AMIA: ordenan pruebas clave 22 años después

«Veintidós años después del hecho, son inocultables las acotadas posibilidades del derecho penal, y de esta investigación en particular, para ofrecer una respuesta cabal a las muchas demandas de justicia todavía insatisfechas.» La UFI AMIA reconoció en ese párrafo cuán lejos está aún la posibilidad de que las víctimas del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina encuentren, por fin, justicia.

La Cámara Federal porteña concedió el 4 de julio pasado una nueva prórroga por seis meses para que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral pueda cerrar la investigación. Parece difícil, porque el punto central sigue siendo la extradición de los iraníes acusados por la voladura de la mutual judía. Y ello se insinúa como imposible, no sólo por la negativa de Irán a concederla, sino también porque los investigadores argentinos sospechan que Interpol no está haciendo demasiado por detenerlos. 

Independientemente de esos obstáculos, hay otros a nivel doméstico que resultan insólitos. Después de la muerte de Alberto Nisman, el equipo de fiscales que lo sustituyó reanudó la investigación y «se constituyó en la Morgue Judicial para verificar de manera personal la totalidad de material orgánico y de otra naturaleza a disposición de la investigación. Así pudo verificarse su estado, como también la existencia de bolsas cerradas afectadas a la investigación pero que hasta entonces no habían sido inventariadas.» 

¿Para qué sirve esa medida de prueba 22 años después? «Los estudios ordenados buscan agotar todas las posibilidades de obtener información genética vinculada al perfil de Ibrahim Hussein Berro, a quien se le atribuye haberse inmolado para provocar el atentado,  para lo cual es necesario determinar que todas las muestras en depósito corresponden a alguna de las personas fallecidas.» Hay muestras genéticas sin identificar y una de ellas podría ser la del conductor suicida, cuya existencia no está fehacientemente comprobada. «En caso de hallarse patrones genéticos que no se condigan con los fallecidos identificados, se estaría ante la posibilidad de determinar si se trata de víctimas no identificadas hasta el momento o de restos de otras personas, incluyendo a Berro», explicaron los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini. 

¿Cómo podrían saber si los eventuales restos no identificados son de Berro? En principio no podrían: «en noviembre de 2015 se libró un exhorto a las autoridades del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, a fin de obtener muestras biológicas de los hermanos de Berro susceptibles de ser utilizadas en eventuales estudios comparativos de ADN con las muestras y los restos humanos aún sin identificar.» Aún no hubo respuesta.

Entre las medidas pendientes, la UFI AMIA dispuso «un examen de las constancias de cada deceso (o lesión) en particular a fin de lograr la referencia espacial y temporal más precisa posible». Es decir: un intento de situar, a partir de la reconstrucción de muertes y lesiones, el lugar en el que estaba cada víctima cuando estalló la bomba. «A pesar del tiempo transcurrido, se trata de una tarea complementaria aún no realizada, que puede contribuir a una mejor reconstrucción del momento del atentado», explicaron los fiscales.

En tanto, desde hace casi dos años, el ex desarmador de automóviles y hoy abogado Carlos Telleldín espera por un juicio oral que debe llevar a cabo el Tribunal Oral Federal tres. Dos de los jueces que integran ese tribunal, Andrés Basso y Javier Ríos, asumieron sus cargos el jueves. La tercera integrante es María del Carmen Roqueta. El juicio ni siquiera tiene fecha tentativa de inicio. 

En cambio sí se está celebrando el juicio (el segundo) por presunto «encubrimiento» del ataque, que celebra el Tribunal Oral Federal número dos cada jueves y un lunes por medio desde agosto del año pasado. Se trata del proceso en el que están siendo juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem; el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex comisario de la Policía Federal Jorge “El Fino” Palacios. «

En la AFI rige el sistema que permitió el encubrimiento

G.A.

El secreto y el oscurantismo volvieron a ser la regla en el presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La falta de control sobre los fondos reservados preocupa aun más ante un nuevo aniversario de la voladura de la AMIA. «Es el mismo sistema opaco que permitió el encubrimiento del atentado», aseguró Alejandro Rúa, abogado de Memoria Activa.

La organización de familiares de víctimas de la AMIA denunció junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) el retroceso que significó la derogación del decreto que regulaba la utilización de los fondos reservados y la negativa del gobierno a dar información sobre su regulación. La transparencia del sistema de fondos de la ex SIDE fue un compromiso asumido en 2005 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se concretó recién en  2015, con la ley de Inteligencia Nacional. A menos de un año de esa ley, el presidente Mauricio Macri derogó varios artículos de la norma, entre ellos el que regulaba el registro del uso de los fondos reservados y permitía un mayor control.

«El Estado ofreció la constitución de un proceso de solución amistosa que incluye puntos a modo de reparación, entre ellas la modificación de la oscuridad y secretismo del manejo de fondos del Estado. El encubrimiento del atentado se concretó a través de esta herramienta: se acreditó la actividad delictiva de la SIDE a través del manejo secreto de los fondos», explicó Rúa a Tiempo.

Esos hechos son ahora investigados en el juicio oral por el encubrimiento del atentado para determinar la responsabilidad en el pago de U$S 400 mil a Carlos Telleldín para que cambiara su testimonio. En el banquillo de los acusados, además de Telleldín se encuentran el ex juez Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros. 

La respuesta del gobierno a los cuestionamientos es ambigua, por ahora. Mientras que ante la CIDH el Estado asegura estar «trabajando en un sistema de rendición de gastos» y reconoce que hasta que no se implemente es «un retroceso», el director general de AFI, Gustavo Arribas, afirmó que se cumplen «los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo».

Viejos nombres 

A la restauración de estos métodos le siguió la vuelta de hombres asociados con ese pasado: a cargo de los fondos reservados quedó Juan José Gallea, el secretario de Finanzas de la AFI y ex gerente de los medios de Sergio Szpolski, uno de los responsables del vaciamiento de este diario.