Antes de quedarse con una licitación, los socios de Central Puerto aportaron a la campaña PRO

Las empresas de generación y distribución eléctrica fueron el sector de mayor crecimiento desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Nicolás Caputo, «el hermano de la vida» del presidente, puede dar testimonio: las acciones de Central Puerto, una de sus empresas, aumentaron cinco veces su valor desde octubre de 2015. Central Puerto es una de las grandes jugadoras de generación energética y el 25 de septiembre de 2017 se quedó con 406 Megavatios de los 506 Megavatios licitados por el Ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren. La compañía se comprometió a entregar durante 15 años esa potencia energética «a precios superiores a los de la media mundial», según publicó el sitio LPO.

Entre el 25 de septiembre, fecha en que se adjudicó la licitación, y el 29 de septiembre, las acciones de la compañía aumentaron un 25% su valor. La empresa había cerrado uno de los mejores negocios de su historia.

Entre el 8 de agosto y el 10 de octubre de 2017, accionistas de la empresa y sus familiares aportaron 2.095.000 pesos a la campaña de Cambiemos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

La más generosa fue María Luisa Miguens quien el 4 de octubre donó 895 mil pesos para la batalla bonaerense que a la postre tuvo como vencedor a Esteban Bullrich. Su hermano, Carlos José Miguens, fue menos generoso y colaboró con 440 mil pesos, al igual que su esposa Cayetana Robirosa. De los 880 mil pesos aportados por la pareja Miguens-Robirosa 500 mil llegaron a las arcas del PRO entre el 26 y el 28 de septiembre, días después de ganar la licitación energética y de la disparada de sus acciones.

Cristina Teresa Miguens fue una de las más humildes de la familia y tan sólo donó 100 mil pesos para la campaña. Ella y María Luisa Miguens fueron dos de las accionistas de Central Puerto que se desprendieron de sus papeles poco antes de que la empresa saliera a cotizar a la Bolsa de Nueva York.

Los aportes a título personal de dueños de empresas no son algo nuevo en la política argentina. La ley habilita a las personas pero prohíbe que las compañías donen dinero a los partidos políticos en tiempos de campaña. Sin embargo permite las «colaboraciones» empresarias para fortalecer «la vida interna» de los espacios.

Desde el oficialismo pugnan para modificar la normativa y permitir que las empresas puedan aportar directamente a las campañas. «Nosotros hacemos lo que nos parece que hay que hacer, mientras que los demás fingen. Los partidos tradicionales simulan una realidad que no existe», admitió el jefe de asesores del presidente, José Torello, al diario La Nación en 2015 cuando se conoció que las principales contratistas del estado porteño habían financiado la campaña presidencial del PRO.

Sobre el caso de los Miguens Bemberg, Marcelo Giullitti, miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), prefirió ser cauteloso. «Si bien puede sospecharse de un conflicto de interés porque es un aportante que fue beneficiado en una licitación pública, hay ciertos requisitos legales que se ven cumplidos», aclaró. Giullitti se mostró crítico frente a la posibilidad de permitir aportes empresarios, algo que tendría «un efecto de cancha inclinada» para los partidos políticos. «Las fuerzas más afines a las empresas van a tener ventajas sobre los que no lo sean por su orientación política», explicó.

«Existen posibles conflictos de interés frente a los aportes. Se espera que las empresas tengan un criterio económico de querer recuperar su inversión. Y los gobernantes pueden llegar a estar condicionados por las aportantes. Son dos peligros graves», agregó Giullitti, abogado del programa fortalecimiento de las instituciones democráticas de ACIJ. «