en desembuchar la identidad de sus empleadores.

El escándalo fue mayúsculo. Desde entonces, Brousson y Finen pasaron a integrar el ejército de desocupados.

Lo cierto que el desplome de estos simuladores propició el ascenso de la línea interna de la SIDE conocida como “Grupo Estados Unidos”. Su jefe era Antonio Horacio Stiuso “Jaime”, quien tomó las riendas del caso.

Así fue el nacimiento de la “pista iraní”. Una construcción hipotética a la medida de la CIA y la derecha israelí, pero sin pruebas que la sustenten.

En aquel contexto comenzó a brillar la figura del fiscal Alberto Nisman, quien fue colocado al frente de la UFI-AMIA para esclarecer el atentado. Y la “pista iraní” se convirtió en su religión.

Ya a mediados de 2014 tuvo la desgracia de tener a dos legisladoras del PRO, Laura Alonso y la inefable Bullrich, como aliadas y confidentes.

Desde entonces lo venían persuadiendo para motorizar un escrito que él preparó bajo absoluta reserva. Era la denuncia contra CFK y el canciller Héctor Timerman por el Memorándum con Irán. Algo –según su parecer– destinado a licuar la imputación a funcionarios de ese país en la causa AMIA.

Las presiones ejercidas por aquellas mujeres se fueron intensificando, al punto de convocarlo a exponer el asunto en la Comisión de Legislación Penal, que presidía Bullrich. Esa cita fue fijada para 19 de enero de 2015.

No es una novedad que días antes todo se desmadró.

El tipo dudaba. Era consciente de que su presentación –alimentada con migajas informativas que le fue arrojando Stiuso– carecía de valor judicial.

Eso habría minado su ánimo. Y ya el viernes previo a su comparecencia parlamentaria hubo dos novedades que no mejoraron las cosas: la jueza María Servini y su colega, Rodolfo Canicoba Corral, desestimaron sus denuncias, en tanto que el jefe de Interpol, Ronald Noble, desmintió que el gobierno argentino haya solicitado bajar las alertas rojas contra los iraníes, en réplica a lo que sostenía el fiscal.

Tampoco es una novedad que, durante la mañana del domingo, Nisman se voló la tapa de los sesos. Ni que su suicidio transmutó –lawfare mediante– en un imaginario asesinato cometido por un “comando venezolano-iraní”.

Pese al carácter descabellado de semejante hipótesis, aún hoy hay quienes –con excelentes intenciones– creen a pies juntillas que fue así.

Sólo faltaba que, en diciembre de 2017, el bueno del juez federal Claudio Bonadío convirtiera la denuncia póstuma del finado en una causa judicial y, sin perder un instante, procese con prisión domiciliaria a Timerman.

Más allá de que ese expediente fuera un himno al derrumbe del estado de derecho en Argentina, privar de la libertad a Timerman requirió, en razón a su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Porque le impidió viajar a los Estados Unidos para continuar su tratamiento oncológico. Fue como si hubiera pesado sobre él una condena a muerte aún no escrita, pero festejada de antemano por personajes tan abyectos como Eduardo Feinman, Federico Andahazi y Fernando Iglesias.

El otrora canciller falleció el 30 de diciembre de 2018.

Por esa época, Bullrich ya jorobaba con lo del juicio en ausencia.

Ahora, el juez Rafecas acaba de oficializar esa pretensión. De modo que la fantasía del Memorandum con Irán está otra vez en la gatera.

Y la Justicia, definitivamente, bajo los escombros.  «