Angola, la cárcel de Louisiana, otro ejemplo de que no caducó la esclavitud en Estados Unidos

La abolición de la esclavitud en los EE UU se estableció en 1863, tras una larga y sangrienta guerra civil. Sin embargo, miles de presos, en su mayoría afroamericanos, reviven hoy esa historia en cárceles donde cumplen condenas, sometidos a trabajos forzados sin paga, o con un estipendio miserable, en condiciones deplorables y al rayo de sol. Como en los tiempos del sufrido Tío Tom, autoridades estatales obligan a los reclusos a trabajar en granjas y haciendas en el marco de programas oficiales destinados a colaborar con la industria, un recurso que ha reportado millones de dólares en beneficios económicos a gigantes de la alimentación (ver aparte), según afirma una investigación de la agencia estadounidense AP.

Si bien existen en varias regiones, el caso más impactante es el de la Penitenciaría Estatal de Louisiana, conocida como Angola, en el estado sureño que gobierna el republicano y acérrimo trumpista, Jeff Landry. A principios de julio, el juez distrital Brian Jackson emitió una orden de restricción temporal para que el Departamento Correccional mejore las condiciones de trabajo en la hacienda de 7200 hectáreas que depende del penal de máxima seguridad más importante de EE UU.

No casualmente, se trata de una plantación muy antigua donde, en otras épocas, hombres, mujeres –aún embarazadas– y niños negros esclavizados eran obligados a trabajar de sol a sol. La diferencia con la actualidad es que son sólo hombres. Por lo demás, deben cosechar con azadas, pala o sus propias manos, sin descanso ni protección en una de las regiones más calurosas del país, con temperaturas que ya entrando en verano boreal, suelen superar los 35ºC.

En atención a la demanda que el año pasado presentó la organización de expresidiarios con base en New Orleans, Vote (sigla en inglés de Voz de la Experiencia), en representación de unos 150 prisioneros-trabajadores de Angola, el juez Jackson aseguró que los funcionarios estatales mostraron “deliberada indiferencia” ante los riesgos a la salud e incluso muerte de los prisioneros “enviándolos a los campos cuando algunos presentaban serios problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, hipertensión, y antecedentes de diabetes o Sida”. Vote sostiene que los trabajadores son custodiados por hombres armados y que si se rehúsan a continuar o no cumplen con la cuota de tarea exigida son enviados a confinamiento o reciben algún otro tipo de castigo. En el fallo de 78 páginas, el juez afirma que las condiciones en la plantación “crean un riesgo sustancial de daño o muerte”.

A pesar de haber rechazado y apelado la medida, las autoridades estatales se vieron obligadas a “revisar” su política de empleo de prisioneros, a quienes deberán entregar protección solar, generar espacios con sombra y permitir un descanso de  cinco minutos cada media hora en días de temperaturas extremas. Fue porque la Corte de Apelaciones del circuito quinto, del que depende Louisiana, convalidó la decisión de Jackson, que no obstante no exigió detener esa modalidad de trabajo.

El departamento correccional de Louisiana tiene en su organigrama la división “Empresas penitenciarias” que opera “un diverso grupo de industrias, agricultura y programas de servicios localizados en ocho establecimientos correccionales”, según destaca el sitio web del área. Estas “industrias correccionales”, dice la información oficial, “es una combinación única de negocios y gobierno que provee un servicio público”. Ofrecen “trabajos que enseñan a los reos habilidades valiosas como la ética laboral y el sentido de la responsabilidad, que son vitales para su eventual reingreso a la sociedad y la seguridad de las instituciones”.

Pero estas tareas y sobre todo las condiciones en las que se realizan, son consideradas como una nueva forma de esclavitud por abogados especialistas en derecho civil y legisladores que propusieron eliminar la 13ª enmienda de la Constitución, que admite trabajos forzados solo en convictos con condena firme.

Lydia Wright, de Iniciativa Promesa de Justicia, también patrocinante de los demandantes, aseguró que “la línea de trabajo en la plantación ha causado daños físicos y psicológicos por generaciones”. Tras conocer la decisión de la Corte, dijo que es la primera vez que la justicia considera estas prácticas como un “cruel e inusual” castigo. “Es un momento increíble para los encarcelados y sus familias”, celebró.  «