Amplio respaldo y pedido de informes en las legislaturas

El ataque a Tiempo Argentino repercutió en los ámbitos legislativos de las distintas jurisdicciones del Estado. Mientras que en la Cámara de Diputados de la Nación se multiplicaron los proyectos de declaración de repudio, ambas cámaras de la Legislatura bonaerense condenaron los hechos, y la Legislatura porteña elevó un pedido de informes al Ejecutivo que encabeza Horacio Rodríguez Larreta para que dé explicaciones del accionar policial y de la fiscal.
Un día después del ataque, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, Remo Carlotto, invitó al plenario legislativo al director periodístico de Tiempo Argentino, Gustavo Cirelli y al secretario de la cooperativa Randy Stagnaro, para que relaten cómo fue la ocupación del edificio.
Los proyectos presentados en Diputados son tres, y sus autores son Carlotto, de Peronismo para la Victoria (PPV), y Myriam Bregman y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda (FIT). Entre todos recolectaron las firmas de Victoria Donda de Libres del Sur, Felipe Solá , Facundo Moyano y Julio Raffo del Frente Renovador, Gabriela Estévez, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Seminara del FpV, Araceli Ferreyra (PPV), Alcira Argumedo de Proyecto Sur, Pablo López del FIT, Mario Barletta de Cambiemos, entre otros.
Carlotto ya había requerido la presencia del empresario Sergio Bartolomé Szpolski, responsable del vaciamiento del Grupo 23, a mediados de mayo, luego de que los trabajadores de Radio América, Tiempo Argentino y El Argentino Zona Norte concurrieran a la comisión para denunciar la falta de pago de haberes desde diciembre de 2015.
En el ámbito de la ciudad, distrito donde sucedió el ataque, los legisladores Grabiel Fucks, Paula Penacca y Patricio del Corro unificaron sus pedidos de informe ante el Ministerio de Seguridad porteño que dirige Martín Ocampo para que dé cuenta del accionar de la Policía Federal de la Ciudad.
El ministro deberá responder en 30 días “si existió requerimiento por parte de la fiscal (Verónica) Andrade hacia la fuerza pública para intervenir”. También se inquirió por “las acciones llevadas a cabo por el personal policial para evitar la destrucción del patrimonio de la empresa, desocupar el inmueble de los agresores, y permitir el ingreso de los trabajadores”. El pedido de informe fue aprobado el jueves por la Legislatura al igual que el proyecto de repudio al ataque, que fue motorizado por el FpV.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados la declaración que condenó “el ataque a la libertad de expresión” y pidieron “un pronto esclarecimiento de los hechos”. A su vez, declararon “su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que fueron objeto de esta agresión, que afecta sus fuentes de trabajo y sus derechos para el ejercicio de su profesión”. El proyecto surgió de la iniciativa del diputado Lauro Grande, del FpV, quien estuvo junto a los trabajadores la madrugada del ataque.
A su vez, la Cámara de Senadores bonaerense aprobó el miércoles a instancias del bloque del FpV una declaración de repudio a los hechos ocurridos “cuando una patota de hombres encapuchados y encabezados por Juan Mariano Martínez Rojas, quien dice ser dueño de la empresa, irrumpió en las instalaciones del periódico, actualmente explotado por sus trabajadores y trabajadoras bajo la figura de una cooperativa, destrozando el edificio, su mobiliario, equipamiento y pertenencias del personal, todo ello ante una inexplicable pasividad de las fuerzas de seguridad”.

Para la CNCT los dichos de Macri «son una provocación»

El brutal ataque a Tiempo –y en especial la declaración de Mauricio Macri, que tildó de “usurpadores” a los trabajadores– puso en alerta a cooperativas y recuperadas, que lo consideraron una amenaza lanzada hacia todo el movimiento autogestivo. “Las palabras de Macri sobre los trabajadores de Tiempo Argentino nos parecen una provocación al conjunto de las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, que ya están viviendo una dura situación por el tarifazo y la suspensión de políticas públicas”, expresó Christian Miño (foto), presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).
El dirigente puntualizó que “nos parece muy grave que el presidente de nuestro país ponga en un mismo lugar el ataque de una patota, que entró al inmueble rompiendo todo y golpeando a los trabajadores, a la defensa que realizaron los compañeros de sus puestos de trabajo y la recuperación de un medio de comunicación”.
La CNCT, que agrupa a más de 30 federaciones de cooperativas de trabajo de todo el país, viene motorizando una convocatoria junto a otras organizaciones para concretar una masiva manifestación el próximo 20 de julio. Las consecuencias del tarifazo, el repudio a los intentos de desalojos violentos y la mora en la aplicación de programas públicos de fomento a las empresas autogestivas forman parte de los reclamos.