El Ejecutivo nacional concederá un adelanto financiero a doce provincias, según el Decreto 219/2026. La medida, firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, deja fuera a la mayor parte de los distritos gobernados por el peronismo, el radicalismo y otras fuerzas opositoras.

Las provincias que recibirán el anticipo son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Con la excepción de La Rioja y Tierra del Fuego, el beneficio no incluyó a las provincias gobernadas por el peronismo con distintos niveles de oposición a la gestión nacional (como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Formosa y Santiago del Estero). De la misma forma, tampoco a aquellos distritos encabezados por gobiernos radicales (Santa Fe y Jujuy), ni a los de Juntos por el Cambio (San Juan, San Luis y Entre Ríos), ni a Neuquén, cuyo gobernador pertenece al Movimiento Popular Neuquino, una fuerza regional.
El Boletín Oficial facultó a la Secretaría de Hacienda a disponer la cancelación de los anticipos con más los intereses calculados sobre una Tasa Fija Nominal Anual del 15%, mediante la afectación de la participación de las provincias beneficiarias en el régimen de coparticipación de la Ley N° 23.548. La misma secretaría podrá disponer las condiciones de desembolso, formas de cancelación y suscribir acuerdos con cada jurisdicción, estableciendo que los gobiernos provinciales deberán afectar su participación en recursos coparticipables hasta el monto anticipado más intereses y autorizar retenciones automáticas.
De esta forma, el Ejecutivo nacional concentra la decisión sobre el reparto de fondos adicionales en un contexto de ajuste, beneficiando exclusivamente a los distritos alineados con la fuerza nacional y dejando afuera a la mayoría de las provincias gobernadas por la oposición, pese a que el decreto justifica la medida en criterios técnicos de repago. El anticipo, que suma 400.000 millones de pesos, se convierte así en una herramienta de discriminación territorial que profundiza las asimetrías políticas en el federalismo fiscal argentino.
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