Organismos querellantes en la causa impulsan que se haga pública la declaración de un ex agente jerárquico de la ex SIDE que aportó datos precisos sobre el encubrimiento del atentado.

Por momentos parecía un arrepentido. Pero Finnen, hoy rondando los 65 años de edad y cuyo sobrenombre de inteligencia era «Patricio Fonseca», está imputado por el delito de «peculado»: se le reprocha haber llevado al juzgado del ex juez Juan José Galeano los 400 mil dólares que le fueron pagados al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara en la «conexión local» a policías de la Bonaerense. Finnen, retirado del servicio de inteligencia en 2001 y ahora jubilado, se siente un «perejil». Sospecha que terminará asumiendo un rol de chivo expiatorio que permitirá zafar de condenas a otros de los imputados. Entonces, sobre la base de una suerte de investigación/recopilación propia, y con una asombrosa precisión de lugares y personajes encendió (por ahora en baja velocidad) el ventilador.
Nada de lo que dijo en la última audiencia del juicio oral puede trascender, al menos por ahora. Pese a que Finnen tiene levantado el secreto que prevé la Ley de Inteligencia desde hace largo rato, los jueces del Tribunal Oral Federal número dos dispusieron que su declaración permaneciera en reserva. El abogado Alejandro Rúa, por la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa; los fiscales Leonardo Filippini y Miguel Yivoff, e incluso la Unidad AMIA que depende del Poder Ejecutivo y encabeza el radical Mario Cimadevilla, coincidieron en que la declaración debe conocerse. «No sólo los querellantes merecemos saber la verdad sobre AMIA. La sociedad toda tiene el derecho de saber qué pasó, por qué no hay justicia», expresó Memoria Activa a través de las redes sociales.
El artículo 16 de la Ley de Inteligencia Nacional establece el carácter secreto de todo lo relacionado con «el interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores». Y especifica que «la clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos se mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la Justicia en el marco de una causa determinada».
En rigor, la declaración de Finnen no pone en riesgo la seguridad de la Nación a futuro. Más bien la desnuda en cuanto a imprevisión, negligencia, impericia, malicia, complicidad y encubrimiento hacia el pasado. En septiembre de 2015, el ex agente de inteligencia había declarado que desde Brasil habían llegado al menos dos alertas sobre la posibilidad de un atentado contra un objetivo judío. Ese dato reapareció en la última declaración, pero con agregados sobre el caso omiso a aquellos avisos por parte de los organismos de inteligencia.
En aquella antigua declaración también había explicado que desde el gobierno de Carlos Menem se había desalentado la investigación sobre la denominada «pista siria». Ahora, Finnen abundó en detalles: quiénes, cómo, por órdenes de quién.
Acaso sintiéndose acorralado por la acusación en su contra, el ex agente de inteligencia se ofreció al tribunal como un eslabón menor en una cadena de omisiones que posibilitaron la concreción del atentado, primero, y evitaron el descubrimiento de la verdad, después. Finnen ingresó a la SIDE en 1974 y durante el menemismo fue uno de los referentes de la denominada «Sala Patria», un subconjunto de la central de inteligencia sobre la cual el Poder Judicial hace recaer todos los desaguisados de la causa AMIA. El ex agente de inteligencia, rozando por momentos la autoincriminación, describió (incluso aceptando preguntas de las partes) quiénes contribuyeron a la impunidad. En el relato aparecieron el ex titular de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy, pero también el ex agente Antonio Stiuso. «
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