Ángeles Legisa: “Destruir Procrear es una fuerte señal de que no interesa promover política pública para la clase media trabajadora”

Desde el inicio del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, más conocido como PRO.CRE.AR, oficializado con el Decreto 902/2012 firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se entregaron más de 22 mil viviendas (y se construyeron más de 23 mil), más de 6500 lotes, más de 175 mil créditos para la construcción, 32 mil créditos para el mejoramiento habitacional y se generaron más de un millón de puestos de trabajos, lo que da un total de casi dos millones de personas beneficiadas.

“Destruir Procrear es una fuerte señal que no interesa promover ninguna política pública para la clase media trabajadora”, afirma Ángeles Legisa, ex directora nacional de Desarrollos Habitacionales, quien tuvo a su cargo la segunda etapa del Procrear entre el 2020 y el 2023. “Procrear –insiste– fue uno de los programas más virtuosos de la política de vivienda de este país a lo largo de toda su historia, llegando a más de 530 mil familias”.

El relanzamiento del Procrear en agosto de 2020 implicó un nuevo modelo de crédito en la Argentina en el que, a través del Coeficiente Casa Propia, se vinculó el derecho al trabajo con el derecho a la vivienda. “En esos años, entre proyectos urbanísticos ejecutados y entregados, se levantaron unos 100 barrios y unas 16 mil viviendas. En ese paquete estaba Sagol, con el agregado de que era el proyecto que estaba más cerca del final de obra, prácticamente estaba terminado, solo faltaba que Edesur coloque los medidores de luz. Por eso hicimos el sorteo faltando tan poco, queríamos que la gente que había ganado entrara con llave de inmediato”, describe Legisa. 

La ex funcionaria destaca que en los sorteos de Procrear había cupos de prioridad como puede ser el caso de veteranos o personas con discapacidad porque el objetivo era “acompañar en el acceso de la vivienda con ingresos accesibles”. Con las viviendas de Sagol se había contemplado que tuviesen preponderancia los inquilinos y los hogares monoparentales.

“En Sagol –continúa– se habían inscripto aproximadamente unas cinco mil familias. De esos inscriptos, el 87 por ciento contaba con ingresos de entre dos a cinco salarios mínimos. Si algo tenía este plan era que había un programa sostenible orientado a la clase media”.

Legisa destaca que, además de Sagol, había otros barrios en su etapa final de obras que no llegaron a sortearse y que nunca se adjudicaron. “Eran proyectos urbanísticos que estaban avanzados en un 80, 90 por ciento. Eso quiere decir que había otras viviendas para entregar a las fuerzas federales. Con un poco de inversión, todas esas obras quedaban listas, pero ni siquiera hicieron eso; este Gobierno no hizo ni el uno por ciento. Es una barbaridad porque el Estado había hecho una inversión muy grande para que más familias tuvieran su casa”.