Ante un tribunal acusado de copiarse resoluciones comienza la audiencia por otra causa contra Milagro Sala

De no mediar ninguna novedad, esta tarde comenzará en Jujuy otro de los juicios que desde la llega al gobierno de Gerardo Morales se le abrieron a Milagro Sala, a pesar de la recusación planteada por los defensores de la líder de la organización Tupac Amaru. El juicio es conocido como de los «Pibes Villeros» en que se la acusa de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. El recurso, a su vez, es contra la magistrada que presidirá el tribunal, Alejandra Tolaba, porque consideran que no está a la altura del proceso ya que reprobó los dos concursos para integrar esa corte y además porque copió textualmente un escrito en el que rechazaron una medida planteada por los letrados de la dirigente social de otro juez.

Según cuenta el portal elsubmarinojujuy.com, la magistrada tiene competencia en lo correccional y «solo se encontraba ‘habilitada’ para intervenir en la causa Pibes Villeros, en la que tomó el rol de Presidenta». Por tal razón los abogados de Sala entienden que no era la jueza natural para el caso. Por otro lado, resulta patente que «desaprobó todos los exámenes para el cargo en el que ‘interinamente’ se encontraba cumpliendo funciones», lo que «da cuenta de que no reúne la idoneidad o competencia requerida para el cargo.”

“Nosotros somos los principales interesados en que se lleven adelante estos juicios. Desde la acusación dictaminada por el ministerio hasta el rechazo de la totalidad de la prueba, estamos en presencia de un proceso que tiene su sentencia dictada. Hemos presenciado durante este años y medio la verdadera intención del Poder Ejecutivo, en connivencia con el Poder Judicial, de engañar a la opinión pública y a los organismos que han venido a presentarse”.

Otra de las razones es que el tribunal a cargo de Tolaba solo habilitó 15 de los 57 testigos presentados por la defensa de Milagro Sala. Y para peor, que fundamentaron la denegatoria en un argumento que copiaron de manera textual, sin referencia de cita alguna, los votos de otros magistrados en diferentes causas: puntualmente del juez Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación Penal, en la causa conocida como “Acro” y que no tiene relación alguna con la que comenzará a debatirse desde las 14.30 de hoy en San Salvador de Jujuy.

“Este escándalo jurídico impide que sean estas magistradas las que dicten una sentencia judicial, que puede implicar una condena penal. A los temores de Milagro Sala sobre la independencia del poder judicial, se suma el de ser juzgada por tres magistradas que para rechazar los agravios violatorios a sus garantías constitucionales, copian y pegan párrafos de otras resoluciones, haciéndolos propios”, indicaron.

El juicio de los “Pibes Villeros” está a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, integrado por María Alejandra Tolaba -en su carácter de presidenta de trámite habilitada-, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir, quien también figura como habilitada. En esa misma situación judicial se encuentra el fiscal acusador, Diego Cussel, quien elevó a juicio un expediente de más de 200 páginas.

Allí aparecen imputados Pedro Raúl Noro, esposo de Sala, Mabel Balconte (ex diputada provincial); Marcia Ivone Sagardía (ex concejal); Javier Nieva; María Graciela López; María Sandra Condori, Adriana Noemí Condori, entre otros.

Según la acusación, la dirigente de la Tupac dirigió, organizó y ordenó el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a esa organización social, «mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas».

La imputación prosigue que considerando que «la defraudación fue perpetrada en perjuicio de la administración pública provincial, pues el erario público, se vio disminuido y no se pudo llevar a cabo en su integridad el programa “Mejor Vivir II”, debido a que la organización de recursos suscitada por Milagro Ángela Sala y acordada con los integrantes de la Asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que superaban los 60 millones (60.352.790,80 millones de pesos)».