Apelan la falta de mérito a empresarios acusados por delitos de lesa humanidad

La fiscalía federal de Tucumán apeló la falta de mérito que favoreció a cuatro empresarios acusados de complicidad con la dictadura militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores del Ingenio La Fronterita. El juez tucumano Daniel Bejas había beneficiado a los directivos de esa empresa en el marco de una causa que investiga los secuestros, torturas y desapariciones de 68 personas cometidas entre 1975 y 1978.

El fiscal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, apeló la sentencia de Bejas que interrumpió la investigación a cuatro directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera ubicada cerca de Famaillá, en la provincia de Tucumán, y que fue uno de los epicentros de las luchas azucareras en las décadas del ‘60 y ‘70.  

Para el fiscal la decisión de Bejas fue “arbitraria”. Según detalló, advirtieron que para tomar su decisión el juez realizó valoraciones parciales y fragmentadas, aseguró que no tuvo en cuenta prueba presentada por el ministerio público y que  incorporó prueba que no estaba en el expediente ni fue analizada por las partes.

La causa comenzó en abril del año pasado cuando Camuña le solicitó a Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios –en el camino uno murió y otro está en el exterior y no está en condiciones de enfrentar un proceso- que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos de 68 personas.

Las víctimas son trabajadores de la empresa azucarera, mayoritariamente trabajadores del surco o cañeros, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa que estaban ubicadas dentro de sus terrenos. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en un centro que funcionó en el predio de la empresa antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.

Una de los principales puntos que discute la apelación es el argumento del juez que igualaría víctimas con victimarios: “Dice el fallo que ‘el miedo no reconoce clases sociales ni posiciones económicas’, lo que permite igualar la situación de poderosos empresarios/patrones a la de obreros del surco”, explicó Camuña. Y aclaró que esa frase ilumina la tónica general de esta sentencia.

Como contrapartida, la fiscalía sostiene que la empresa tuvo “conocimiento inmediato” de lo que estaba pasando y que prestó colaboración. “Hay tres casos de secuestros que ocurrieron dentro de la planta de la empresa y otros fueron secuestrados en las colonias de trabajadores que estaban en terrenos de La Fronterita”, explicó Camuña.  Además señaló que la azucarera realizó aportes concretos como vehículos.

Los hechos investigados tienen amplia coincidencia con otras causas que investigaron complicidad empresaria, como la causa Ford que terminó con la condena de dos gerentes y la de Ledesma, que culminó con el sobreseimiento de Pedro Blaquier y Alberto Lemos.

En el caso de La Fronterita los objetivos de la empresa coincidieron con los de las Fuerzas Armadas: el Ejército a partir del Operativo Independencia apuntó al gremio  al que buscaron domesticar para anular al PRT ERP, con desarrollo en la zona. Los empresarios buscaban el mismo objetivo para mecanizar la producción, flexibilizar el trabajo y reducir a más de la mitad la mano de obra.

En el expediente hay incorporados estudios en lo que consta que finalizada la dictadura, La Fronterita obtuvo enormes ganancias: se desprendió del 60% de los trabajadores, en su mayoría del surco, incrementó la producción un 30% y adquirió otro ingenio con refinería, el Bella Vista.    

Para la fiscalía la falta de mérito es un sobreseimiento “encubierto” porque no hay señales en el fallo de Bejas que orienten la falta de pruebas. Además que el paso del tiempo beneficia a los imputados con la promesa de impunidad biológica, ya que se trata de octogenarios.