Amnesty y el Cels destacan la obligación del Estado para esclarecer la muerte del joven artesano

La organización de Derechos Humanos, Amnistía internacional sacó un comunicado a dos años de la desaparición de Santiago Maldonado reclamándole al Estado su obligación de esclarecer los hechos que llevaron a su muerte y de sancionar a los responsables. El CELS, por su parte, recordó este segundo aniversario reclama que se reabran las investigaciones de la represión del 1° de agosto de 2017 en la comunidad mapuche Cushamen y se examinen las escuchas telefónicas a los familiares de Santiago.

Amnistía destaca la responsabilidad del Estado de esclarecer las causas que llevaron a su muerte e investigar las presuntas responsabilidades de las autoridades: “La decisión de la justicia argentina de cerrar la causa y con ello la investigación contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.

Luego de recorrer brevemente los hechos de ese 1 de agosto fatal con la represión de Gendarmería, la organización internacional de Derechos Humanos recuerda que “el 29 de noviembre de 2018, el juez federal argentino (Gustavo Lleral) cerró y archivó la causa que investiga la muerte y desaparición de Santiago Maldonado. De acuerdo con la resolución, Santiago «[…] murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo’.”

Amnistía subraya que “resulta inadmisible que para la justicia argentina nadie sea responsable por la muerte de Santiago Maldonado. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte. Para Amnistía internacional, desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en la Argentina”.

EL CELS, por su parte, destaca el “contexto de un operativo violento e ilegal de represión de una protesta”, y que “la investigación del accionar de Gendarmería fue clausurada y todos los funcionarios desligados de responsabilidad”. Al mismo tiempo da cuenta que “otra investigación judicial debía indagar las escuchas a les familiares de Santiago, realizadas mientras él estaba desaparecido y luego filtradas a medios de comunicación de alcance nacional, lo que provocó una exposición ilegal, y carente de ética, de sus conversaciones privadas. Dos instancias judiciales consideraron que nada malo había en esa cadena de decisiones”.

A su vez repasa las causas que continúan abiertas “desde febrero, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tiene en sus manos decidir si la investigación de la represión en la comunidad mapuche de la Pu Lof debe reabrirse. La Corte Suprema debe por su parte tomar una definición sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas, en un contexto en el que la falta de control de las escuchas se ha tornado un problema más que evidente”.

Respecto del accionar del Poder Ejecutivo, el CELS apunta que este “profundizó su discurso de endurecimiento de la respuesta estatal a las protestas sociales y de justificación del uso indiscriminado de la fuerza. Sus declaraciones, su reivindicación corporativa del accionar de las fuerzas, el aval de las autoridades a prácticas policiales violentas son el trasfondo de lo que le pasó a Santiago. El accionar del Ministerio de Seguridad en los meses en los que Santiago estuvo desaparecido tampoco fue investigado: el ocultamiento de datos relevantes para la causa, las operaciones con información falta y tergiversada, el maltrato a las víctimas”.

A dos años de su desaparición en el contexto de la represión ilegal llevada a cabo por Gendarmería, la familia de Santiago Maldonado llama a toda la ciudadanía a acompañarlos en su reclamo en Plaza de Mayo a las 17 hs.